Opinion | 26 Nov “Se ha llegado ya al límite de lo admisible, debe pasarse raya”, alertó el director académico de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y social), Ernesto Talvi, al término de su exposición en una reunión para empresarios. A su juicio, varias medidas de la administración del Frente Amplio implican una “grosera violación al estado de derecho” en el país, pero también elogió el “responsable” manejo macroeconómico del gobierno y auguró cuatro o cinco años más de contexto económico favorable, siempre que no se produzca a nivel internacional una “ola de pánico financiero”.
El economista, quien formuló reflexiones sin componentes político-partidarios, señaló que es muy difícil disociar el análisis económico puro de los elementos del contexto político, y consideró que el gobierno de José Mujica no aprovecha la “ventanilla de oportunidades” más grande en varias décadas para llevar al país al desarrollo: es el gobierno “menos focalizado” desde el punto de vista estratégico desde el regreso a la democracia, no ha logrado frenar la “desigualdad”, no impulsa mejoras notorias a nivel educativo ni una política fiscal contracíclica para “ahorrar en tiempos de vacas gordas”. El economista planteó la necesidad de que el gobierno aplique una “regla fiscal a la chilena” y criticó que la administración de Mujica piense “gastar el 90% de lo que se recaudará”, lo que augura “dificultades en época de crisis”, un aspecto que hemos manejado en sucesivas oportunidades en esta página editorial y que conlleva en los hechos una “rifa” de la bonanza de que gozamos producto del favorable contexto internacional, para quedar nuevamente expuestos a que una crisis nos deje sin ningún tipo de blindaje y “espacio fiscal” para atenuar sus efectos, sobre todo mediante una política suicida de incorporar gastos fijos que no podrán modificarse cuando los recursos con que cuente el Estado no tengan la buena disponibilidad de hoy.
Incluso a juicio de Talvi, el gobierno ha adoptado una larga serie de medidas que debilitan la calidad de la democracia, además de tender a la concentración de poder, afectando las libertades individuales, las garantías y la privacidad de los contribuyentes.
Mencionó que existe un “conjunto de acciones y decisiones no coordinadas” de un gobierno que muestra una “tendencia preocupante al debilitamiento de las garantías y derechos ciudadanos”. Algunas de esas decisiones son el levantamiento del secreto bancario y el IRPF a los ahorros en el exterior, la ley de alcaldías, el desconocimiento a los pronunciamientos sobre la Ley de Caducidad, el poder sindical, la nueva agencia de control de universidades (solo para las privadas), la creación de coordinadores regionales, la “desmilitarización” de las Fuerza Armadas, la anunciada ley de medios, las presiones al Poder Judicial y hasta la figura del coordinador de Inteligencia del Estado, que es ejercida por un dirigente de confianza del ministro del ramo.
Las reflexiones del director de Ceres no deben tomarse a la ligera, sobre todo porque advierte que si esta tendencia sigue, mutaremos “de una democracia liberal a una democracia imperfecta, donde las garantías institucionales y derechos ciudadanos dejaron de ser el centro. Se ha llegado ya al límite de lo admisible, es aquí y ahora en donde debe pasarse la raya. No estamos solos en esta percepción, ni siquiera seremos los primeros en hablar del tema”, a la vez de señalar “la tendencia a interpretar el estado de derecho como obstáculos a remover si interfieren con las decisiones de gobierno”, e identificó una “peligrosa tendencia a concentrar el poder en funcionarios de confianza política del Ejecutivo o en corporaciones afines al gobierno, como los sindicatos”.
En todos los casos, cada acción fue basada en muy buenas intenciones procurando lo mejor para todos y sometida a debates públicos que le dan un supuesto halo de legitimidad, aunque en los hechos las voces disonantes siempre terminaron silenciadas por una mayoría activista dispuesta a participar masivamente en las asambleas. La educación, la ley de ordenamiento territorial y la de medios son buenos ejemplos en este sentido, donde la representatividad gremial y de partes interesadas superan ampliamente –como es obvio suponer— a las contrapartes de los verdaderos usuarios y las empresariales, inclinando indefectiblemente la balanza hacia un sector ideologizado –y alineado con el gobierno-- y limitando los derechos de la propiedad privada y la empresa.
Debe valorarse entonces la actitud del economista de poner estos temas sobre la mesa, en momentos en que hay una cancha “flechada” por una ola de corporativismo que en mayor o menor medida descalifica a todo aquel que no se alinee con sus políticas.Ocurre que lamentablemente situaciones similares se dan prácticamente en todas las áreas, en las que el común denominador es un avance del Estado sobre las libertades, posiblemente no como un plan premeditado pero como una consecuencia de posiciones filosóficas.