Paysandú, Lunes 13 de Diciembre de 2010

Escribe el Dr. Rodolfo Canabal

No se debe arriesgar la independencia del Poder Judicial

Locales | 07 Dic Diversos asuntos de gran interés público se han suscitado durante los últimos días y merecen ser analizados, pero por su trascendencia se ha de abordar el que refiere al Poder Judicial y a su indispensable independencia, por lo que en sí mismo significan y además por tener el respaldado emanado de la Constitución.
Se ha informado que la mayoría parlamentaria, con la disidencia de los partidos opositores, durante su trámite parlamentario senaturial, insertaron en el proyecto de ley presupuestal una norma que pide al gobierno la creación de un Ministerio de Justicia, y le encomienda informar en próxima Rendición de Cuentas los avances del respectivo análisis.
Varios son los comentarios que tal sugestión hace pertinente.
Quienes durante los últimos días siguieron importantes informaciones han podido advertir el retorno al primer plano del hostigamiento que el Fiscal de Corte ha recibido del Poder Ejecutivo, ya anteriormente analizado en esta columna, como consecuencia de que en uso de su independencia técnica, indispensable y legalmente consagrada, cuando debió emitir opinión acerca del IRPF a las pasividades, consideró que no era tal tributación ajustada a la Constitución. Tal disidencia generó molestia en el gobierno, y también que las propuestas de nombramientos y traslados en el Ministerio Público y Fiscal se hayan generalmente demorado, lo cual no favoreció el oportuno desempeño de tan importantes servicios.
Ahora, a estar a lo que informa el diario El País, los temas que la ley ha sugerido estudiar según el precepto aprobado serían, relativamente al nuevo ministerio, “su conformación jurídica, objetivos, cometidos, competencias, programas y los recursos que demandará”. Y se informa también que en el sector oficialista hay dos posiciones respecto a si “la cartera tendrá un rol de administrador del Poder Judicial”: el Senador Gamou, a estar a lo informado, justificó tal creación por considerar que la SCJ “no sabe administrar los recursos”, y si bien admitió que el Ministerio de Justicia que actuó durante la dictadura generó (como muchos hemos sostenido) “una especie de mala palabra, un estigma”, el nuevo debería “administrar los recursos económicos que van a la Justicia” para que “los jueces se dediquen a dictar sentencias”. Entiende que se debería incluir a las fiscalías y a los defensores de oficio y que “la separación de poderes no está dada por el aspecto económico, sino por las competencias” de los jueces. Según la misma fuente informativa el legislador Felipe Michelini, ex - Subsecretario de Educación y Cultura, no comparte que el nuevo ministerio deba administrar los recursos, sí que se debe convertir en el interlocutor que tendría la SCJ, que fijaría políticas públicas y se encargaría de los litigios internacionales.
Sin perjuicio de mantener lo anteriormente sostenido en el sentido de no ser en absoluto conveniente volver a la creación de tal ministerio, por cuanto una Secretaría de Estado que en esencia tendría como fundamental cometido lo relativo al régimen de la Justicia podría facilitar indebidas ingerencias en tan esencial actividad, que constitucionalmente conforma un Poder independiente, los antecedentes derivados de que las actuales, y también precedentes autoridades, no vean con agrado la independencia de los magistrados jueces y fiscales seguramente podría conducir al hostigamiento de tal Poder.
Y a ello se debe agregar que, tal como ha dicho el Ministro Van Rompaey de la SCJ, “si ese ministerio asume el rol de administrador, sería inconstitucional”, a lo cual con acierto agregó que si se creara tal ministerio “no podrá asumir ninguna competencia que involucre al Poder Judicial”. Coincidentemente se expidieron, entre otros, los senadores Ope Pasquet y Gustavo Penadés; el último expresó que lo propuesto coincide con el hecho de que se “embiste contra la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación”.
En síntesis: una lamentable iniciativa que no asegura la muy firme tutela que todo gobierno constitucional debe dar al Poder Judicial y por encima de todo a su independencia.


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