Opinion | 04 Dic Los pasivos que desde la mañana tenían la expectativa de cobrar sus prestaciones en los cajeros del Banco de la República, se encontraron con la desagradable novedad de que los cajeros automáticos se encontraban sin dinero como consecuencia de la medida de fuerza del gremio que nuclea a los funcionarios. Según lo manifestado por el presidente de la institución, Fernando Calloia, la noche anterior los funcionarios agremiados, luego de cobrar sus haberes, paralizaron el proceso informático y ello trajo aparejados problemas para que los pasivos pudieran acceder al cobro, lo que luego se extendió a todos los clientes que utilizan los cajeros, al impedir que, hasta la tarde, los cajeros contaran con dinero para todas las operaciones.
Se trata de una medida impopular, naturalmente, porque además va dirigida a sectores de menores recursos que aguardan todo el mes para cobrar una mensualidad, mientras corren los plazos de las facturas, como es el caso de la UTE, que de no pagar en fecha al otro día aplica nada menos que el diez por ciento de multa en facturas ya de por sí onerosas.
Si bien el gremio, con explicaciones que no convencen ni a un niño, intentó deslindar responsabilidades por esta medida, el presidente de la institución no dudó en atribuir intencionalidad al sindicato, lo que es por cierto creíble, ya que el objeto de las medidas de fuerza es crear distorsión y un estado de conmoción que trascienda lo más posible, a efectos de “sensibilizar” a quienes tienen el poder de decisión sobre sus reivindicaciones, en este caso supuestamente el propio Calloia. Pero claro, este grado de distorsión, con afectación de los más desposeídos, y sobre todo después de haberse asegurado los propios funcionarios el cobro de sus salarios, para después bajar la cortina, ha llegado al colmo de la desconsideración, y rápidamente se trató de enmendar el daño causado a la imagen del sindicato ante la opinión pública.
Más allá de lo justo o no de las reivindicaciones, los gremios que aplican las medidas de fuerza deberían tener por lo menos extremo cuidado en establecer a priori a quién y cómo van a perjudicar, para que el hilo no se corte siempre por lo más delgado, que es el ciudadano común, que no tiene las grandes organizaciones y corporaciones detrás para hacer valer sus reclamos por la vía de la presión.