Opinion | 24 Nov En las últimas horas el Gobierno indicó que enviará un proyecto para mantener legajos de los menores infractores de alta peligrosidad cuando cumplan la mayoría de edad, como una forma de evitar que sujetos que han cometido delitos de sangre o de despiadada agresión contra el prójimo queden “limpios” a los 18 años, como establece la actual legislación.
Es así que de acuerdo a lo manifestado por el ministro del Interior Eduardo Bonomi, el gobierno propone “suspender” la aplicación de un artículo del Código de la Niñez que obliga a destruir los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años. El secretario de Estado dijo en el Consejo de Ministros del lunes que se enviará al Parlamento un proyecto de ley estableciendo una “suspensión” (sin fecha de finalización) del artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que obliga a destruir los antecedentes de los menores infractores al cumplir la mayoría de edad.
A su vez el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia, anunció oficialmente la intención del gobierno y sostuvo que “la medida ha sido respaldada por organismos como Ielsur, Serpaj y el Comité Interamericano de los Derechos del Niño de ONU”, pero ya aparecieron las primeras contradicciones, si tenemos en cuenta que Mauro Tomasino, coordinador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), dijo a El País que “el gobierno nunca tuvo ningún diálogo con nosotros” y desmintió las afirmaciones del secretario. “Estamos desconcertados; no sabemos de dónde sacó eso Breccia”, agregó.
Además puntualizó que, como corresponde al accionar tradicional de la Serpaj, ésta está “absolutamente en desacuerdo” con la iniciativa del gobierno.
En el caso del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) su presidente, Luis Pedernera, manifestó que “nuestra posición es la misma que la del Comité de Derechos del Niño, y está muy lejos de ir en la línea de reforzar los sistemas penales. No recibimos ninguna consulta ni hablamos de esto con el gobierno”.
Pero hay quienes hilan más fino, y desde la oposición se indicó que todo apunta a una “jugada” del gobierno para desactivar instancias parlamentarias a propósito de iniciativas en este ámbito, desde que se conoció el mismo día que el Partido Colorado iba a divulgar el texto de la propuesta de enmienda constitucional para bajar la edad de imputabilidad de menores infractores y para mantener los antecedentes penales a partir de los 16 años, mientras que en el caso del Partido Nacional, dirigentes de esta colectividad cívica señalaron que la semana pasada, a pedido del Frente Amplio, se postergó una sesión de la Asamblea General convocada a petición de Luis Lacalle Pou para analizar la situación de la minoridad infractora.
Más allá de entredichos políticos, de valores de juicio sobre intenciones, resulta muy satisfactorio que el gobierno dé señales de avanzar hacia una adecuación de las normas legales, aún yendo en contra de su postura filosófica histórica, que desde siempre fue más afín a la de organismos como Serpaj. Este tímido golpe de timón estaría demostrando una mayor sensibilidad hacia la ciudadanía por sobre los dictados de instituciones que priorizan aspectos ideológicos a la mismísima realidad, dado que a esta altura es evidente que a los 16 años un adolescente con varios años de historial delictivo es imposible considerarlo un “niño”.
No es de extrañar entonces que haya voces en el mismo Poder Judicial que consideren que la propuesta del gobierno es inaplicable. Al respecto el juez penal Ricardo Miguez afirmó a El País que “por ley, ningún menor tiene antecedentes penales. Se entiende que el menor es inimputable; es decir, que no tiene madurez para discriminar los perjuicios que causa su acción”, en consonancia con el argumento que manejábamos anteriormente, por ello, “no procede considerarlos para juzgar a un adulto”.
Miguez explicó que los antecedentes se toman en cuenta en los adultos “para evaluar su peligrosidad y a solo efecto de determinar si el procesamiento será con o sin prisión”.
“Sería distinto”, añadió, “si se decidiera bajar la edad de imputabilidad; en ese caso, sí valdría tener los antecedentes”. De hecho, es verdad que en cierta forma el sólo hecho de mantener el prontuario al cumplir la mayoría de edad poco aporta al proceso penal, porque igualmente no podría ser tenido en cuenta por el juez, como ya se expresó en más de una oportunidad, pero queda al menos la esperanza que frente a un delincuente contumaz éste, en conocimiento de sus antecedentes, disponga al menos la más dura sentencia a quien la ley considera “primario”.
Por otra parte, según se desprenden de las expresiones de Miguez lo que correspondería incorporar en un próximo avance, sería reducir la edad de imputabilidad, para que así lo que ahora se está invocando alcance la mayor efectividad. Al fin de cuentas, sería hora de revisar prioridades y apuntar a proteger a la población, al ciudadano indefenso, a quien ha debido rodearse de rejas y no salir a la calle para tratar de que no lo rapiñen, no lo agredan y hasta no lo asesinen “inimputables” que en la mayoría de los casos son irrecuperables.