Opinion | 15 Nov Durante el acto de conmemoración del Día de la Industria, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimermann, anunció que el gobierno reducirá los aportes patronales de las industrias que presenten proyectos de inversión, sin importar su tamaño, en tanto aclaró esta medida será temporal, pero por un período que no especificó. A la vez, el secretario de Estado expuso ante integrantes de la Cámara de Industrias que su cartera está trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de instrumentar esta disposición, que tiene entre sus objetivos mejorar la competitividad de la industria local frente a la extranjera.
En la oportunidad Kreimermann también adelantó que se elevará de 4 a 8 por ciento la tasa de IRAE que pagan los importadores de bienes de consumo, con vistas a evitar la competencia desleal y que no haya “desequilibrios” con las industrias locales, en tanto paralelamente se rebajará el plazo para la devolución de impuestos a las industrias en dos meses de los doce que implica actualmente.
En este encuentro de autoridades de gobierno con empresarios, faltaron igualmente aportes que importan a los empresarios, como la rebaja de algunas tarifas de servicios que permita atacar el problema en la competitividad, sobre todo en el caso de un sector como el de la industria, que aporta valor agregado al producto final, lo que significa empleo de mano de obra capacitada.
Estos anuncios no figuraron en el orden del día de los representantes del gobierno, que parecieron no estar en sintonía con reclamos de los empresarios, sobre los que el titular de la Cámara, Diego Balestra, dijo que en cuanto a la rentabilidad del sector “el monitoreo que realizamos nos permite afirmar que se encuentran en niveles históricamente bajos, motivado básicamente por el alza en los cosos del sector”. Además, existe de por medio un endeudamiento de la industria estimado en no menos de 1.500 millones de dólares, lo que significa un condicionamiento para el desarrollo del sector y la propia reinversión que promueve el gobierno.
La rebaja de los aportes patronales es un incentivo --mejor dicho, la reducción de un obstáculo-- que es considerado de recibo por los industriales, pero está muy lejos de significar la respuesta que debe esperarse si se está hablando en serio de promover el desarrollo industrial, así como la creación de fuentes de trabajo, ya que el gran problema para mejorar la dinámica de la industria es el peso del Estado y el gran costo que aplica a través de servicios monopólicos, cargas sociales e impuestos, a la vez de presentar un sensible déficit en materia de infraestructura y servicios de logística, pese a los avances de los últimos años.
En realidad, cuando se habla de pérdida de competitividad, la traducción del problema es que estamos exportando costos internos desalineados con los que se aplican en otros orígenes, donde el Estado es eficiente y no se tropieza con doble tributación y exportación de impuestos, a lo que se agrega en los últimos tiempos una conflictividad sindical que preocupa tanto a empresarios como al gobierno.
Para colmo de males, el “viento en la camiseta” que traía el presidente José Mujica en cuanto a promover la reforma del Estado tantas veces postergada, como fue el caso de la “madre de todas las reformas” que prometió pero nunca aplicó Tabaré Vázquez, ha quedado solo en anuncios que se han ido diluyendo, en tanto el presupuesto quinquenal en estudio en el Parlamento es una clara muestra de que se sigue en las “medias tintas” sin avanzar significativamente, para por lo menos lograr que la burocracia y la ineficiencia no sigan corroyendo la rentabilidad de los sectores productivos.
No escapa a esta problemática, y así lo manifestaron los empresarios, el estado de alarma que vive la industria automotriz, donde hay un grupo del ramo que está preocupado porque la productividad de los trabajadores no alcanza los estándares proyectados, y ya anunciaron que si no hay un cambio sustancial están dispuestos a dejar el país. Estamos ante un problema de capacitación, pero no pueden obviarse los aspectos culturales, la idiosincrasia y el perfil de los sindicatos --sobre todo los estatales-- donde productividad es una mala palabra, y se pretende ignorar una realidad que es factor fundamental en todo el mundo, como es el hecho de que la mano de obra debe ir en apoyo de la competitividad, en defensa de la propia fuente de trabajo, en lugar de ser sinónimo de explotación, como pretenden hacer creer muchos dirigentes sindicales.