Opinion | 22 Nov Seguramente, como en ninguna otra área estratégica para nuestro país, resulta fundamental la eficiencia y la búsqueda del gasto racional en el aspecto energético, más si tenemos en cuenta que, a diferencia de otros países de la región, no contamos con disponibilidad de recursos naturales de difícil reposición o directamente irreemplazables, como es el caso de los combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo, el gas y el carbón.
Por tal razón, en nuestro país es vital cambiar la pisada respecto al rumbo que se ha seguido históricamente, ya que seguimos importando el cien por ciento del petróleo que consumimos y lo que es peor, igualmente seguimos malgastando recursos en el uso irracional de éste y otros energéticos, como si nos sobrara el dinero y fueran a durar para siempre.
Es inimaginable que el Uruguay tenga la capacidad de revertir este proceso de un día para otro, pero sí es fundamental consolidar las acciones, todavía muy imprecisas y dispersas, para sentar las bases que nos permitan hacer frente a este desafío con un perfil mucho más favorable que el que tenemos actualmente, pese a que –por ejemplo-- se han registrado en los últimos años algunos avances respecto al panorama de la década anterior.
A principios de este año el director nacional de Energía, Ing. Ramón Méndez, al evaluar las perspectivas energéticas del país, dijo que si el Uruguay se embarca en una política energética a largo plazo, basada en un consumo eficiente, para el año 2030 podría haber un ahorro cercano a los 9.500 millones de dólares en esta área. Esta apreciación surge de un informe sobre la evolución de la demanda energética y la creación de posibles escenarios en base al uso de fuentes renovables, elaborado considerando la forma en que se prevé evolucionarán determinadas variables socioeconómicas, en base a datos tomados de organismos como el Banco Central, la Dirección de Industria, el Instituto Nacional de Estadística y una serie de institutos internacionales.
Méndez también manifestó que para esta evaluación, además de las estimaciones de la evolución de la economía, se sumaron dos modelos energéticos, uno tendencial y otro alternativo, con el primero de ellos refiriendo a la continuidad de las políticas actuales, y el segundo respecto a la inclusión de posibles políticas de sustitución de fuentes energéticas y otras de eficiencia energética a largo plazo.
Otro aspecto del estudio comprende una encuesta en sectores industriales y residenciales de Montevideo, Interior y áreas rurales, con identificación de cada uno de los doscientos grupos relevados, qué tipo de energía utiliza, de qué fuentes la obtiene y cómo la transforma en energía útil. A su vez, el escenario alternativo a la tendencia actual que maneja la Dirección Nacional de Energía indica que se puede llegar a satisfacer la totalidad de la demanda de energía hasta el año 2030 utilizando mucho menos energía, con un consumo más eficiente y ahorrando cerca de 9.500 millones de dólares. Para ello consideró que se deberían sustituir equipos de calefacción, aislando mejor los conductos que llevan calor a las industrias, usando calderas más eficientes y obteniendo también más eficiencia en el transporte, mediante el uso del ferrocarril.
Estas proyecciones se han trazado sobre la realidad de un país en el que se han dado todavía pasos muy limitados en la reconversión de la matriz energética y la búsqueda de la eficiencia. Además, pese a inversiones de la ANP en el Litoral para reactivar el transporte fluvial, se sigue apostando al transporte carretero para el traslado de producción de grandes volúmenes y bajo valor relativo, con el consecuente y excesivo gasto de combustible por tonelada transportada, amén del deterioro de rutas y parque de tracción, con su demanda en mantenimiento y reemplazo. Del ferrocarril se habla mucho y se hace poco, pese a que la apuesta al tren es insoslayable, pero constituye un tema pendiente desde hace muchos años, al que el actual gobierno y también los anteriores continúan sin encontrarle definiciones, sobre todo porque para revertir el escenario del ferrocarril estatal se necesitan inversiones en red férrea e infraestructura, impensables sin el aporte privado. En su momento, cuando se estuvo cerca de poder hacerlo, y se requería la voluntad política para llevarlo adelante, la oposición sindical y motivaciones ideológicas de la propia conducción de AFE trabaron este proceso, que tampoco ha registrado avances durante la Administración Mujica. Seguimos arrastrando, en éste como en otros órdenes, la falta de políticas de Estado, que es preciso acordar con una ancha base de respaldo político, pero aventando moldes ideológicos perimidos en cuanto a la exclusividad del Estado, promoviendo asociaciones con privados y eventuales concesiones una vez se tengan tejidos los compromisos en torno a las reglas de juego para avanzar en el mediano y largo plazo en un área estratégica vital para el país. Ello incluye fundamentalmente la reconversión a energías renovables, con amplitud de criterios para incorporar privados a la generación de electricidad y biocombustibles, sin descuidar otras alternativas que deben complementarse con la búsqueda de la eficiencia en el consumo tanto doméstico como empresarial.