Locales | 28 Nov A primera lectura de la solicitada de fecha 17 de noviembre de 2010, sobre el problema de la inseguridad se aparece al lector la confusión en su autor, pues se acusa a la Bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de no vivir en este País y la realidad demuestra que los ahora adalides de la seguridad ciudadana fueron y son los causantes de la situación, la que se generó por años y años de política neoliberal. –
Recuérdese aquello de que hay que crecer y luego repartir, pero el reparto nunca llegó hasta que Tabaré Vázquez ingresó al Gobierno Nacional.-
En el artículo de marras se hace alusión al tratamiento del tema en la Junta mediante una moción que nada tiene que ver con la competencia del órgano, conteniendo criticas al gobierno nacional tan livianas que se descalifican por sí mismas, como que el Ministro es “tupamaro” y “ex presidiario”, algo muy precario como argumento para ser presentado a la ciudadanía, esa misma ciudadanía que eligió al Partido que integra el ahora ministro y ungió a José Mujica como legítimo Presidente de la República. En la época de los gobiernos blancos y colorados la represión de los delitos no fue uno de sus logros más destacados y menos aún la reformulación de las cárceles, ni el desempeño del INAU, de modo que para expresarse sobre lo que otro hace deben exhibirse las credenciales a la hora de señalar cómo era de bueno el sistema y cómo ahora se arruinó, con la multicitada “apertura” de las cárceles o con la tenencia de armas, argumentos que por repetidos no se transforman en verdades.
Es así que para muestra basta un botón, ya que en la década de los ´90 el Gobierno Nacional endureció la represión delictiva en Montevideo e inmediatamente los delincuentes pasaron a las ciudades dormitorio, tomaban el ómnibus, rapiñaban y volvían a su casa y de esa época son las multitudinarias asambleas en la ciudad de Santa Lucía, Canelones, de lo cual quien escribe puede dar fe, dado que en aquel momento era Juez de Paz de dicha jurisdicción.-
Pues bien, veamos la crítica que se realiza: ya que se señala que los resultados son desastrosos (ó sinónimos varios), afirmando que la población carcelaria aumento de dos mil a diez mil presos, de modo que por un lado se reconoce el aumento del número de presos, con lo que el escribiente debe reconocer a su vez la excelente acción de la Policía y sus resultados, ya que no aumenta el número de detenidos porque estos se presenten voluntariamente ante los jueces para ir presos, sino por el resultado de una política planificada y ejecutada a fin de descubrir delitos y especialmente con el cierre por centenares de bocas de venta de drogas.
Que sería del Uruguay de hoy si no se hubiese encarado una guerra frontal contra el narcotráfico, en cuyo devenir varios jerarcas fueron amenazados de muerte por las mafias involucradas, inclusive teniendo que ser trasladados a distintos puntos de la república, con paradero desconocido, por razones de seguridad. Eso no es gratuito. Eso se debe al daño que Uruguay le ha infringido al narcotráfico ya que toneladas y toneladas de veneno para los jóvenes fueron incautados y se impidió que el daño a la salud de compatriotas se consumara.
En otros términos, si se están llenando las cárceles, es porque la Policía está cumpliendo con la acción represiva que le indican la Constitución y las Leyes, lógico que ello no es un mérito, es el cumplimiento de su función, volcándose el argumento en contra del que lo alega, ya que justifica contrariamente a lo que se intenta demostrar.
El asunto de las armas, que mucha tela le da para cortar a algunos integrantes de la bancada del Partido Nacional, se resume lisa y llanamente en que el Ministro no tiene nada para decir sobre la tenencia de armas por la población y ello porque hoy existe un Decreto del Poder Ejecutivo sobre el punto, de modo que si hubiera necesidad de cambiarlo, así se haría, de lo contrario allí está regulado el tema, por lo que en el País nadie está obligado a tener un arma o a no tenerla, es decir: si cumple con el Orden Jurídico puede tenerla e inclusive puede hacer uso de ella, pero será responsable de las omisiones o excesos que cometa. Por último, véase que el solicitante del espacio omite destacar que en Paysandú la situación es opuesta a la tónica general que marca su relato y era oportuno que lo dejase así consignado, más que nada por honestidad intelectual, para usar argumentos “debe decirse todo”, no basta con lo que convenga al autor, se debe señalar lo bueno y lo malo, entonces, para marcar el aumento de los delitos debe mencionarse a la vez y como mínimo la disminución cuando ella existe. En cifras de diario El País de fecha 10 de noviembre de 2010 en el que se hace referencia a un “relevamiento realizado por El País en jefaturas del interior” se dice expresamente que “Según el relevamiento, en los Departamentos de Lavalleja, Paysandú y Maldonado disminuyeron tanto los delitos de rapiñas como los hurtos”.
En cuanto a pasar la versión taquigráfica de la sesión de la Junta a los familiares de Romina Severo, además de ser una idea desafortunada, se presenta cómo una acción insensible e inoportuna, pues significa agregar más dolor a la injusta muerte de una joven madre, esposa y mujer y sus deudos no merecen, sobre la desgracia, soportar además las ocurrencias de valoración política favorables para el opinante y que pueden ser contradichas por otros actores sociales y políticos.
Dr. Enrique Malel, C.I. 1.823.456-6