Nacionales | 04 Dic La tasa de desempleo bajó a 6,2% en octubre, contra 6,3% el mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otra parte, desde el sector privado se reclama un decreto similar al que permite a la Policía desalojar los edicicios públicos ocupados como medida sindical. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, rechazó la posibilidad de extender el decreto al área privada, y reafirmó su validez ante los reclamos del Pit Cnt.
La tasa de desempleo bajó a 6,2% en octubre, contra 6,3% el mes anterior. La tasa vuelve a ubicarse así en el mismo nivel de agosto, cuando el indicador registró su nivel más bajo en décadas. En Montevideo, donde reside la mitad de los 3,4 millones de uruguayos, la tasa de desempleo se ubicó en 6,5% (contra 6,6% en setiembre) y en el resto del país se mantuvo en 6,0%. Asimismo, la tasa de actividad en octubre, para el total del país, fue de 62,2%, 1,2 puntos porcentuales menos que la tasa del mes anterior (63,4%). En Montevideo la tasa de actividad se ubicó en 63,7%, mientras que en el resto del país fue de 61,2%.
Por otra parte, los empresarios se mostraron de acuerdo con el decreto que impide las ocupaciones en las dependencias públicas. Sin embargo, insisten en que se debe firmar uno idéntico para el sector privado. Sostienen que el decreto de 2006 firmado por el entonces presidente Tabaré Vázquez reconoce la ocupación como una extensión al derecho de huelga y que la actual no, por eso piden que se igualen ambas normas.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, expresó a radio “El Espectador” su total conformidad con el decreto, pero reclamó que fuese extendido al sector privado. “Estamos de acuerdo con el decreto, más allá de que no lo he leído; el tema es el hecho, lo razonable es que si el Estado protege sus bienes contra ocupaciones que considera que se salen del marco razonable, lo mismo ocurre en el sector privado”, afirmó.
En tanto el Secretariado Ejecutivo del Pit Cnt se reunió, con la participación de dirigentes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). La central sindical entiende que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, consagrado por la Constitución, y por tanto el decreto viola el orden jurídico vigente. Los asesores jurídicos de la central analizan recursos contra el decreto que prohíbe las ocupaciones. El dirigente Fernando Pereyra dijo que con el decreto se “violenta el derecho a la huelga”. Aseguró que “la ocupación es la última medida que asume el movimiento sindical” y que con el decreto se puede registrar una “escalada” en la conflictividad.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, por su parte, explicó los alcances del decreto del gobierno, argumentando que va en línea con lo que el Frente Amplio viene aplicando en materia gremial y sindical desde 2005. “Los servicios públicos que presta el Estado, no lo prestan los privados. Entonces, hay una diferencia conceptual que es bastante obvia, y por tanto, no iguala dos situaciones distintas” y “así lo distingue la Organización Internacional del Trabajo”, dijo.
Aclaró que el decreto respondió específicamente a la situación planteada el pasado miércoles en la Intendencia de Tacuarembó, cuando fue ocupada por trabajadores y también a una interpretación errónea de las disposiciones vigentes por parte de la Justicia de ese departamento. Defendió además la constitucionalidad del decreto: “Nos remitimos a las expresiones que el doctor Korzeniak realizó en la jornada de hoy, donde claramente confirma la constitucionalidad del decreto”, .
Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones ratificó el decreto que establece un mínimo de seis horas diarias o al menos 30 horas semanales para la Administración Central. Si bien el amparo presentado no fue de recibo, el abogado de COFE, Daniel Parrilla, señaló que esta sentencia es “muy alentadora”. El 17 de noviembre la Justicia desestimó la acción de amparo presentada por COFE contra el decreto que obliga a trabajar seis horas diarias.