Escribe el Dr. Rodolfo Canabal

Locales | 30 Nov Hoy, precisamente, se cumplen treinta años del plebiscito constitucional que propuso el régimen de facto “cívico-militar”, instaurado en junio de 1973, con la finalidad de dar aprobación por tal vía a un proyecto de carta constitucional por el cual se pretendió, en esencia, “constitucionalizar” tal régimen. Como se expresa en excelente artículo que insertó en “La democracia” la Lic. Verónica Alonso en la edición del pasado 19 de noviembre, “el gobierno militar se jugó todas las cartas en un plebiscito que legitimara su visión de país y lo consolidara en el poder, y la sonada derrota que recibió determinó su caída. Aún quienes se llevaron la democracia por delante, autoerigiéndose en salvadores de la patria y creyéndose la única alternativa tuvieron un momento de lucidez para entender el mensaje de las urnas”.
Fue, efectivamente, tal episodio, un hecho realmente trascendente, pues después de un aciago lapso en el cual las garantías de los derechos ciudadanos no tenían vigencia alguna, se abrió un período en el cual, progresivamente, quienes habían mantenido posiciones claramente adversas a las fuerzas entonces imperantes se ajustaron, durante la progresiva “apertura” de las autoridades, a una conducta equilibrada en su gestión opositora; sin caer en excesos, fue posible gradualmente intensificar la crítica fundada al referido proceso.
En esa pugna es de estricta justicia recordar la gestión pública sobre problemas constitucionales que, en particular, sostuvieron, en eficaz polémica televisada con representantes de dicho régimen, los Dres. Eduardo Pons Etcheverry y Enrique Tarigo; también la gestión de muchos periódicos que en ese lapso ejercieron activa y muy eficaz gestión opositora al régimen de facto. No se hace al respecto referencias concretas porque no se desea incurrir en injustos olvidos.
Es también de estricta justicia que se señalen circunstancias muy importantes que concomitantemente gravitaron para la obtención por la ciudadanía del resultado final favorable de dicho plebiscito.
El primero fue sin duda la formación de la ciudadanía a través de decenas de años de luchas democráticas que modelaron un cuerpo electoral realmente ejemplar.
El segundo fue el régimen de garantías electorales que es “a prueba de todo tipo de fraude” y “ejemplo mundial”, según señaló públicamente quien durante largo lapso, culminado durante el presente año, fue Presidente de la Corte Electoral, el Dr. Carlos Urruty. Vale decir: no fue necesario crear normas que en el caso concreto fueran decisivas para dificultar que las autoridades incurrieran en fraudes.
Y el tercero fue, sobre la base de tales normas, la gravitación formidable de quien entonces ejercía la Presidencia de la Corte Electoral, el Dr. Nicolás Storace Arrosa, quien, contra lo que las autoridades del Ministerio del Interior habían expresado, hizo público, el día antes de la realización del referido plebiscito, que la copia de la “cuarta acta”, correspondiente al “escrutinio”, era documento que los delegados tenían derecho a recibir y llevar consigo sin restricción alguna, con lo cual se aseguró la divulgación del conocimiento irrestricto del resultado primario, factor decisivo para dificultar posibilidades de que se alteraran los resultados. Conocida dicha pública información acerca de la cuarta acta, se extendió la convicción de que el resultado del plebiscito, que se preveía que sería favorable a la oposición, aseguraría la posibilidad de lograr la restauración institucional, lo cual se comprobó finalmente.
Tales los conceptos que se entiende indispensable y justo emitir ante aniversario tan trascendente.