Opinion | 14 Dic Aunque lejos de la visión cotidiana de la gran mayoría de los sanduceros, a escasos diez kilómetros de la capital sanducera, en la zona de Casa Blanca, asoma el cabezal de la cañería correspondiente al gasoducto subfluvial construido por UTE hace una década a efectos de traer al país el gas natural entrerriano, con el propósito de utilizarlo fundamentalmente para la alimentación de una o dos centrales termoeléctricas, la principal de las cuales iba a formar parte de un proyecto de venta de electricidad a Brasil, posiblemente a través de una interconexión por Rivera, por inversores privados.
En su defecto, igualmente la idea que se manejaba entonces por el Directorio del organismo era contar con una central de respaldo térmico al sistema interconectado nacional, mediante el uso de un energético barato y de amplia disponibilidad en la vecina orilla.
Lamentablemente, esta obra que se concretó a través de un desembolso de doce millones de dólares, y que tiene además una vida útil de cincuenta años, se mantiene como un gran monumento a la nada, porque no se ha transportado gas ni para llenar una garrafa, y ello pone de relieve como se han manejado las cosas en nuestro país por las empresas del Estado, a costo del bolsillo de todos los uruguayos, en un contexto regional además, en este caso, que es tan o más errático que las políticas energéticas que ha tenido el país.
El punto es que a una década de aquel proyecto, que entonces parecía una buena idea pero que no tenía base sustentable, a juzgar por los hechos, tampoco se percibe alguna posibilidad más o menos cercana de contar con este energético en forma abundante y barata, salvo que por algún golpe del destino los países de la región maduren y nos encontremos un día con que efectivamente se ha logrado que el gas boliviano barato lo tengamos de este lado del río Uruguay, aunque siempre dependiendo de la buena voluntad de nuestro gran vecino para habilitar el cruce. Algo que resulta difícil de creer cuando sus políticas energéticas internas han sido un verdadero caos y sufre penurias todos los inviernos --pese a contar con grandes reservas de petróleo y gas natural-- por haber desestimulado la inversión privada.
El caso de UTE es paradigmático en cuanto a la carencia de una política energética de Estado en el Uruguay, y si hay algo indiscutible es que invariablemente se han dado decisiones y mensajes contradictorios, como la campaña del “todo eléctrico” del año 2000, cuando el organismo incorporó planes especiales para que la población comprara electrodomésticos a efectos de competir con el gas natural.
Paradójicamente 10 años más tarde tenemos un déficit en generación, pero pese a esta realidad que rompe los ojos, el organismo ha sido particularmente negativo en cuanto a promover las inversiones de privados en plantas generadoras de electricidad en base a energías renovables, mientras a la vez ha efectuado compras insólitas de motores impulsados a petróleo, caros e ineficientes, como ha sido el caso de la central del Tigre, con la intención de atender la inmediatez y contar un respaldo en situaciones puntuales. Pero como siempre sucede en Uruguay, dado que vivimos en emergencias esta central permanece encendida mucho más de lo deseable, devorando divisas en forma de petróleo importado.
Por lo pronto, la incorporación de aerogeneradores y de plantas en base a biomasa ha sido un aporte muy magro, porque la única forma en que se podría revertir este oscuro panorama actual sería en base a millonarias inversiones que aparecen por cuentagotas, en parte porque UTE y el propio gobierno no están del todo comprometidos en cambiar la matriz energética –que hasta hace poco estaba en manos exclusivamente del Estado--, y también porque cuando han surgido oportunidades ciertas de generación por privados, han puesto trabas absurdas.
Incluso los operadores privados, al analizar el escenario del país en el contexto regional, ya prevén que la energía les costará más cara en 2011. La Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industrial (Agcei) envió una carta al presidente de UTE para pedirle más facilidades para que puedan invertir en generación. La Agcei le envió una carta a Gonzalo Casaravilla en la que piden al ente que colabore en la instrumentación de un marco propicio que permita aumentar las inversiones por parte de los privados y así “colaborar en la solución del problema”.
No puede extrañar, precisamente, que la energía que aportarán todos los generadores privados de biomasa que se terminaron de instalar en 2010 no volcarán un volumen significativo de energía (solo unos 50 megavatios) en relación al consumo que tiene el país, si se tiene en cuenta que el pasado invierno se registró el pico histórico de demanda con 1.684 megavatios/hora.
En tanto, para 2011 no está previsto, a excepción de un operador eólico, el ingreso de nuevos proveedores privados de energía a la red de UTE. Tampoco para el próximo año el ente energético tiene planificado introducir nuevas máquinas térmicas para la generación de electricidad.
“Nosotros no vemos ninguna posibilidad de que los precios de la energía bajen si no hay una aumento de la oferta”, dijo a El País el secretario de Agcei, José Luis Pou, y este es justamente el quid del problema, porque constituye además una denuncia que indica que se ha perdido un tiempo precioso en exigir condiciones de precios por UTE a potenciales inversores en energía que fueron descartados por unos pocos dólares en el valor del megavatio, para terminar pagando tres o cuatro veces más por esa energía a los países vecinos y en los hechos desestimulando las inversiones que en cambio en los discursos se dice promover.