Opinion | 24 Nov Con actividades de diversa índole, organizadas por instituciones oficiales y no gubernamentales, Paysandú adhiere al Día Mundial de la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas, un flagelo de carácter global, que golpea indistintamente en todos los estratos sociales. En esta oportunidad, la Intendencia apeló a la figura de la boxeadora Cecilia Comunales, quien consideró este tipo de violencia como “la más vergonzosa violación de los Derechos Humanos”.
La predisposición de las instituciones a recordar esta fecha y trabajar en pos de crear conciencia, resulta alentador, ya que demuestra un nivel de compromiso imprescindible para combatir un problema cuyas consecuencias pueden ser nefastas. Sin embargo, esta sensibilización también remite a lo poco que los gobiernos, a través de sus sistemas judiciales, han hecho por revertir esta situación, dado que la violencia contra mujeres y niñas –en todas sus expresiones-- continúa en franco aumento, traduciéndose en hechos que van desde lo cotidiano a lo trágico.
Si bien existen juzgados especializados y unidades policiales especialmente creados para responder ante casos que configuran delitos, es poco lo que se hace desde lo cultural y menos aún para erradicar prácticas que, admitidas culturalmente, configuran claras violaciones a los derechos de mujeres y niñas, como cuando una menor –mandatada por sus responsables-- debe hacerse cargo del hogar y de sus hermanos menores, en desmedro de las actividades propias de su edad, como el estudio y el esparcimiento.
Muchas situaciones supuestamente triviales pueden considerarse un atropello a los derechos, como diversas expresiones de humillación y más aún aquellas que directamente configuran delito, como el abuso sexual o cuando una menor es obligada a prostituirse. Es por esto que tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales deben seguir trabajando en favor de la creación de organismos especializados en el tema, pero fundamentalmente promoviendo modificaciones a nivel educativo, de modo tal de formar ciudadanos conscientes de sus derechos, capaces de detectar casos de abusos, denunciarlos y relacionarse eficazmente con las instituciones que pueden brindar asistencia. También es preciso formar más profesionales e introducir las reformas legales necesarias para que los casos de violencia tengan su justo castigo. Pero por sobre todo debe formarse ciudadanía, conciencia, noción clara de los derechos y sentido colectivo, para de este modo erradicar el “no te metas” y contribuir a una evolución cultural que propicie el nacimiento de sociedades avanzadas en toda la extensión del término. Solidarias y en condiciones de actuar en conjunto para proteger a sus componentes y, paulatinamente, erradicar este flagelo.