Opinion | 29 Nov De acuerdo con el estudio de una consultora, la necesidad del gobierno de financiar el déficit del Banco de Previsión Social (BPS), además de una contraprestación de seguridad social que no equivale a lo que se aporta, el exceso de trámites burocráticos y una baja educación son factores que fomentan la informalidad de las micro y pequeñas empresas en nuestro país, un problema de siempre en el Uruguay por una conjunción de factores que se han manifestado en los sucesivos gobiernos y coyunturas.
Según este trabajo que encargó la Dirección Nacional de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) del Ministerio de Industria, en el marco del programa Pacpymes, la informalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Uruguay es un fenómeno de carácter “estructural y constante”.
El diario El País da cuenta que la semana anterior el coordinador de la publicación “La Informalidad en las Mipymes de Uruguay. Análisis de los Costos de la Formalidad”, Carlos Scarone, presentó algunas conclusiones de su trabajo en las Jornadas de Investigación Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Udelar, y entre otros aspectos da cuenta de que en la medida que la mayoría de las empresas del país son micro o pequeñas “algunas presiones hacia la informalidad subsistirán, por lo menos en los años fundacionales de muchas de estas organizaciones” a futuro.
Otro elemento que impacta negativamente, de acuerdo a este relevamiento, es el hecho de que el sistema de seguridad social sea deficitario, desde que según la publicación, la sociedad percibe que -como se trata de un régimen que necesita del subsidio del Poder Ejecutivo- “no es autosuficiente e independiente” y depende de los “avatares propios de la política, pudiéndose cambiar las reglas de juego en cualquier momento”.
Agrega que el hecho de que existan “múltiples casos en los cuales el Banco de Previsión Social admite la prueba de la causal jubilatoria por la vía de testigos, es un antídoto para la formalidad de los trabajadores”. Para los autores lo “óptimo” sería un BPS “independiente” del poder político aunque son “escépticos” en que esto se pueda alcanzar en el mediano plazo.
Pero más allá de estas consideraciones, el contribuyente al régimen de seguridad social tiene la percepción dominante, prácticamente en todas las áreas y no solo en la de las Mipymes, que no recibe una contraprestación equivalente a lo que aporta y al “sacrificio” que le significa estar el día con sus obligaciones tributarias. Otra de las conclusiones a las que arribó la investigación es que una mayor educación de las personas aumenta el costo de “oportunidad de ser independiente” y, además “la informalidad se alimenta en alguna medida de la ignorancia”. Por ello, se sugiere apoyar la educación formal y capacitación de las Mipymes, en particular en el área de las Tecnologías de la Información y Conocimiento (TIC).
En tanto, una de las sugerencias de mayor importancia para atacar el fenómeno del informalismo es la simplificación, abreviación o directamente eliminación de trámites. Precisamente los informantes consultados por la investigación comentaron en forma reiterada “lo esquivo que resulta para la decisión” de formalizar el cumplir con un número significativo, “engorroso o caro” de trámites.
Sin dudas que a estos elementos deben agregarse otros como idiosincrasia muy atada a la “viveza criolla” en algunos casos, donde evadir no se considera como un delito sino como apenas un esquive a un Estado voraz que no devuelve en servicios y prestaciones lo que se aporta, fiscalizaciones que por lo general solo se dirigen a las empresas instaladas formalmente, y sin dudas, una actividad de cuentapropistas y pequeñas empresas que logran ingresos apenas en el límite, en el mejor de los casos, de sus necesidades básicas, y que por lo tanto viven al día y sin margen más o menos constante para estar en condiciones de efectuar un aporte regular para obtener una cobertura de seguridad social y tener acceso a una prestación de pasividad digna.
La investigación académica dice en este informe que una “excesiva regulación sometería a la organización o individuos desamparados a una situación peor, más dramática, en la medida que deberían hacer frente a costos que se les hace difícil de enfrentar y mantener”. Por ello sugiere como una solución razonable la implementación del monotributo por su bajo costo de legalización, y debería buscarse un camino intermedio entre la represión y la tolerancia extrema.
Precisamente una simplificación, universalización y reducción de la presión tributaria y cargas sociales para estos sectores sería una alternativa válida para empezar a revertir este esquema, que no favorece a nadie, y que se manifiesta sobre todo en el Interior , a lo que debería agregarse una campaña educativa que ilustre fehacientemente sobre las ventajas de la regularización de las empresas, atender las causas de la baja productividad del sector y promover normas de estímulo mediante exoneraciones parciales y progresivas para alcanzar la regularización sustentable de quienes desde hace años se encuentran atrapados en este esquema de hierro.