Opinion | 05 Dic Desbordado por la ola de conflictos sindicales en la esfera del Estado, el jueves el Poder Ejecutivo aprobó un decreto, que ya entró en vigencia, que incorpora mecanismos para desalojar algunas dependencias públicas en plazos perentorios, lo que despertó la ira de los gremios nucleados en el Pit Cnt, que incluso han tachado de “inconstitucional” la resolución gubernamental, en tanto el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, manifestó al programa “En Perspectiva” de radio “El Espectador”, que “como el bien jurídico que se pretende proteger en este caso es la prestación de servicios que implican el desarrollo de derechos humanos, la medida de desocupación es mucho más expeditiva”.
Igualmente, el decreto prevé varios pasos antes de llegar al desalojo por el Ministerio del Interior. Luego de concretada la ocupación de una dependencia pública, el jerarca de la misma solicitará el desalojo al Ministerio de Trabajo, que buscará una conciliación sujeta a que se deponga la medida en forma inmediata. Si la conciliación falla, se intimará la desocupación bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Si la ocupación continúa, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores.
Según Breccia, por este mecanismo “resolvimos un tema que teníamos planteado como un vacío legal, que es el tema de la ocupación en dependencias públicas. Era un tema donde había un vacío legal que quedó en evidencia en estos días pasados con la ocupación de algunas dependencias administrativas públicas. También había tenido un emergente muy importante con la ocupación de la Intendencia de Tacuarembó”, que había sido ocupada por el gremio de municipales.
Por lo pronto, la decisión del Poder Ejecutivo satisface por lo menos a medias un clamor ciudadano que ha surgido con fuerza sobre todo en las últimos días y semanas, que refiere a que en nombre de determinados derechos se avasallan los de los demás, tan legítimos como los otros. Las ocupaciones son una demostración manifiesta de esta concepción totalitaria, ya que si bien se dice que se practica esta medida de fuerza en nombre del derecho de huelga consagrado en la Constitución, al mismo tiempo se está avasallando el derecho al trabajo de quienes no comparten esta decisión, al impedirles –por la fuerza-- el ingreso a sus lugares de trabajo.
Como antecedentes inmediatos en esta materia, tenemos que el 2 de mayo del 2005, a través del decreto número 145/2005, el Poder Ejecutivo derogó otros actos administrativos que habilitaban la desocupación de lugares de trabajo a través de la fuerza pública, en tanto en mayo de 2006 surge un nuevo decreto, el 165/2006, por el que se puede proceder a la desocupación en el ámbito privado siempre que se configuren determinadas circunstancias, pero reconociendo a la ocupación como una extensión del derecho de huelga.
Pero claro, al incorporarse estos instrumentos, cuando sectores interesados invaden bienes públicos, que son de toda la comunidad y no exclusivamente de quienes se sienten dueños de disponer de ellos a su antojo, como en el caso de estas medidas de fuerza, debe tenerse presente que no se mide con la misma vara el derecho de propiedad de empresas privadas y fuentes de trabajo de quienes están sindicalizados y quienes no lo están, y que sin embargo son ocupados frecuentemente por afiliados a gremios que por lo tanto afectan derechos de terceros, tanto de los propietarios del bien inmueble como de los trabajadores que no tienen posibilidad de ingresar a trabajar si así lo desean.
Por lo tanto, la medida del Poder Ejecutivo, que trata de responder a la realidad que vive el gobierno sobre todo en esta situación coyuntural, niega estos derechos a un sector privado que enfrenta la misma problemática. Insólitamente, el Pit Cnt cuestiona esta medida por considerarla “inconstitucional”, cuando la violación de derechos consagrados en la Constitución proviene de los ocupantes que argumentan como una extensión del derecho de huelga esta medida arbitraria.
Al gobierno, cuando le dolió en carne propia esta sucesión de ocupaciones, ha respondido de esta manera efectiva ante la arbitrariedad, pero no ha tenido esa disposición para proteger los mismos derechos cuando se trata del sector privado, por lo que estamos ante situaciones similares que sin embargo se evalúan como si estuviéramos en dos mundos distintos.