Opinion | 13 Dic El sonado caso de las “filtraciones” de datos por las cuales se comprobó que se fraguaron horas de vuelo de pilotos de la Fuerza Aérea a efectos de poder acceder a las exigencias impuestas por las Naciones Unidas para participar en la misión de paz en Haití no es un tema menor, sino que es un aspecto que trasciende el mero aspecto episódico, porque revela además las carencias en que se mueven nuestras fuerzas armadas.
Tenemos así que en el caso de esta fuerza hay serias limitaciones en disponibilidad de aviones más o menos aceptables para el vuelo, para mantenimiento y de elementos técnicos, así como para encarar una preparación adecuada del personal, lo que lleva a que los pilotos no puedan llegar a las horas de vuelo necesarias para su capacitación y lograr una experiencia fundamental que se obtiene solo volando. La situación es tan crítica que la Escuela Militar de Aeronáutica decidió incorporar planeadores deportivos civiles como una opción económica para que sus cadetes “hagan horas” de vuelo, aunque claramente no es la mejor opción para un piloto de combate. De hecho, actualmente en Uruguay hay solo 4 (sí, cuatro) aviones de combate operativos, cuando en la guerra de las Malvinas en 1982, Argentina, una de las más poderosas fuerzas aéreas del continente, perdió más de 100 aviones bajo el fuego de una debilitada y lejana Gran Bretaña.
Y más allá del papelón internacional por las horas de vuelo adulteradas, debe tenerse presente que Uruguay se desenvuelve en medio de carencias en todas sus fuerzas militares, por problemas presupuestales --los recursos no alcanzan para cubrir todas las necesidades del país, incluyendo áreas básicas muy sensibles para el ciudadano común, e incluso estratégicas— y el sistema político, sus instituciones, sus fuerzas vivas, todavía se deben la gran discusión acerca de si el Uruguay debe realmente contar con fuerzas armadas que tienen más un carácter simbólico que un efecto disuasivo real para defendernos de cualquier agresión militar extranjera.
La realidad indica que en medio de vecinos poderosos, disponemos de unidades militares con aviones que apenas vuelan, con elementos como tanques y otros armamentos que ya serían chatarra en la Segunda Guerra Mundial, con personal mal pago y recursos que no dan para una preparación adecuada. Pero que tampoco está claro cuál es objetivo de toda esta maquinaria obsoleta y cara para nuestra sociedad, con un escenario geopolítico que precisamente apunta a que los diferendos entre los estados se procesen por la vía del entendimiento diplomático, como es el caso de la recién recreada Unasur.
Mientras tanto otras dependencias que sí tienen un rol fundamental en la seguridad de la Nación, como la Prefectura Nacional Naval --dependiente de la Armada--, no cuentan con el mínimo de recursos para controlar las fronteras fluviales, y tenemos que en Paysandú por ejemplo, el río Uruguay es tierra de nadie para el contrabando y el narcotráfico, puesto que hay solo dos embarcaciones –una de ellas obsoleta-- para cubrir más de 100 kilómetros de río.
Respecto al Ejército, si bien tiene un excelente desempeño –junto con todas las armas—en las operaciones de paz de la ONU y su apoyo es fundamental en situaciones de emergencias, desde el punto de vista militar en comparación con nuestros potenciales agresores no está mejor que la caballería polaca en la Segunda Guerra Mundial, que fue aniquilada por los nazis en cuestión de horas.
Mientras tanto, existe la acuciante necesidad de contar con efectivos preparados para la vigilancia de las cárceles, ante las serias dificultades de la Policía para cumplir con este cometido, pero a la vez se mantiene la resistencia en determinados sectores a que los militares “se mezclen” con los civiles en actividades que no son precisamente las que corresponden a la tarea específica de las fuerzas armadas.
Sin embargo, no se tiene ningún empacho en convocarlas para casos considerados como de emergencia, caso del reciente episodio de la recolección de la basura en Montevideo, ante el conflicto de Adeom con la Intendencia, o cuando ocurren inundaciones y otras situaciones excepcionales.
Sin dudas que cada vez cobra menos sentido contar con fuerzas armadas como las que tenemos, y que lo que serviría a un país pequeño como Uruguay es contar con una policía militarizada que tenga entre sus competencias el atender una diversidad de situaciones, sin que se recurra a decretos de carácter excepcional, con personal bien preparado para actuar con la población civil, de una forma similar a como ocurre en Costa Rica, donde no existe ejército.
De esta forma, en lugar de seguir inmersos en una problemática que es una manifestación más del lujo de la miseria, contaríamos con una fuerza de élite preparada para atender la realidad del país en áreas que nuestra Policía no está condiciones de afrontar, dirigiendo los recursos hacia un salario adecuado de los uniformados que realmente se necesiten, equipamiento de alta tecnología y específico para el control del narcotráfico, seguridad en las fronteras, apoyo táctico, etcétera.
En este camino debe embarcarse el sistema político, sin preconceptos, en una necesaria racionalización de los recursos que permita una modernización y un gradual traspaso de efectivos a una policía militarizada, para llegar en determinado plazo a las respuestas en un tema que es fuente de permanente controversia, porque precisamente se sigue empleando eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre y seguir tirando la pelota hacia adelante.