Opinion | 13 Dic Uno de los permanentes reclamos de las asociaciones de discapacitados es la falta de oportunidades laborales. En cuanto a esto, es una buena noticia que en los últimos seis años, 300 personas con discapacidad ingresaron por concurso a la administración pública. El presidente de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y director del Programa Nacional de Discapacidad, Alberto Della Gatta, señaló que los organismos estatales cumplen el requerimiento de cubrir un mínimo de 4% de las vacantes con personas discapacitadas.
Según informó la agencia uruguaya de noticias UyPress, Della Gatta dejó en claro algo que como sociedad tenemos que recordar: discapacidad no es sinónimo de caridad. “Los que venimos trabajando el tema de la discapacidad desde hace muchos años, tratando de sacar de la invisibilidad al conjunto de personas con discapacidad, consideramos que las personas con discapacidad son personas sujetos de derecho, y no de caridad ni de compasión”, dijo. Recordó que durante el gobierno de Tabaré Vázquez se reglamentó un artículo de una ley que estaba vigente desde 1989, pero nadie había reglamentado, que “permitió realizar una serie de concursos de oposición para personas con discapacidad en casi todos los organismos del Estado”.
Se estiman en 210.400 los uruguayos que tienen al menos una discapacidad. Son personas con los mismos derechos que todos. Si bien resulta una buena noticia que los discapacitados tengan acceso a las fuentes laborales estatales, sería sumamente positivo que los privados asumieran también este compromiso con la sociedad. Para estimular esto, el Estado podría brindar más beneficios a la empresas que contraten discapacitados.
Sin embargo, el reclamo de puestos laborales viene de la mano de otros: rampas en la ciudad para circular con independencia y acceso a los edificios, y la capacitación necesaria para poder desempeñarse en determinadas tareas. Sin lugar a dudas, queda mucho camino por recorrer para que los discapacitados tengan los mismos derechos que todos.