Opinion | 25 Nov Reaccionando a una verdadera avalancha de paros y movilizaciones sindicales, el presidente José Mujica prometió firmeza y advirtió que Uruguay corre el riesgo de “obturar un formidable proceso de crecimiento”. Esto sucede cuando la virulencia de los sindicatos del sector médico, la banca, la Aduana y el Poder Judicial, entre otros, da por terminada la Luna de miel con el Gobierno, a solo 9 meses de asumir.
En las últimas horas funcionarios judiciales ocuparon nada menos que la sede de la Suprema Corte de Justicia, en el centro de Montevideo, en reclamo de aumentos salariales, todo lo cual coincide con las últimas semanas de debate en el Parlamento del proyecto de Presupuesto. Los reclamos van desde mejoras salariales hasta protestas por los cambios en el sistema de salud o contra la anunciada reforma del Estado, en el caso de los funcionarios públicos.
Al respecto, Mujica dijo en su audición radial “Habla el presidente”, cortando camino, que “este clima de conflicto afecta el trabajo, afecta el clima de viabilidad del país, afecta el clima de inversión. Le estamos haciendo mal a esa imagen que hemos logrado construir entre todos de un país serio, previsible y viable. No estamos favoreciendo al país y corremos el riesgo de contribuir a obturar un formidable proceso de crecimiento que puede ser una de las antesalas del desarrollo”.
Estos aspectos son plenamente compartidos seguramente por la gran mayoría de los uruguayos, aún de aquellos sectores que tienen intereses creados en esta movilización, que además de componentes políticos –todos inherentes a las dispuestas internas en el Frente Amplio— conlleva reclamos salariales en momentos en que sigue en discusión la distribución de los recursos presupuestales.
Según el gobierno, el fuerte crecimiento, en el marco de la crisis económica mundial, es lo que incrementa las expectativas y la conflictividad, lo que es muy discutible, porque están en juegos estructuras corporativas que desde siempre han reclamado una mayor porción de los recursos, aún a costa de aumentar la pobreza de los menos favorecidos, aunque invoquen recurrentemente la solidaridad.
Pero estaríamos pecando de ingenuos si no percibiéramos, porque rompe los ojos, que hay sectores en el partido de gobierno que aún minoritarios están dirimiendo porciones de poder, y el escenario de disputa en este momento es la esfera sindical, que no solo es terreno de absoluto dominio del Frente Amplio, sino también de grupos de izquierda radicales que no integran esta fuerza política y que a través de esta lucha procuran volcar la balanza a su favor.
Esto no es nuevo pero sí se ha potenciado con las reformas instauradas por la Administración Vázquez y que son buque insignia de la propia izquierda, como los Consejos de Salarios y la Negociación Colectiva, formidables herramientas pero que aplicadas sin limitaciones crean el caldo de cultivo para lo que se está presentando en la actualidad. Estos derivaron en ámbitos de falsa negociación –por definición, ambas partes deben ceder en algo para llegar a un acuerdo-- donde además se ponen sobre la mesa cosas que nada tienen que ver con la relación de trabajo o los salarios, o directamente son inalcanzables. El juego es pedir siempre más, con la excusa del crecimiento del país, aunque el rubro que se “negocia” no vea reflejado ese crecimiento.
El problema es que los sindicatos –o algunos sindicalistas-- tienen ahora una fuerza desmedida en función de los trabajadores afiliados a los gremios, con el agravante que están en manos de quienes están dispuestos y tienen el tiempo y la determinación para hacer carrera desde la actividad gremial, que casualmente responden a una misma ideología extremista. Estos extremismos son precisamente los que impiden --y continuarán haciéndolo— llegar a puntos de conciliación, por cuanto el real fin que se persigue es un cambio radical del sistema en el cual los “trabajadores” (o sea, ellos) tengan el poder absoluto de gestión de las empresas y el país, algo que a través de las urnas jamás lograron.
Pero también es cierto que la propia intransigencia del gobierno actual y anterior obliga a algunos a tomar medidas extremas para procurar ponerle algún freno a las imposiciones del Ejecutivo. Éstos han hecho y deshecho las cosas a discreción sin tomar en cuenta justificación alguna que pudiera poner en tela de juicio las reformas que se han propuesto, aún cuando se les demuestra que van por el camino errado. Paradójicamente para ello han contado hasta hace poco con el respaldo incondicional de los mismos sindicatos que ahora ponen en jaque el crecimiento del país, y se han valido de la “mano de yeso” para sacar adelante cuanta ley y decreto se les ocurrió.
Es por todo esto que las declaraciones del director nacional de Trabajo, el ex dirigente sindical Luis Romero, suenan fantasiosas cuando reclama a los votantes del Frente para que salgan a defender al gobierno de Mujica, y vincula la ola de conflictos a “la oposición política (¿?), los grupos radicales de izquierda y los empresarios”.
Lamentablemente, con estas expresiones está demostrando que poco se ha aprendido de los errores cometidos y subestima el real problema. Durante el gobierno de Vázquez la justificación era que “los gremios no tienen experiencia”; ahora que la oposición es la que dirige a los gremios.
Lo peor de todo es que de continuar ignorando la realidad y haciendo la plancha sin corregir estos errores, lo único seguro es el fracaso de las reformas comenzadas en 2005, algo que ya muchos ven como un hecho, lo que significaría un retroceso en muchos aspectos.