Opinion | 27 Nov Horas después de un encuentro entre el presidente José Mujica y el líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga, la Asamblea General Legislativa logró un acuerdo prácticamente por unanimidad en torno a la creación de una comisión legislativa multipartidaria que se encargará de proponer proyectos que permitan establecer una respuesta legal al tema de la inseguridad generada por las acciones delictivas que protagonizan menores de edad, en un contexto de creciente agresividad e insanía.
En esta oportunidad el sistema político ha dado por lo menos una muestra de que es posible llegar a entendimientos si se desdibujan objetivos político electorales y se dejan de lado decisiones calculadas para obtener beneficios políticos, tanto por el oficialismo como por la oposición, para tener presente el bien común atacando los problemas que forman parte de la vida cotidiana.
La Asamblea General Legislativa, constituida por la Cámara de Diputados y el Senado, aprobó en esta instancia por 93 votos en 94, la propuesta del Partido Nacional --generada tras un acuerdo previo con los demás integrantes del espectro político--, la creación de una comisión bicameral de 15 miembros, a la que se ha dado un plazo de treinta días para acordar lineamientos sobre seguridad que puedan transformarse en leyes con un amplio consenso político.
Fundamentalmente se procurará estructurar con amplia base de apoyo un proyecto de ley que permita mantener los antecedentes de los menores infractores para consideración del juez y aumentar de cinco a diez años la pena máxima que se les pueda aplicar en delitos graves. La iniciativa también penalizará la coautoría y la tentativa de comisión de algunos delitos, en tanto contemplará asimismo la creación de un instituto de rehabilitación de adolescentes infractores, un reclamo que crece día a día justificadamente, teniendo en cuenta la inoperancia que ha puesto de relieve el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para contener y rehabilitar a los inimputables infractores. Larrañaga y Mujica se habían reunido el martes para tratar de dar sustento a líneas de acción concordantes en la materia y sobre todo poner énfasis en coincidencias entre oposición y oficialismo en determinados puntos centrales, que deberían pasar primero por generar un diagnóstico de la realidad en esta materia. A la vez desde hace varios días el diputado Luis Lacalle Pou estaba solicitando la convocatoria a la Asamblea General para llegar acuerdos sobre seguridad pública.
El encuentro entre Mujica y Larrañaga permitió recoger este planteo por el mandatario y ponerlo a consideración de la Asamblea General, con el apoyo también del Partido Colorado y el Partido Independiente, llegando por lo tanto a un consenso político que genera por lo menos en principio la ilusión de que los ciudadanos podamos por fin obtener respuestas a este flagelo.
Lamentablemente, este planteo había tropezado una y otra vez con la insensibilidad de sectores del gobierno y del propio Ministerio del Interior durante las gestiones de José Díaz y Daisy Tourné, que en cambio priorizaron la situación de los delincuentes y hasta en el primer caso promovieron un proyecto de ley que permitió la puesta en libertad de delincuentes que no habían cumplido toda su condena, con el argumento del hacinamiento de las cárceles.
La porfiada realidad ha demostrado una y otra vez que tales conceptos voluntaristas han sido delirantes y peor aún, expuesto a la población en general a un escenario de mayor indefensión ante delincuentes sin escrúpulos que están muy lejos de haber sido rehabilitados ni mucho menos y que por el contrario, se han perfeccionado en la senda del delito en la “universidad” de la cárcel.
Igualmente, hasta ahora la resistencia de la mayoría del gobierno a generar respuestas valederas para la grave problemática de la minoridad infractora ha sido el principal obstáculo, tanto en lo que refiere a reducir la edad de imputabilidad, como ahora se pretendería hacer a través de esta comisión, como a realmente contener y reeducar a los menores a través de un instituto diferente al INAU, el que ha resultado en un estrepitoso fracaso, desde que los menores se fugan a las pocas horas o minutos de haber sido “recluidos” sin que siquiera la Policía sea informada por el instituto de que los precoces delincuentes están nuevamente en la calle asolando a los ciudadanos indefensos.
Las coincidencias políticas, precipitadas a partir del encuentro Mujica-Larrañaga, dan pie por lo menos para abrir una cuota de moderado optimismo respecto a que hay señales de una mejor disposición en el oficialismo para buscarle la vuelta a esta problemática.