Descartar prefabricadas

Locales | 13 Dic En moción presentada ante el plenario de la Junta Departamental, el edil frenteamplista Ricardo Brasesco propuso las premisas a tener en cuenta para la construcción de viviendas “de interés social” y especialmente que se eleven en cuanto a la calidad de las prefabricadas que promociona el gremio de los metalúrgicos. Incluso afirmó en sala que el costo de las mismas “no podría superar los 10 mil dólares”, cuando lo que se anunció acá en Paysandú es que ese tipo de viviendas tendrá un valor unitario de 30 mil dólares y será financiado por el BHU o Agencia Nacional de Viviendas, acorde al lugar del país en que se le gestione.
La idea del edil Brasesco es que las viviendas de interés social sean “de buena calidad, funcionales, construidas con materiales perdurables, de construcción sencilla y superficie acorde a las necesidades del núcleo familiar”. Para lograr un costo razonable y sobre todo al alcance de los futuros moradores deberían estar “libres de todo tipo de lucro e impuestos”. Es más, considera que el propio Estado debe adquirir los materiales para la construcción en comercios mayoristas o importarlos”, así como que “habiendo tantas personas sin trabajo y con necesidad de viviendas, no se justifica que la construcción de las mismas sea adjudicada a empresas que -generalmente- priorizan sus ganancias, aunque para esto deban sacrificar la calidad de las construcciones”.
En sala argumentó que se puede y debe recurrir a la experiencia de la autogestión que tiene el movimiento de cooperativas por ayuda mutua, a través de Fucvam y la del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) en la campaña. “Integrantes de las familias beneficiarias, siempre que sea posible (afirma en sus premisas) participarán en la construcción de sus propias viviendas. De esta forma se conseguirá capacitar a todos los participantes que obtendrán experiencia en el desempeño de los trabajos”, una situación que proyecta al futuro al señalar “estos trabajadores podrán emplearse en la construcción de más viviendas que el Estado deba construir para personas discapacitadas, ancianas o jefas de hogar con hijos pequeños, lo que creará muchos puestos de trabajo permanentes y a la vez redundará en importantes ahorros al Estado”.
Aportes oficiales
En su propuesta el edil Brasesco aborda también los aportes oficiales: “la conexión a la red general de agua, saneamiento y energía eléctrica será realizada por los servicios del Estado (OSE, UTE y Antel) que solo podrán cobrar los costos de los materiales empleados. En la adecuación de los terrenos donde se levanten las viviendas (nivelación, relleno, compactación) participarán las intendencias o los equipos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que con sus maquinarias de vialidad están capacitados para estas tareas. También participarán en el acarreo de los materiales, arena, piedra, pedregullo, materiales de relleno, ladrillos, etcétera y solo podrán cobrar el costo de todo ello”. Respecto de los terrenos, plantea que “los proporcionará el Estado que los adquirirá en lugares aptos, comprando en acuerdo con los propietarios o realizando expropiaciones si fuera necesario por ser de interés social y pagando precios razonables de acuerdo con la infraestructura instalada (servicio de energía, agua y saneamiento).
Involucra a los “profesionales dependientes de dichos servicios del Estado, que colaborarán en las áreas de su profesión: proyectos, cálculos, dirección de las obras y dictado de clases teóricas a todos los participantes. Estos profesionales nacionales o departamentales no podrán cobrar honorarios al recibir sus sueldos del Estado”. El cuerpo aprobó pasar el tema a la Comisión de Obras y que se eleven oficio al Ministerio de Vivienda, las demás juntas departamentales del país, a los diputados por Paysandú, al Congreso Nacional de Ediles y a ambas cámaras del Poder Legislativo.