Opinion | 27 Nov En las últimas horas la jueza penal Graciela Eustachio ordenó el procesamiento de un funcionario de Conaprole que en abril de este año había sido despedido al comprobarse su vinculación con una maniobra mediante la cual en una planta se facturaban menos productos de los vendidos, generando de esa forma un beneficio económico para sí.
La magistrada le imputó al trabajador el delito de “apropiación indebida” y como sanción estableció que deberá cumplir con un régimen de prisión domiciliaria por el lapso de 60 días.
Este caso había cobrado notoriedad en su momento, desde que inicialmente el funcionario había sido despedido al detectarse por la empresa esta maniobra delictiva, pero el sindicato salió airadamente en defensa de su inescrupuloso compañero y planteó un conflicto para que fuera retomado en sus funciones. A raíz de esa medida sindical, que tuvo lugar a principios de junio, hubo un sustancial desabastecimiento de productos lácteos, así como también la empresa registró millonarias pérdidas por incumplimientos en exportaciones. Mientras tanto el gremio, inflexible, exigía dejar sin efecto el despido al considerar que no estaba probada la responsabilidad del trabajador en la maniobra --aunque existía un video de seguridad de la empresa que lo demostraba--, al tiempo que argumentaba que en los hechos era un acto de persecución sindical.
Además de los graves perjuicios ocasionados a la empresa, que actuó dentro de sus facultades y con plena lógica, el duro conflicto hizo que fuera necesaria la intervención del Ministerio de Trabajo, mediante lo cual se logró una salida en la que las partes estuvieron de acuerdo, que implicó que el trabajador fuera enviado al seguro de paro por cuatro meses. En setiembre la secretaría de Estado decidió ampliar ese plazo por otros tres meses. Es decir que por una medida insostenible del gremio el Estado terminó subsidiando al delincuente por siete meses, la empresa perdió millones de pesos en ventas y lo que es peor, cada vez pierde más espacio en el mercado, que a ojos vista está siendo captado por sus competidores.
El punto es que la cerrada defensa que hizo el sindicato de este trabajador indica que se han desvirtuado una vez más los papeles que debe tener un gremio, el que evidentemente no debería estar para defender cualquier cosa y menos aún con la dureza extrema en que lo planteó –no es la primera vez— sino realmente para defender los legítimos intereses de los trabajadores.
Al embarcarse en el apoyo a situaciones como éstas, lo que se logra es debilitar la posición de los trabajadores honestos que obviamente no desean ser metidos en una misma bolsa con quienes han abusado de la confianza de la empresa y de sus propios compañeros. Esta es solo una muestra más de la confusión de roles y el desborde en que incurren algunos dirigentes sindicales, que han recogido un mensaje mal enviado por el gobierno, que parece habilitar a un “vale todo” que no le sirve a nadie.