Opinion | 01 Dic En los últimos años se han multiplicado las transgresiones a la ley ante los ojos de todos. Se puede cortar una calle o una ruta, con tal de que haya un motivo de reclamo o de protesta. Y si se corta una ruta o se bloquea a un grupo de trabajadores, como el caso de camioneros en Dolores y otros puntos de la región, las fuerzas del orden, por alguna extraña razón, no actúan más que como espectadores de lujo.
Pero mucho más cerca, en la propia cotidianeidad, el comercio establecido no solamente debe luchar con un mercado pequeño, con los precios externos y con la competencia en el sector, sino con el comercio mal llamado informal. Los inspectores de la DGI, por ejemplo, acosarán al comercio, pero no a los informales. Y los restaurantes deberán cumplir con todas las normas (y está bien que así sea), pero al mismo tiempo cualquiera puede vender chorizos en un medio tanque sin ningún respeto a ninguna ordenanza.
Los fines de semana los vecinos de plaza Artigas son brutalmente trasladados a las puertas del infierno, mientras cientos de personas giran cual satélites atraídos por un planeta a su alrededor, sin objetivo alguno, gritando, con escape libre, entregados a una orgía de ruidos e irrespeto.
Las transgresiones a la Ordenanza de Tránsito son miles y cotidianas. Hay disparates tan enormes como conducir una moto llevando el casco en una mano, como si eso fuera lo que indica la ley, o haciendo equilibrio en una rueda mientras zigzaguendo entre el tráfico. Y, de nuevo, nada o muy poco se hace. Por falta de personal, de recursos, de lo que sea. No se hace, y eso es lo grave.
No es suficiente con querer o poder hacer algo para llevarlo a cabo. Se hace “a troche y moche” pero esta mal. Esta sociedad no se merece que se admitan actividades y actitudes socialmente destructivas. El cumplimiento de la ley y la preservación del orden público debe estar por encima de todos. Y pedido por todos. Pero por todos.