Opinion | 13 Nov En la últimas horas la Justicia dispuso la internación en el INAU de un menor de 17 años apodado el “Nico”, quien el domingo mató en el barrio Casavalle de Montevideo a un taxista, a quien le disparó dos balazos en la cabeza y tres en el pecho.
No estamos ante un hecho que sea una excepción en el país cuando se habla de un menor “infractor” --como se estipula en nuestro código del menor-- aunque se trata de asesinos a sangre fría y de la peor especie. Este menor se había fugado recientemente del INAU sin mucho esfuerzo, pese a que cuenta con varios antecedentes penales graves, entre ellos la muerte de un joven el año pasado por ajuste de cuentas. Fue detenido, la Justicia dispuso que se le internara, se fugó y el mes pasado mató de un balazo en la cabeza a otro muchacho de veinte años.
Resulta obvio que estando en la calle escapado un “infractor” de estas características, era cuestión de horas o días para que apareciera una nueva víctima fatal de sus andanzas, desde que había sobradas muestras de que la vida del prójimo para él vale menos que un paquete de cigarrillos.
Sin embargo, cuando estuvo internado en sucesivas oportunidades en una dependencia del INAU --que se supone lo menos que debe hacer es contenerlo mientras se encara la rehabilitación--, no hubo mayor celo de los funcionarios, de las autoridades y del Estado en sí por cumplir con estos cometidos, por lo que es una manifestación de hipocresía, por decir lo menos, que autoridades responsables de este estado de cosas se rasguen las vestiduras y expresen su pesar por muertes que se hubieran evitado si el asesino no hubiera estado libre en la calle.
En este caso ni por asomo estamos ante un menor que protagonizó un hecho aislado y ocurrió una muerte como derivación de un episodio delictivo menor, sino que prácticamente se trata de un asesino serial, que tiene al homicidio como un modus operandi para obtener sus propósitos y sin embargo ni siquiera se lo tiene encerrado unos días para evitar que se pierdan nuevas vidas inocentes a las que pone fin si de una u otra forma considera que se interponen en su camino.
Es decir que estamos en el reino de la hipocresía, donde hay muchas responsabilidades con cuota parte para que se registren dramas como el que acaba de ocurrir, esta vez en el barrio Casavalle, pero también como se da una y otra vez a lo largo y ancho del país. Como en Paysandú, hace poco más de un mes, cuando otro tristemente célebre infractor, el “Maikol”, provocó la muerte de Romina Severo, porque una legislación absurda, y un sistema en el que se suman omisiones genera condiciones para que estemos dos por tres lamentando dramas y pérdidas irreparables para la sociedad.
Urge reformar un código absurdo en el que el menor delincuente es sobreprotegido, se le borran los antecedentes una vez cumple los 18 años, como ocurrirá con el “Nico” y el “Maikol”, que podrían salir “limpios” a la calle cuando alcancen la mayoría de edad, pero es imperioso también borrar de un plumazo la nefasta acción del INAU --que no contiene, no rehabilita ni reeduca-- mediante la creación de otro organismo al que se le dote de infraestructura, recursos humanos y materiales para hacer lo que se debe hacer, empezando por recluir a los menores que tienen a la sociedad como un coto impune de caza sin que se les haga responsables por acciones que cualquier adolescente de 15 o 16 años sabe que no debe hacer.
Lamentablemente, el gran omiso en este escenario es el gobierno nacional, que ha priorizado la acción social como supuesto preventivo para que se den estos insucesos, en lo que aparece en teoría como el colmo de la ingenuidad, pero que es ni más ni menos que anteponer la ideología para disfrazar una realidad que no se va a cambiar con voluntarismos, eslóganes ni banderas político electorales,sino con una acción sostenida y realista, a partir de un diagnóstico que todos ya hemos más o menos formulado ante lo que percibimos todos los días.
Y las acciones que hay que adoptar requieren no solo sentido común, que hasta ahora ha estado ausente, sino la voluntad política para reconocer que se estaba en la senda equivocada y que con medias tintas y apostando a que den resultados políticas sociales --que en el mejor de los casos van a demandar no menos de veinte años-- no se va a llegar a ningún lado. Que la sociedad requiere soluciones ya, para no seguir azotada por los delincuentes que se burlan de la Policía, de la Justicia, de los ciudadanos y hasta de los propios dirigentes que tratan de “mis chicos” a consumados delincuentes que no vacilarían en descerrajarles un balazo en la cabeza si se cruzan con ellos, hasta “por las dudas”.