Opinion | 04 Dic La administración que encabeza José Mujica, con errores y aciertos, ha desarrollado hasta ahora un camino distinto al de su antecesor Tabaré Vázquez, en lo que refiere al relacionamiento e interacción con la oposición, que en este caso pasa por tratar de generar un mayor espacio de respaldo a los actos de gobierno y a la elaboración de leyes, lo que ha sido puesto de relieve --por ejemplo-- a través de la integración de comisiones con representación de todos los partidos, a efectos de acordar líneas de trabajo en cuatro áreas consideradas prioritarias por la nueva administración.
Este paso de por sí fue muy significativo, al determinar que haya un enriquecimiento muy necesario en la perspectiva y elementos de juicio para la toma de decisiones de gobierno, sin cerrarlas a una concepción exclusivista, ya que nadie es dueño de la razón y los errores se cometen más allá de las buenas intenciones y objetivos que se tengan.
Una demostración cercana en el tiempo de esta disposición, se percibe en el controvertido proyecto de creación de los coordinadores regionales, que finalmente serán seis y no 19 como se había considerado inicialmente, lo que surgió a partir de una iniciativa del sector que encabeza el Dr. Jorge Larrañaga, y que permitió que fuera votado no solo por el oficialismo, sino que contara con respaldo extrapartidario.
Fue a la vez muy saludable que recientemente en la Asamblea General Legislativa, también a partir del entendimiento con el mismo sector del Partido Nacional, todos los partidos votaran, prácticamente por unanimidad, la creación de la denominada Comisión sobre Seguridad, que abordará el estudio de proyectos de ley tendientes a modificar normas perimidas respecto a la minoridad, incluyendo la creación de un instituto de contención y rehabilitación por fuera del INAU, para comenzar a atacar con otra eficacia la problemática de la minoridad infractora.
Es que como bien ha expresado el presidente, se aprende a gobernar todos los días y la realidad suele ser muy distinta a la idea “romántica” y voluntarista que se pone de manifiesto cuando se es oposición, sin otras responsabilidades.
De todas formas, más allá de los entendimientos puntuales, hay un aspecto que sigue pendiente y que debe dilucidarse para corregir prácticas muy negativas que se ponen de relieve en el trabajo parlamentario y que se traducen en leyes imperfectas, de muy mediocre calidad técnica, contradicciones y hasta inconstitucionalidades.
Es así que, como hemos indicado en más de una oportunidad desde esta página editorial, en los últimos años, cualquiera sea la representación que le toque a cada colectividad cívica en el ámbito parlamentario, se ha observado un sistemático deterioro de la calidad del trabajo en las cámaras legislativas, por lo que estamos ante un problema que en mayor o menor medida afecta transversalmente a todas las colectividades cívicas.
Sin dudas que por encima de las políticas y las intenciones, existe una seria deficiencia en cuanto a recoger estos elementos en el texto legal, porque hay por un lado notorias falencias técnicas en su implementación, en gran medida por problemas de formación en los legisladores, que suelen operar más como políticos que como legisladores, sin el debido conocimiento de cómo deben traducirse las decisiones políticas en un texto que debe ser preciso y ajustado al marco constitucional.
Y cuando estas deficiencias se conjugan, como ocurrió en el gobierno anterior, con urgencias por aprobar determinadas normas para transmitir una imagen de ejecutividad en cumplir promesas, sin evaluar debidamente los pro y los contra de decisiones ya de por sí controvertidas y con mucha más razón aún cuando las leyes redactadas no son claras y dejan abiertos grandes flancos para la controversia y/o sus consecuencias colaterales, nos encontramos ante entuertos que luego es muy difícil o prácticamente imposible de enmendar. Uno de los últimos ejemplos refiere a las alternativas que han surgido tras la aprobación de una ley relacionada al sonado caso de los hermanos Peirano y que ha sido el origen de las desavenencias que determinaron la renuncia del ex canciller Gonzalo Fernández al partido de gobierno.
Estos elementos ponen de relieve también cierto margen de improvisación, escaso estudio y mínima evaluación de leyes que seguramente se elaboraron con las mejores intenciones, pero sin tener presente que no se puede cambiar la realidad solo a fuerza de leyes, y mucho menos si ellas son consecuencia de un trabajo imperfecto, por decir lo menos.