Paysandú, Martes 23 de Noviembre de 2010
Locales | 23 Nov Dentro de un panorama de conflictos gremiales que en este momento existe que no es exagerado calificar como verdadero caos para la colectividad, también está planteado actualmente un conflicto entre varias entidades que agrupan a los profesionales médicos y el Ministerio de Salud Pública, con relación a las llamadas “Cajas de Auxilio”, que existen en diversos organismos, destinadas a complementar servicios de salud sin cargo para el Estado, que de acuerdo con las normas de la nueva ley que creó el “Servicio Nacional Integrado de Salud”, está previsto que a partir del 1º de enero de 2011, se incorporen a tal servicio estatal. Se debe compartir plenamente que tal incorporación al barrer, como está previsto en la ley precitada, no es pertinente, sino que es en esencia, como muchas soluciones en ella insertas, una decisión poco menos que autoritaria, y por ello improcedente, lo cual torna fundada la reclamación por una solución razonable, que no solo contemple las finalidades positivas de las Cajas, sino que paralelamente se ajuste al criterio que aconseja que las grandes reformas no es lógico que se impongan sin tener presente que, en general, requieren un lapso razonable para entrar progresivamente en vigor, algo que al parecer el Poder Ejecutivo ha finalmente comprendido según ha trascendido.
Pero, sin perjuicio de considerar que la posición de las entidades que pugnan por el mantenimiento de las referidas Cajas de Auxilio es totalmente razonable, una vez más se entiende que el apoyo de la reclamación mediante la afectación de los servicios de salud es equivocada. Tal como con anterioridad se ha expresado en esta columna, toda función tiene deberes, responsabilidades y padrones para su ejercicio que, normal y naturalmente, se deben acompasar a su naturaleza, a sus particulares responsabilidades, y también a los derechos indiscutibles de quienes son los destinatarios naturales de sus servicios.
Al respecto, con importante acopio de fundamentos, ha sostenido la Unión Mundial de los Profesionales Liberales (UMPL) que los servicios de los profesionales universitarios se deben considerar especiales, no equiparables a los servicios mercantiles comunes, por exigir exigente formación del más alto nivel universitario, por tener sus funciones reguladas con exigencias de la más alta responsabilidad, y por exigir el cumplimiento de los más altos niveles éticos, conceptos a los cuales adhirieron nuestros profesionales universitarios a través del documento emitido por la Agrupación Universitaria que recogió al respecto, muy precisa y pública declaración.
Como también se expresó en esta columna, tales conceptos determinan que sin perjuicio del alto respeto siempre dispensado a los profesionales médicos, formado especialmente a través de años de compartir actividades en el campo gremial, y también al integrar la Comisión Nacional de Ética Médica hacia 1983/84, se entiende que es deber señalar que las medidas que se traducen en no prestar sus servicios profesionales, no se compadecen con las tareas y responsabilidades que en su calidad de profesionales universitarios competen a los profesionales médicos, aun cuando se destinen a pugnar por mejorar el nivel de eficacia de sus tan importantes servicios.
Es en función de los fundamentos precedentes que se considera deber inexcusable hacer públicos nuevamente los conceptos insertos en el presente comentario, los cuales son un llamado a la reflexión, que se tiene la seguridad que se ha de comprender que de ninguna manera pretende rozar el altísimo concepto que le merece el cuerpo médico nacional. Es, que tal como muchas veces lo he expresado con sinceridad, si así pienso no sería leal que lo callara.
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