Opinion | 03 Dic Debe valorarse como una reafirmación del espíritu emprendedor de los sanduceros la incorporación formal, hace pocos días, de la usina de Liderdat S.A. (Energía Limpia Paysandú) de Azucarlito, para la venta de electricidad a UTE en el mercado spot, es decir ocasional, en el marco de lo contemplado en la Ley de Regulación del Mercado Energético y a partir del llamado a licitación convocado en su momento por el organismo para promover la inversión privada en el sector.
En el caso que nos ocupa, la empresa sanducera es propietaria en un cincuenta por ciento de esta planta que quema desechos de biomasa y transforma el vapor en energía eléctrica para el uso en la industria refinadora y para la venta de excedentes, lo que significa algo menos de cinco megavatios que se vuelcan a la red del organismo cuando el precio que paga por kilowatt le resulta rentable. Precisamente es lo que sucede en estos momentos, dado que los costos operativos son de unos cien dólares el megavatio.
Para ello la empresa afrontó el desafío de invertir unos diez millones de dólares en el proyecto, con la expectativa de una recuperación del capital en un plazo razonable y además contar con el apoyo económico que surge del Protocolo de Kyoto mediante la venta de bonos de carbono, es decir a través de un proyecto amigable con el medio ambiente al contribuir a combatir la contaminación y reconstituir la capa de ozono en la atmósfera.
Pero Azucarlito podría estar ahora participando en un proyecto mucho más ambicioso y rentable para la empresa y sobre todo para el país, que es la venta firme de energía a UTE en forma permanente, y a cuyos efectos se presentó hace ya más de tres años al correspondiente llamado a licitación formulado por el organismo para concretar un respaldo de electricidad basado en energéticos renovables, como es el caso de la biomasa, la energía solar y la eólica, que es precisamente lo que necesita el Uruguay para reducir dependencia y vulnerabilidades, así como para mejorar la potencia con el fin de satisfacer la creciente demanda de electricidad.
Lamentablemente Azucarlito, al igual que otras empresas quedó fuera de la licitación porque el ente, por fuera del llamado fijó un techo para la compra del megavatio hora, en esa oportunidad de unos 92 dólares, el que complicaba la ecuación económica de este proyecto y de las otras empresas que prefirieron no aceptar un precio más allá de sus posibilidades y por lo tanto retiraron sus propuestas. Es decir que mientras en otros países se subsidia en grandes porcentajes la energía que se obtiene por inversiones de privados mediante el uso de materia prima renovable, como un factor clave en la estrategia de recomposición de la matriz energética del país, en ese entonces UTE se dio el lujo de descartar proyectos por diferencias de dos o tres dólares el megavatio, perdiendo la posibilidad de contar con generación segura durante todo el año y reciclando dinero en el país, en tanto en períodos de escasez de generación, como se da recurrentemente cuando baja el nivel de agua en los embalses hidroeléctricos, el organismo está comprando electricidad a precio de oro a los países vecinos, con valores que en algunos casos han superado los cuatrocientos dólares el megavatio.
Actualmente, con la entrada en funcionamiento de la usina de Liderdat S.A. el ente estatal compra la energía a unos 200 dólares el megavatio y lo hará mientras se mantenga la coyuntura energética, en tanto la empresa seguirá vendiendo mientras el precio le sirva, pero está en libertad de acción de hacerlo según le convenga. En tanto, por las anteriores condiciones de la licitación, se obligaba a hacerlo en forma permanente, a un precio que naturalmente sería mucho menor a estos doscientos dólares, pero que seguramente atenuaba los picos de valores en el mercado y por lo tanto contribuyendo a generar un respaldo real de generación por encima de los altibajos de precios.
De los arrepentidos se vale Dios, dice el refrán, porque de haberse utilizado un criterio racional por las autoridades del ente, que no se inscribió precisamente en lo que debería ser una política energética de Estado, hoy se contaría con un respaldo firme significativo de varias empresas que queman biomasa, en lugar de contarse éstas con los dedos de las manos, y estar solo presentes en el mercado spot. Ello da la pauta de que todavía hay empresas del Estado que se manejan como chacras de poder, sin inscribir sus decisiones en el marco de una estrategia energética nacional y haciéndonos perder tiempo y dinero –en este caso sinónimos—por el déficit en abastecimiento energético, para luego salir en desbandada en procura de captar inversiones que fueron descartadas displicentemente hace pocos años, como si ambas cosas sobraran.