Opinion | 28 Nov El Poder Ejecutivo elevó al Parlamento un proyecto de ley que pretende crear nuevas herramientas para que OSE y las intendencias municipales puedan dar cumplimiento en forma eficiente a la disposición constitucional que le impone al Estado la obligación del servicio público de saneamiento, para preservar a la población de los problemas que sufren otros países por la insuficiencia de un sistema correcto de disposición de las aguas servidas.
El proyecto refiere a la promoción de la conexión de obras de saneamiento con la finalidad de eliminar las formas de saneamiento individuales, que por uso incorrecto o falta de control constituyen focos potenciales de contaminación y riesgo sanitario, particularmente en áreas de alta densidad de población.
Según las autoridades, hay lugares del Interior donde existen redes de saneamiento con un muy bajo nivel de conexión, que en algunos casos asciende apenas al 15%, que implicaron en su momento un gran desembolso del Estado y no cumplen ninguno de los objetivos planteados al realizar la obra. El proyecto también prevé como delito la conexión irregular al saneamiento, como forma de castigar la conducta no solidaria y abusiva de quienes se aprovechan en forma clandestina de la infraestructura existente.
La ampliación del saneamiento a los barrios de una ciudad, en particular los de formación reciente, que muchas veces son muy poblados y pese a ello no cuentan con saneamiento, es una necesidad real puesto que la falta de este servicio no sólo genera problemas al medio ambiente sino numerosos contratiempos e inconvenientes a los propios vecinos, que deben gastar muchas veces sumas importantes en servicios de barométrica. Es una necesidad real y muchas veces postergada que requiere atención inmediata en nuestra ciudad y otras del país.
En consecuencia, la iniciativa del Poder Ejecutivo es atendible, necesaria y buena. Sin embargo, también el Estado está omiso en situaciones de importante compromiso ambiental.
Sin ir más lejos, aquí en Paysandú desde hace muchos años se viene reclamando la ejecución de la obra de la planta de tratamiento de OSE y por distintas causas aún no se ha concretado ni hay fecha probable de ello. En consecuencia, los desechos de la red de saneamiento de toda la ciudad son volcados directamente al río Uruguay generando un foco de contaminación que bien podría evitarse. Exigir la conexión al saneamiento, establecer plazos y multas para los vecinos y que luego el Estado siga tirando los desechos sin tratamiento alguno al más importante curso fluvial del país, que sigue siendo cloaca y bebedero al mismo tiempo, no es lógico ni admisible.