Locales | 20 Nov De “sorprendente” calificó el diputado Miguel Otegui la respuesta recibida ante un pedido de informes formulado en el mes de setiembre al Ministerio de Salud Pública, a efectos de conocer de qué manera esa secretaría de Estado lleva adelante el control de aquellos establecimientos destinados a salvaguardar la integridad de las personas adultas mayores.
El legislador nacionalista dijo a EL TELEGRAFO que el ministro Ec. Daniel Olesker le indicó que en el Departamento de Paysandú existen en la actualidad 28 establecimientos, ninguno habilitado, en tanto dos son hogares sin fines de lucro que reciben aportes del BPS y del INDA.
A la vez once están en trámite de habilitación, en un plan de seguimiento, dado que aún no han podido ajustarse a los indicadores mínimos para la habilitación, según la normativa vigente, agrega la comunicación.
El resto se encuentra en plan de vigilancia, pero no cumplen con los indicadores mínimos para la habilitación ni tienen la posibilidad de llegar a ellos. Se permite su funcionamiento en vista que no constituyen un riesgo sanitario inminente, aunque sí uno potencial, se indica en la respuesta.
El ministro aclara asimismo que “no se toman medidas de cierre por la falta de disponibilidad de alojamientos suficientes para la totalidad de los ancianos. Los establecimientos en plan de seguimiento y/o vigilancia son inspeccionados periódicamente de acuerdo al riesgo sanitario en el que pudiesen estar y se pone el mayor énfasis en aquellos establecimientos en plan de vigilancia”, manifestó Otegui. Agrega además respecto al número de inspectores que realizan estas funciones en  el departamento de Paysandú, que en la actualidad lo hace un solo funcionario, que es apoyado según los requerimientos y la gravedad de la situación por un equipo de técnicos de Montevideo que en la actualidad se compone por seis personas.
En cuanto a los controles, éstos se realizan verificando el cumplimiento o no de los indicadores del proceso de atención sanitaria y de funcionamiento, de acuerdo a la reglamentación técnica vigente, precisó el ministerio. Da cuenta además que de constatarse irregularidades que pongan en riesgo sanitario inminente a los alojados o ante la reiteración de las deficiencias, se inicia un proceso de cese cautelar del establecimiento con posible cierre definitivo, pero estas acciones se ven con frecuencia dificultadas por la carencia de establecimientos con capacidad suficiente para alojar a todos aquellos ancianos que tienen que ser reubicados.
Estos en su gran mayoría son de bajos recursos económicos y no tienen un núcleo familiar continente, concluye la información aportada por el ministro Olesker al diputado Otegui, quien había recibido la inquietud de familiares de personas que se encuentran residiendo en establecimientos de este tipo.