Opinion | 19 Nov La reforma de la seguridad social instituida en 1996, sin ser perfecta ni mucho menos, fue una respuesta que dio el sistema político a una situación de creciente deterioro de las finanzas del Banco de Previsión Social, que en el mediano plazo seguramente llevarían a una inviabilidad y por ende estaba en riesgo de colapsar, en perjuicio de los entonces actuales y los futuros pasivos.
Se trataba de un régimen denominado de solidaridad intergeneracional que fue voluntarista y desacompasado de la realidad, además de ser objeto de manejos políticos que lo fueron desfinanciando y por ende dándole un perfil cada vez más complicado.
Desde entonces, recurrentemente, sectores sindicales, algunos actores políticos de la izquierda –cada vez menos, sobre todo desde que el Frente Amplio asumió el gobierno-- pretenden descalificar el sistema y erradicar lisa y llanamente a las AFAP, creadas en esa reforma constitucional, sin tener en cuenta los profundos perjuicios que surgirían de romper con el esquema de cuenta de ahorro individual que permite que cada trabajador destine a su cuenta individual los aportes que luego le permitirán cobrar una jubilación basada en el producto de su esfuerzo.
El Dr. Rodolfo Saldain, quien integró el Directorio del Banco de Previsión Social desde 1985 a 1989 y lo presidió entre 1990 y 1993, expresó a la revista Economía y Mercado del diario El País, ante nuevos planteos de funcionarios del propio BPS y del Pit Cnt, que “la reforma lleva ya más de quince años de existencia y ha logrado sortear con marcado éxito dos instancias de crisis, como lo fueron las de los años 2003 y 2008-2009. En estas dos oportunidades el valor del fondo que administran las AFAP cayó notablemente como consecuencia de la caída de la cotización de la deuda pública uruguaya, pero el sistema logró rápidamente recuperar lo perdido y retomar el crecimiento. Este hecho demuestra que el sistema tiene virtudes en su diseño que le permiten sortear con éxito este tipo de situaciones, de las cuales seguramente el país no estará exento en el futuro”.
A su juicio, “en este contexto, eliminar las AFAP es un planteo de carácter puramente dogmático, que integra el contenido ideológico de un sector importante en la vida política y sindical nacional”. Precisamente este predicamento se basa en repetir consignas y eslóganes que se agitan de vez en cuando en determinados ámbitos, respondiendo a intereses sectoriales, y lo que es peor aún, el propio presidente del BPS, Ernesto Murro, ha reafirmado su posición adversa a las AFAP, contrariamente a la postura de la Administración Vázquez y del propio presidente José Mujica.
En nuestro sistema “solidario”, sobre todo en coyunturas de crisis, con descenso de la actividad y la muy baja relación activo-pasivo, los aportes de los trabajadores para financiar las prestaciones a los pasivos, ante el desfasaje en el tiempo de la recaudación, resultaban cada vez más insuficientes y se necesitaban crecientes partidas de Rentas Generales, con los recursos de todos los uruguayos, para sostener un sistema que igualmente estaba condenado a llegar a una crisis profunda que arrastraría a todo el país de no incorporarse las administradoras de fondos, como se hizo en 1996.
La reforma, entre otros aspectos, incorporó al sistema previsional a las Administradoras de Ahorros Previsionales (AFAP), es decir una cuenta bancaria en la que el trabajador deposita sus aportes a efectos de capitalizarlos, obtener interés y contar con un retiro seguro, por lo que su suerte está atada a la rentabilidad de estas administradoras, que al final de su vida activa le devuelven sus aportes para un mejor pasar. Los fondos de las AFAP son por lo tanto a la vez una fuente posible de recursos para volcarlos a la inversión que resulte en la mayor ventaja posible para sus dueños, los trabajadores. Acaso es el sistema más justo por cuanto al final de su vida activa cada trabajador cobrará en función de lo que verdaderamente aportó, con la seguridad de que su plata estará todos los meses sin riesgo de haberse descapitalizado por manejos políticos de algún gobierno durante ese período.
Por supuesto, el contar con estos fondos para reciclar riqueza sería la mejor inversión posible para los propios trabajadores, desde que al propiciar fuentes de trabajo se asegura o por lo menos se minimiza la posibilidad de que el trabajador quede por el camino, sin empleo y pierda sus depósitos, a la vez de asegurar una mayor rentabilidad para su dinero a través de ganancias adicionales.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo promovió un proyecto de ley modificatorio de los topes y para aliviar la rigidez de la tramitación de inversiones, que son dos aspectos limitantes para el manejo de los capitales acumulados en las AFAP. Por supuesto, de lo que se trata es de minimizar el riesgo para los beneficiarios, pero con el suficiente sentido común para embarcarse en financiar proyectos que signifiquen un reaseguro de las fuentes de trabajo, que muchas veces no cuentan con apoyo financiero para apostar a emprendimientos de proyección muy beneficiosa para la actividad económica. Y por ende que los recursos no se vuelquen específicamente al sector financiero y puedan destinarse a financiar la inversión, que es precisamente una apuesta al mentado país productivo.