Nacionales | 03 Dic José Mujica, firmó ayer un decreto que establece un procedimiento para desalojar ocupaciones sólo en dependencias públicas, por parte del Ministerio del Interior. La norma surgió luego de que en la noche del miércoles la Intendencia de Tacuarembó fuera ocupada por los trabajadores nucleados en Adeomt. Además, antes había sido ocupada la Facultad de Medicina de la Udelar, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte, y hace pocos meses el IPA.
El texto del decreto establece que “una vez efectuada la ocupación por los trabajadores de cualquier dependencia pública (intendencias, entes autónomos, servicios descentralizados) se va a proceder a realizar la orden de desalojo ante el Ministerio de Trabajo”.
Ante esto, la secretaría intentará una conciliación con los trabajadores y en caso de no llegar a un acuerdo se intimará de inmediato al desalojo del edificio. En caso de que se mantenga la medida, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo con la fuerza policial. El procedimiento será igual sean los ocupantes funcionarios o no de esa dependencia pública. La nueva normativa rige para las dependencias públicas y se implementará en caso de que las partes no alcancen un acuerdo.
Pero el decreto fue rápidamente bienvenido también por los empresarios privados, quienes entienden que se debería extender al sector privado, que también ha padecido esta medida de lucha, entre ellas la multinacional Coca-Cola. El presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay, Alfonso Varela, dijo que el decreto “es un punto de inflexión necesario” y “va en la línea correcta”.
“Si se sigue en esta línea, habrá que culminar el proceso con un mecanismo de desalojo de las empresas privadas, porque los fundamentos de este decreto son extensibles al sector privado”, aseveró Varela. En ese sentido, tanto Varela como el flamante presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi, sostuvieron que las empresas privadas deberían estar amparadas bajo esta normativa.
“Este decreto tendría que decir que la ocupación es una cosa sin sentido y debería establecer la prohibición de ocupar los lugares de trabajo tanto para los públicos como para los privados”, afirmó Varela. El jerarca de la Cámara de Comercio indicó que, si bien aún no han analizado el tema en profundidad, seguramente le pidan al Poder Ejecutivo “que saque algún decreto para los privados en la misma línea que este de hoy”. Burghi, por su parte, dijo no estar de acuerdo con la diferencia marcada por el gobierno y señaló que la Constitución protege a la propiedad privada, por lo que ésta “debe estar garantida por el gobierno”, apuntó. Si bien los privados tienen un mecanismo para desactivar ocupaciones, para Varela, “es mucho más engorroso y complejo” que el aprobado hoy por Mujica.