Opinion | 09 Dic El próximo año el Ministerio de Economía y Finanzas incorporará nuevos cambios en el sistema tributario, de modo de dar cumplimiento con el programa definido por el Frente Amplio y que entre otros aspectos, establece la reducción del IVA en dos puntos porcentuales, de acuerdo a lo manifestado en las últimas horas por el ministro del ramo, Ec. Fernando Lorenzo.
Si bien no quiso dar detalles sobre los contenidos de esa reforma, comentó que la idea es ir hacia un modelo de “personalización” de los impuestos, y consideró que el país ya tiene experiencia acumulada en medidas específicas como es el caso del programa de devolución de 9 puntos de IVA que está vigente para los consumos en restoranes y hoteles, y la norma contenida en el próximo presupuesto que establece que los contribuyentes al IRPF puedan deducir el 6% de los alquileres que pagan, siempre y cuando identifiquen al arrendador.
En la misma línea Lorenzo anunció que para el próximo año será prioritario el proyecto que promueve la bancarización, y adelantó que se incorporarán nuevas tecnologías y se formularán incentivos económicos para que empresas y consumidores opten por instrumentos bancarios a la hora de los correspondientes pagos.
Corresponde situarse en el escenario en que nos encontramos en el Uruguay en materia tributaria, en el marco de una problemática que con altibajos se arrastra desde hace varias décadas, y tenemos así que casi el cuarenta por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país se genera en la actividad informal, es decir que no paga impuestos ni tributa a la seguridad social, y por ende incide negativamente en el tejido socioeconómico.
Como hemos señalado en más de una oportunidad, existen una serie de factores coadyuvantes para que se de esta situación, empezando por nuestra idiosincrasia y un problema cultural, desde que la evasión en el pago de impuestos no tiene mayor condena social, como ocurre por ejemplo en los países sajones, y aparece como un tema menor el hecho irrefutable de que aquel que evade sus impuestos lo que hace en los hechos es trasladarle el fardo a quien sí cumple con sus obligaciones, al demandarle que pague el doble de lo que le corresponde.
De acuerdo a un estudio de la Universidad Católica del Uruguay para la Cámara Nacional de Comercio, la actividad informal llegaba el año pasado al 37 por ciento, en tanto en la década de 1960 era del orden del 7 por ciento y paulatinamente ha ido creciendo hasta llegar al máximo en el anterior período de gobierno, en un guarismo que a la vez supera el promedio de los países de América Latina, donde se tiene la peor performance mundial en la materia, junto con otras áreas subdesarrolladas. Y si bien en el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General Impositiva se indicó que estos porcentajes son mucho menores, incluso del orden de la mitad, dando por bueno que la evasión alcance un porcentaje intermedio entre ambas cifras, nos encontramos con que estamos igualmente ante valores muy altos. Se trata de un elemento indeseable para toda economía, desde que refiere a cuantiosos recursos que se reciclan sin a la vez generar la contrapartida legal y de sustentabilidad para las partes involucradas, que es inherente a la propia institucionalidad y ordenamiento legal del país.
Así, el Estado resulta perjudicado en esta irregularidad, desde que deja de percibir recursos que debe afectar a su funcionamiento y a sostener áreas fundamentales como la salud, la educación, la seguridad, la construcción de viviendas, y a la vez en el caso del Banco de Previsión Social, continúa deteriorándose la relación activo-pasivo, lo que va en contra de las posibilidades de mejorar las prestaciones y sobre todo dar sustentabilidad al régimen.
Existen factores que influyen para que se estimule el informalismo, que son por un lado la alta carga impositiva y por otro la ausencia de controles reales, que son determinantes para que al fin de cuentas resulte buen negocio trabajar al margen de las normativas vigentes. Entonces, es un buen negocio evadir, pero también es cierto que tal como mencionan quienes pretenden hacer las cosas bien, “si todo se hace en blanco, es imposible sobrevivir”.
Hasta ahora las mayores necesidades fiscales han apuntado a recaudar más mediante un incremento de los impuestos vigentes o la incorporación de otros, agregando estímulos para la evasión, recargando a la vez el peso de sostener el sistema en quienes hacen grandes esfuerzos por mantenerse dentro de la legalidad. Por otra parte, el “monotributo” que fue creado como herramienta para fomentar la transición hacia la formalidad de quienes estaban en total infracción, en los hechos fue mal utilizada por muchos comercios que disfrazaron sus ingresos y situación para pagar menos impuestos, por lo que mucho del éxito que se atribuye la DGI respecto al avance en la lucha contra el informalismo es en realidad un fracaso encubierto.
La anunciada baja de dos puntos del IVA será un factor positivo, pero realmente de entidad relativa si tenemos en cuenta el monto del impuesto, que castiga al consumo en general, y la personalización y la bancarización no tendrán impacto realmente efectivo si no se apunta a integrar al sistema formal a sectores que siguen por fuera del sistema, por limitaciones económicas en principio pero también por falta de atractivos y controles, lo que indica que a efectos de la regularización es preciso una acción integral y de fondo, a la vez de bajar sustancialmente la carga fiscal.