Opinion | 21 Nov A ningún uruguayo más o menos bien informado de la realidad puede escapársele que el país vive una creciente conflictividad sindical, y esta manifestación que rompe los ojos se da precisamente cuando desde el gobierno se indica que estamos ante una persistente bonanza en la región y principalmente, en Uruguay. Lejos estamos de los años oscuros de principios de 2000, cuando la peor crisis económica en la historia de nuestro país dejó a un cuarto de la población activa desempleada y los ahorros de los uruguayos se esfumaron como por tragados por la tierra.
Paradójicamente, hoy los reclamos salariales y de mejores condiciones de trabajo no provienen de sectores de trabajadores realmente sumergidos, que existen y muchos dentro del propio Estado, y tampoco de los dependientes de empresas privadas que no gozan de inamovilidad, de trabajo light ni de ninguna exigencia de productividad como ocurre en el área estatal, sino de los funcionarios que tienen las mejores condiciones de trabajo, los mayores salarios --que pagamos todos los uruguayos, por supuesto-- y que hasta se dan el lujo de reclamar –y lo logran— que no se les descuenten los jornales no trabajados para hacer presión a favor de sus reclamos, para los que nunca hay declaración de esencialidad aunque lleguen al extremo de cortar la cadena de pagos de todo un país, como ocurrió con el clearing para el pago de cheques, y encima se tolera y hasta incita a que ocupen lugares de trabajo porque “forma parte” del derecho de huelga.
Es decir que el viejo dicho de “a panza llena, corazón contento” no se aplica ni por asomo en el mundo sindical, donde estamos asistiendo a lo que se denomina una “adeomización” –en relación al sindicato de los municipales de Montevideo--. Mientras, el gobierno que confundido en sus roles y arrastra el funesto antecedente de haber respaldado todos estos reclamos cuando era oposición, contra el gobierno de turno, porque aplicaban las mismas políticas “neoliberales” que en grandes ejes sigue el Frente Amplio en el poder.
Decimos “adeomización” porque el conflictivo gremio de municipales de Montevideo fue beneficiado ya por el primer gobierno del ex intendente Tabaré Vázquez con un desmesurado aumento de sueldos y una rebaja de la jornada laboral.
Estos beneficios se otorgaron sin exigir ninguna contrapartida, y además durante la administración del ex intendente Mariano Arana se firmó un convenio laboral que establecía aumentos sin condicionarlos a ningún factor, por lo que cuando sobrevino la crisis de 2002 y devastó las finanzas de la Intendencia de Montevideo, Arana no pagó los incrementos que debió pagar por el convenio, generando una deuda descomunal que debió hacer frente su sucesor Ricardo Ehrlich, naturalmente que a costo de los contribuyentes.
Esto no debiera preocuparnos mayormente en el Interior si todo quedase en Montevideo, pero precisamente el movimiento sindical ha tomado nota de cómo arrancar concesiones, aunque ellas sean, como siempre, con el dinero de todos los asalariados privados y empresarios que crean la riqueza, de los pasivos y otros grupos que sin embargo no gozan de las mismas prerrogativas, y dependen de emprendimientos de riesgo en los que el desempleo está a la vuelta de la esquina si el país es afectado por una recesión.
Mientras tanto, en las últimas horas el presidente José Mujica defendió la decisión de exigir una jornada de al menos seis horas de trabajo para los funcionarios públicos, que están en pie de guerra en su contra por ese motivo. Mujica dijo en su audición radial “Habla el presidente” que el gobierno recibió cerca de 5.000 reclamos administrativos en contra del decreto que comenzará a regir el 1º de diciembre. “Al parecer somos unos desalmados, al parecer vamos contra el multiempleo, nos están diciendo de todo por cometer el pecado de pretender que la gente trabaje seis horas”, indicó el presidente. “Mientras pugnamos desesperadamente para que se cumpla la ley de ocho horas para los trabajadores rurales, nos duele mucho que sobre todo una cantidad importante de señores universitarios (...) se niegan a trabajar seis horas”, acusó.
Afirmó que tiene que “defender el interés público” y que “el país no es infinito, los recursos del Estado son los que paga el pueblo”, con lo que todos estamos de acuerdo, por supuesto, pero a esta altura percibimos que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace en el ejercicio del gobierno. Y hasta ahora, pese a las arengas y a los razonamientos filosóficos que la enorme mayoría del país comparte, a la hora de las definiciones, los sindicatos más fuertes han sido contemplados en sus reclamos, porque el mensaje que reciben es que siempre sirve tirar más de la piola, por cuanto al final el gobierno va a ceder, encerrado en sus viejos compromisos y contradicciones, y lo que es peor aún, sin defender como debe los intereses de una ciudadanía que sigue expoliada, viendo como quienes menos trabajan se llevan la parte del león en los recursos a distribuir.