Opinion | 02 Dic En reiteradas oportunidades el presidente José Mujica ha manifestado su disconformidad con el accionar de los sindicatos, que en los últimos tiempos parecen haberse revelado contra el gobierno con medidas extremas procurando obtener beneficios de dudosa legitimidad.
Y le asiste la razón al presidente, puesto que más de una vez quedó de manifiesto que ya no se trata de alcanzar reivindicaciones aceptables en beneficio del trabajador, sino que cualquier objetivo, por irracional que parezca, ha sido merecedor de las más duras reacciones gremiales.
El caso más extremo –aunque a esta altura de los acontecimientos es cosa del pasado debido al tsunami de paros que hubo en los meses siguientes-- quizás haya sido el del sindicato de Conaprole, en defensa de un compañero de la militancia que fue despedido por maniobras fraudulentas en perjuicio de la empresa. Como siempre, cuando finalmente la Justicia determinó la veracidad de los hechos –que como se había manifestado estaba registrado por las cámaras de seguridad--, nadie se hizo responsable de las millonarias pérdidas económicas que sufrió la Conaprole, víctima de la acción del sindicato que impidió el funcionamiento de las plantas de producción. Mientras, los competidores de la hasta ahora gigante de la industria láctea ganan más y más terreno en el mercado, al tiempo que la que hoy aparece como “infundible” va perdiendo espacio en las góndolas minoristas. Algo así como la ONDA en sus últimos tiempos, cuando la acción desmedida de su sindicato terminó por hartar a sus fieles clientes hasta que el daño fue irreparable.
Pero existen otras medidas que no son tan fáciles de encasillar. En Paysandú por ejemplo, la distribuidora local de Conaprole está siendo afectada hace más de un mes por lo que los trabajadores denominan una “acampada” frente a sus instalaciones. De hecho se trata de un “piquete” o casi una ocupación, puesto que de esta manera la mercadería –perecedera y que ya estaría vencida—no puede ser retirada. En este caso las acciones podrían tener su justificación, dado que se trata de defender el trabajo de los actuales empleados que serían cesados por los nuevos dueños de la concesión, pero lo que no corresponde es que para vender cualquier empresa o comercio –sea del ramo que sea--, se necesite del aval de su sindicato. Además, quien compra debe tener el derecho de decidir con quiénes quiere trabajar, más allá de que cada trabajador reciba sus correspondientes beneficios por su despido.
También en nuestra región se presentan situaciones difíciles de entender para el ciudadano común. La más notoria es la de los piquetes en las rutas a los camiones que transportan granos, promovidos por una de las gremiales de transportistas que consideran que la tarifa por tonelada de carga que pagan algunos acopiadores es demasiado baja. Se trata pues de una diferencia de visiones entre empresas, y no entre trabajadores y la patronal. Es lo que hace de éste un conflicto muy particular, dado que lo que se pretende es que los acopiadores en cuestión eleven su tarifa, aunque hay transportistas que están dispuestos a trabajar a esos valores pero --debido al piquete-- no pueden cumplir con las cargas. Los valores no son impuestos por nadie, sino que son los que las empresas receptoras propusieron al comienzo de la zafra y si a determinados transportistas no les sirven son libres de acordar con otras o cambiar de carga, por ejemplo a madera, ganado o servicio internacional o de agencia. De hecho, ya hay algunas que lo hicieron, y otras eligen trabajar con quienes pagan mejor. El argumento de que los acopiadores cobran más al chacarero de lo que se les paga a los camioneros es válido en ambos sentidos: el transportista está en su derecho de acordar un mejor precio directo con el productor, pero si prefiere tener la seguridad del cobro, eso tiene un costo que no corresponde analizar si es mucho o poco desde que no se trata de un monopolio. A modo de ejemplo, a nadie se le ocurre bloquear el acceso a los clientes de un determinado supermercado porque la ganancia en los productos que ofrece sea excesiva.
Se supone que las empresas de transporte de cargas están en igualdad de condiciones, con sus equipos habilitados por el Sucta para circular por las carreteras; los trabajadores tienen sus jornales establecidos por los Consejos de Salarios, las horas de trabajo están acordadas y todas tarde o temprano deberán renovar su flota. Eso significaría –si es que todas cumplen con sus obligaciones— que si unas consideran adecuados los valores ofrecidos es porque son más eficientes o en su defecto están condenadas a desaparecer en el corto plazo. Es ni más ni menos que la ley de los mercados.
De este análisis de los datos de público conocimiento –que puede estar equivocado, puesto que desconocemos si existe algún otro elemento-- se desprende que un grupo de empresas y empresarios transportistas pretenden obligar por la fuerza a cambiar los valores ofrecidos por algunos acopiadores de granos, cuando si realmente el negocio no resulta atractivo bien podrían haberlo descartado desde el comienzo de la zafra, sin necesidad de recurrir más tarde a los piquetes en las rutas. De haberse hecho de esta forma, los acopiadores en cuestión se habrían visto en la necesidad de adecuarse a lo que el mercado exige, ya que no hubiesen podido captar suficientes camiones para satisfacer la demanda. Mientras tanto, hoy los que quieren trabajar son rehenes de los que buscan torcer las reglas de la libre empresa.