Paysandú, Viernes 19 de Noviembre de 2010
Opinion | 19 Nov En la década de 1990 una huelga de la Administración Central, en la que los trabajadores con título universitario reclamaban un aumento salarial, terminó en un acuerdo por el que se rebajó el horario de trabajo. Así, aunque se les paga por seis horas, solamente cumplen cuatro, de modo que cada hora resulta mejor remunerada. Esto, con el paso de los años, pasó a ser considerado “derecho adquirido”. Hasta que la Administración Mujica llegó para exigir que se trabaje la cantidad de horas por las cuales han sido contratados.
COFE y los funcionarios afectados llevaron de inmediato el caso a la Justicia que acaba de desestimar la acción de amparo que aquellos promovieron y dio la razón al Poder Ejecutivo, en la medida que éste solo pretende hacer que los funcionarios trabajen las horas por las cuales reciben salario. Además, se brindan herramientas eficaces a los jefes inmediatos para aplicar sanciones sin necesidad de recurrir al sumario administrativo.
La Confederación de Organizaciones de Empleados del Estado (COFE), consciente que transformar esto en un conflicto destruiría aun más la imagen del empleado público, ya de por si disminuida, ha decidido no hacerlo y en cambio presiona al gobierno con lanzar una andanada de juicios de reparación, aduciendo que hay reglamentaciones internas en los organismos donde trabajan que no les permiten cumplir seis horas.
No obstante, esta es una batalla perdida por los funcionarios profesionales involucrados y una batalla ganada para la sociedad. Los trabajadores públicos deben comprender que antes que cualquier otra cosa son trabajadores y que en ese sentido deben cumplir con las exigencias del empleador, especialmente en lo relativo a una reorganización horaria pensando en el principal interesado, el público, ni más ni menos que el verdadero “patrón” de esos empleados. Y si de justicia se trata, este mismo “patrón” es el que no sabe de privilegios y sufre cada peso que se le extrae de sus bolsillos, para pagarle el sueldo de funcionario público a quienes ni siquiera trabajan un mínimo de seis horas. Es bueno luchar por nuestros derechos, pero esencial es cumplir con nuestros deberes.
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