Opinion | 12 Dic Con la “madre de todas las reformas” del Estado que prometió en su momento el ex presidente Tabaré Vázquez enterrada por falta de decisión política –que significa ponerse en contra de los sindicatos, que desde siempre fueron los socios de la coalición de izquierdas para llegar al poder--, y con el advenimiento al gobierno del presidente José Mujica, del mismo partido, la enorme mayoría de la ciudadanía uruguaya tenía la fundada expectativa de que por fin se iba a intentar algo serio para cambiar el “paquidérmico” Estado, que al decir del propio mandatario significa un obstáculo formidable para el desarrollo y pesa gravosamente sobre la economía.
Incluso el actual presidente, al hacer referencia en numerosas ocasiones al tema en la campaña electoral, puso como ejemplo el modelo de Nueva Zelanda –felizmente nunca habló de Cuba como un espejo a mirarse— donde en pocos años se reformó el Estado y se pudo encaminar a ese país decididamente en la senda del progreso.
Pero a diferencia de Uruguay, más allá de la diferencia cultural entre ambos países, en Nueva Zelanda no estaba desarrollado ni por asomo el corporativismo de los funcionarios públicos y la central sindical que nuclea también a trabajadores privados, como principales defensores del statu quo. Fue así que gradualmente en algunos casos, en forma traumática en otros, el país ubicado en el sureño continente de Oceanía se sacó de encima el pesado fardo y camina ahora con horizonte despejado.
Lamentablemente, en el Uruguay el jefe de Estado ha optado por otros caminos, y ha tratado de “convencer” a los destinatarios directos de la reforma de que hay que encarar esta cruzada por el bien del país, para que todos nos beneficiemos con un Estado eficiente y seguramente reducido a una expresión mínima, fortaleciendo así el sector privado que crea la riqueza y dejando al Estado actuando solo en las áreas estratégicas o en las que no hay interés del actor privado.
Pero como era de suponer los sindicatos de funcionarios públicos no quieren saber nada con ninguna reforma, aunque exigen ser “consultados” antes de que se haga algo, por mínimo que sea, porque simplemente sus intereses particulares no coinciden con el interés general. Tanto es así que históricamente se han opuesto a cualquier venta, asociación o medida, por mínima que sea, que aunque sea remotamente pueda afectar su situación, su salario, su inamovilidad o sus condiciones de trabajo de pocas exigencias y escasa afectación horaria.
Por lo tanto, cada vez que se habla de alguna posibilidad de reforma, fruncen el ceño y salen a cuestionar a través de COFE --confederación que nuclea a los sindicatos estatales--, toda fundamentación que se haga desde el gobierno, incluso trayendo a colación lo que los mismos integrantes del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas manifestaban e hicieron en la oposición, cuando estaban en total sintonía. Fue el tiempo de la alianza entre el Frente Amplio y los sindicatos para llevar a cabo el plebiscito que derogó la Ley de Empresas Públicas y la posterior Ley de Asociaciones de Ancap, además de respaldar la ley que dejó exclusivamente en poder del Estado la explotación de los servicios de agua potable, promovido por los funcionarios de OSE.
Mientras tanto, en este momento no se habla por el gobierno de la “madre de todas las reformas” ni nada que se le parezca en el Presupuesto a estudio en el Parlamento, y por ahora solo tenemos que la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) Elena Tejera, explicó los primeros pasos a dar en materia de cambios en el Estado por esta vía, como la implantación del sistema de “ventanilla única” para los ingresos a la Administración Central, y la eliminación de varios tipos de contratos que existen hoy. Igualmente, en diálogo con El País, la responsable de los recursos humanos de la administración pública reconoció que los cambios no son fáciles, que los funcionarios se resisten y admitió que la disparidad de salarios es lo que más le llama la atención, elementos que seguramente nadie desconoce en el país. Precisamente reflejan un escenario que data desde hace muchas décadas y que nadie se atreve a tocar, salvo algunos tímidos pasos que apenas han arañado la cáscara del problema, como seguramente será este que se menciona, suponiendo que llegue a concretarse, al punto de que para no herir susceptibilidades, se le llama “fortalecimiento institucional” y no “reforma del Estado”, cosa de que los sindicatos no se sientan ofendidos.
Por cierto, estamos ante un país prisionero de los corporativismos y grupos de interés que quieren que todo quede como está, porque en este caos que es el Estado se sienten –y son—intocables, no rinden cuenta ante nadie por su falta de productividad, por las faltas injustificadas, por los horarios benévolos, por la acumulación de feriados, por los expedientes “trancados”, por los costos exacerbados para prestar servicios, la ineficiencia, las demoras y los paros que violan los derechos del ciudadano pero por los que nadie se hace responsable y por los que además las más de las veces logran que no se les descuente los días no trabajados, por lo que las medidas de fuerza resultan al fin de cuentas en una pequeña vacación con goce de sueldo. Y todo sale del bolsillo de todos nosotros, los uruguayos de a pie, por si alguien todavía no lo sabe.