Opinion | 20 Nov Las contradicciones en el seno de la fuerza de gobierno respecto a la propuesta de la ley “interpretativa” de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado apuntan a que aparentemente nadie en el Poder Ejecutivo quiere aparecer como el padre de la criatura, ante la controversia que se ha suscitado, pero inequívocamente aparece el canciller Luis Almagro como quien presentó la iniciativa. Es claro que tal iniciativa solo pudo haberla presentado teniendo el aval de todo el Poder Ejecutivo, incluyendo el presidente José Mujica, aunque no hayan sido consultados específicamente todos los sectores del Frente Amplio, lo que cualquiera ha de suponer.
Y como precisamente eso fue lo que pasó, que se trató de una formulación hueca de consenso y promovida por grupos radicales que funcionan como aplanadora dentro de la coalición de izquierdas, con una representación política que supera abiertamente su respaldo electoral, al llegar a la instancia legislativa la propuesta tropezó con resistencias que en el caso de la Cámara de Diputados, fueron salvadas porque se aplicó nuevamente la tesis de la “mano de yeso”, es decir de legisladores que levantaron la mano solo por disciplina partidaria, aunque no estuvieran de acuerdo con la norma, y con algunos expresándose al respecto en forma explícita.
Pero cuando tras esta media sanción la norma fue elevada al Senado para la segunda instancia parlamentaria, las cosas cambiaron y los senadores oficialistas Rodolfo Nin Novoa, Eleuterio Fernández Huidobro y Jorge Saravia se opusieron a sancionarse aprobación por entender que no correspondía que la mayoría parlamentaria oficialista enmendara la plana a dos sucesivos pronunciamientos ciudadanos en plebiscitos en los que dejó firme la norma cuestionada.
Esta controversia en el gobierno, curiosamente, se suscita cuando estamos a pocos días de celebrar los 30 años del plebiscito del 30 de noviembre de 1980, cuando en medio de la convocatoria de la dictadura el pueblo dijo NO al intento de los militares de establecer por reforma constitucional una “democracia” tutelada por las Fuerzas Armadas.
El pueblo uruguayo lo rechazó y la dictadura respetó el pronunciamiento, al punto que comenzó a desarrollarse el proceso que desembocó con la salida institucional que tuvo su punto culminante en las elecciones de noviembre de 1984.
Empero, treinta años después subsisten grupos de presión que con rebuscados argumentos pretenden avasallar el pronunciamiento ciudadano expresado en sendos plebiscitos, y consideran incluso que en la última consulta, simultánea con las elecciones nacionales de 2009, la ciudadanía “no supo lo que votaba”, pese a que fue sistemáticamente bombardeada por la máquina propagandística que caracteriza a estos sectores.
A tal punto están las cosas revueltas en la fuerza de gobierno, que en las últimas horas el presidente José Mujica aseguró que resolvió acompañar lo que la mayoría del Frente Amplio impulsa en materia de anulación de la Ley de Caducidad, sin inmiscuirse en la discusión de fondo.
El mandatario desautoriza de esta manera las afirmaciones recientes de sus colaboradores más cercanos, asegurando que “son interpretaciones válidas o no, pero que no incluyen al presidente”. A través de una puntualización realizada en la página de Presidencia, Mujica relató que a la manifiesta y pública intención de anular la Ley de Caducidad, difundida por varias fuerzas que integran el Frente Amplio, y ante opiniones contradictorias de notorios juristas, como la del doctor José Korzeniak, el presidente de la República resolvió y comunicó oportunamente al presidente de la coalición de izquierda, Jorge Brovetto, “obedecer y acompañar las decisiones que la fuerza política adoptara por mayorías”, así como “no inmiscuirse en la decisión, por considerar que finalmente sería el Parlamento el que debía resolver”.
Agregó que “la razón básica era y es preservar la unidad y el apoyo al Gobierno, ante un tema conflictivo de clara responsabilidad parlamentaria”, lo que aparece como una forma de esquivar responsabilidades en forma elegante para no echar más leña a la hoguera, pero sin manifestarse abiertamente sobre la cuestión de fondo, sobre todo cuando afirma que “los aportes realizados por el canciller Luis Almagro en una comisión del Frente Amplio no fueron decisión del Gobierno, sino colaboración militante y personal del mismo” .
Nos quedamos sin embargo, como una postura que realmente está a tono con la importancia del episodio, con lo manifestado por el secretario de la Presidencia de la República Dr. Alberto Breccia, a Radio Francia Internacional, cuando expresó que “entendemos que el objetivo de eliminar la ley de Caducidad es muy importante, pero no tan importante como para que nosotros mismos estuviéramos infringiendo nuestro ordenamiento constitucional para eliminarla, ni tampoco, quizás, tan importante como para que estuviéramos pensando en pasar por sobre dos consultas populares”, porque por lo menos, contrariamente a lo que expresa el presidente, no antepone salvaguardar la unidad de la fuerza de gobierno por encima de toda otra cosa, como si no hubiera valores mucho más trascendentes en juego para el país en este tema.