Paysandú, Miércoles 17 de Noviembre de 2010

Brincadeiras Políticas

Nacionales | 10 Nov Lifting político
El próximo presidente del Frente Amplio deberá tener “don de mando”, “carácter” y ser alguien que “no divida”, aseguró la senadora Lucía Topolansky. “Hay que rejuvenecer también la cara del Frente Amplio, lo más joven que podamos dentro de lo que es Uruguay, que es un país de viejos”, dijo a “Participando”, publicación del Movimiento de Participación Popular.
Según la legisladora del Espacio 609, la desmovilización actual en la militancia frenteamplista responde a que la coalición de izquierda “se quedó sin causas”. “Cuando en los comités había que juntar firmas por el voto verde, por las empresas públicas y las distintas iniciativas, había un motivo que nos llevaba a la calle. Cuando llegamos al gobierno el tema de los plebiscitos quedó out. Lo único fue lo del voto rosado, que no se alcanzaban las firmas hasta que no se implicó el Frente Amplio, que es el único que puede recoger firmas en este país. Lo demostró en la cancha”, agregó.
Convencer a los opositores
Siguiendo con el Frente Amplio, la Mesa Política y la bancada de senadores del oficialismo decidieron que se seguirá adelante con el proyecto de ley que declara inaplicable la Ley de Caducidad y encomendaron al presidente del partido, Jorge Brovetto, que convenza a los senadores oficialistas que se oponen a la iniciativa. Según “El Observador”, se valoró como “muy peligroso” para el Frente Amplio que se quiebre la unidad política y de acción de la izquierda, lo que ocurriría si los senadores Jorge Saravia, Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro no dan sus votos al proyecto. La Mesa Política recibió un informe de la presidencia frenteamplista en el que se considera que Saravia está en una posición más intransigente, y que Nin y Fernández Huidobro se mostraron más abiertos a consideran una salida al conflicto interno.
Enfrentamiento por menores
El Partido Nacional promueve la convocatoria a una Asamblea General del Poder Legislativo el próximo miércoles para tratar el tema de la seguridad. El diputado herrerista Luis Lacalle Pou dijo a “Últimas Noticias” que “hay coincidencias” dentro del sistema político, animando a intentar entendimientos sobre temas referidos a la minoridad infractora y para aprobar iniciativas que contaron con el apoyo de 130.000 firmas en 2007.
La creación del Instituto Nacional de Rehabilitación también confrontó a blancos y oficialistas. El senador Jorge Larrañaga hizo “un fuerte planteo” por la creación del instituto al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dentro de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. El líder de Alianza Nacional dijo al matutino capitalino que el ministro sostuvo “que había voluntad para analizarlo en una comisión bicameral”. “Nosotros trasladamos la integralidad del tema, que es el proyecto de ley del Partido Nacional”, añadió Larrañaga.
Pero la senadora emepepista Lucía Topolansky salió al cruce de Larrañaga, planteando que estaba fuera de tema y que la creación del instituto debía ser tratada cuando concurran las autoridades del INAU. Larrañaga fue respaldado por los nacionalistas Luis Alberto Heber y Francisco Gallinal.
“¿Para qué queremos más comisiones?”, preguntó Heber en referencia a la respuesta de Bonomi y reclamó que el ministro debe comenzar a ejecutar ni bien se aprueben las previsiones presupuestales.
“Un error”
Al salir de la comisión parlamentaria, Bonomi indicó que las previsiones presupuestales permiten pasos como el cambio de nombre de Sistema Nacional de Cárceles por el de Instituto Nacional de Rehabilitación. Aseguró que los contenidos del proyecto serán redactados por una comisión bicameral con presencia de representantes de la secretaría. En cuanto a la recolección de firmas del Partido Colorado para la rebaja de la edad de imputabilidad, Bonomi consideró “un error” la modificación del límite. “El problema es que los institutos que deberían contener a los menores no pudieron hacerlo. De lo que se trata no es de bajarles la imputabilidad, porque a los menores se les puede privar de la libertad entre los 13 y 18 años”, dijo.
Cruzada pública
Los sectores que integran Espacio 609 están molestos por la actitud de los anestesistas y por eso emprenderán una especie de cruzada pública para denunciar a los que rechazaron trabajar en los hospitales públicos. El diputado emepepista Gonzalo De Toro dijo a “El Observador” que estos médicos tienen un comportamiento “mercantilista condenable”.
“Hay un interés privado por frenar el desarrollo de ASSE, en el que están los anestesistas, que no vamos a permitir”, dijo. El MPP emitirá una declaración y recorrerá el país denunciando la actitud de los médicos. Representantes del sector político se reunieron con el presidente de ASSE, Mario Córdoba, cuya gestión respaldaron y en particular los cambios de dirección de los hospitales públicos.


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