Opinion | 30 Nov Voceros del gobierno se han manifestado decididos a llevar adelante el proyecto de ley de asociaciones público-privadas, por el cual se procurará habilitar instrumentos para concretar alianzas entre el Estado y privados para captar capitales y sacar adelante grandes obras de infraestructura que no pueden costearse solo con recursos provenientes de los fondos estatales.
Desde hace un tiempo, inversores, empresarios, bancos y las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales) no han ocultado su interés en financiar proyectos de infraestructura, e incluso en el caso de los bancos, hay alianzas en proceso para mejorar su disponibilidad de capitales y poder financiar obras a largo plazo, en tanto empresas nacionales forman consorcios para posicionarse mejor ante compañías extranjeras de mayor porte con las que competirán.
El matutino El Observador, en el mismo sentido, da cuenta de que el Instituto Uruguay XXI elaboró una gacetilla que se entrega a los empresarios, donde se detallan las razones fundamentales que justifican invertir en el Uruguay. Menciona que nuestro país tiene la estabilidad política y social más alta de América Latina, atractivos regímenes de zonas francas, puertos y aeropuertos libres y exenciones fiscales.
De acuerdo a lo manifestado al citado diario por el director de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Rodrigo Goñi, tanto el Estado como los privados deberán comprometerse para que las alianzas sean exitosas, y consideró que los privados deberán proporcionarle al Estado un mayor valor por su dinero y asumir más riesgos, en tanto el Estado deberá “modernizarse y mejorar su forma de planificación, así como sus capacidades de diseño y fiscalización”, según afirmó.
A esta altura del tercer milenio seguramente pocos actores deberían dudar de la importancia de liberar recursos del Estado en cuanto a inversiones de este perfil, para volcarlos a las áreas en las que no puede prescindirse de los fondos públicos, sobre todo en una serie de aspectos de orden social y áreas estratégicas. De esta forma, con estos recursos que no saldrían del bolsillo de todos los uruguayos se mejoraría la infraestructura del país, con riesgos compartidos entre el Estado y los privados, así como reducir los costos de las obras acortando los tiempos de ejecución y mejorando la asignación de recursos, con inversión que no inflará la deuda pública.
Pero este círculo virtuoso para el país tiene como contrapartida la pérdida de la calidad de “funcionario público” para muchos trabajadores actuales y por venir, lo que genera lógicas resistencias por parte de algunos grupos enquistados en el Estado y otros que consideran que todo tiene que estar en manos del propio Estado, simplemente por un tema ideológico.
Ello explica que desde el gobierno del Frente Amplio, que cuando estaba en la oposición se opuso tenazmente a todo intento de asociación o “privatización” y hasta organizó plebiscitos con el frente sindical para derogar normas ya probadas con este fin, como el de la ley de empresas públicas y la de asociación de Ancap con privados, se aclare desde ya que se propondrán “concesiones” a largo plazo y a toda costa se evita mencionar la palabra “privatización”, para no herir susceptibilidades en el frente sindical. La ofensiva en favor de la reflotada ley de asociaciones será encarada una vez culmine el tratamiento de la instancia presupuestal en el Parlamento, apuntando a hacerlo una vez transcurra el pico de conflictividad característico de este período. El texto oficial del proyecto de ley fue entregado por los ministros Eduardo Brenta y el subsecretario de Economía Pedro Buonomo a una delegación del Pit Cnt, que no comprometió opinión pero se dedicará a estudiarlo con sus asesores.
Igualmente, ya el coordinador de la mesa sindical de entes comentó su opinión crítica de la iniciativa por considerar que da un “cheque en blanco” a los inversores y que además parece una “reforma del Estado encubierta”, que es otro tema tabú para el movimiento sindical dominado por los gremios de organismos y empresas del Estado.
El punto es que se avecina una dura resistencia de gremios y otros sectores que aspiran a dejar todo como está, porque son los grandes beneficiarios de esta situación que sin embargo conlleva grandes costos para los ciudadanos en ineficiencia y encarecimiento del país para las inversiones, que son la única apuesta genuina al crecimiento a través del desarrollo sustentable que tanto necesitamos.