Opinion | 17 Dic Ante una emergencia denunciada enfáticamente por el presidente José Mujica, en el sentido de que hay cuatro mil personas que están “con un pie en el cajón” debido a la medida de fuerza de los anestesistas de Montevideo, a las apuradas el Frente Amplio y parte de la oposición votaron en el Senado la ley de emergencia sanitaria, que obliga a los anestesistas a trabajar en Salud Pública, en tanto los médicos rechazaron la “imposición autoritaria” del gobierno.
Minutos antes que el proyecto se considerara como urgente en el Senado, el ex ministro de Salud Pública y senador colorado Alfredo Solari advirtió sobre los riesgos de votar una ley que obligue a los anestésico-quirúrgicos a trabajar “contra su voluntad”, desde que precisamente se viola un precepto constitucional al barrer, pero en el oficialismo se dejó claro que la Presidencia de la República necesitaba votar esta ley, como fuera, para hacer frente a una situación que se le iba de las manos.
Por supuesto, la reacción en los médicos involucrados fue de profundo malestar, en un conflicto que tiene un contexto muy distinto por ejemplo al que ha caracterizado a las acciones de Adeom en Montevideo y las medidas de fuerza de la banca oficial, con asambleas controvertidas y denuncias contra la “aplanadora” montada por los dirigentes radicales afiliados al Partido Comunista para endurecer las medidas.
En el área de la salud, sobre todo, las situaciones que se han planteado tienen que ver con la asimilación por el Fondo Nacional de Salud de cajas de auxilio de profesionales, como escribanos y los propios médicos, en un común denominador que conlleva igualar hacia abajo, y en el caso de los anestesistas, se trata de un escenario que responde a un mercado que favorece su elevada cotización, porque hay un exceso de demanda respecto a la oferta, y los profesionales en defensa de sus intereses optan por trabajar en el sector privado, que es donde se les paga mejor y logran muy buenos ingresos.
Pero los conflictos siempre conllevan causar distorsión, afectando generalmente a los sectores más vulnerables, para “sensibilizar” por la vía de sus consecuencias a quienes tienen el poder de decisión. Cuando tiene que ver con el área de la salud la situación se agrava, y es mucho más compleja, sobre todo por la injusticia que entrañan las medidas de fuerza que se adoptan en pos de las reivindicaciones.
La respuesta del gobierno tras varios días de estériles esfuerzos por llegar a una solución fue promover de golpe y porrazo la ley aprobada por 23 senadores en 28, contando con la mayoría oficialista pero a la vez dividiendo el apoyo en la oposición. Varios de los senadores que se opusieron alertaron respecto a la inconstitucionalidad de la ley y dijeron que tendría el efecto contrario al buscado, ya que obligar a trabajar “contra la voluntad” alentará el “resentimiento”. Otros, como el colorado Pedro Bordaberry, votaron el proyecto pero plantearon sus dudas.
Este dijo que “es la primera vez que se obligará a ciudadanos a hacer algo compulsivamente”. Lo comparó con la militarización de los bancarios en 1968 y dijo que “lo más parecido a esto son las medidas prontas de seguridad”.
Pues de eso se trata, porque si bien hay escenarios que no son comparables, a la hora de argumentar sobre urgencias y consecuencias, los gobiernos, del signo que sean, han invocado la necesidad de defender a la población de las consecuencias de medidas de fuerza extrema y distorsionantes, y adoptan muchas veces respuestas que rozan la inconstitucionalidad o directamente podrían violar la Constitución. Por añadidura lo transitorio suele transformarse en permanente, cuando no se apunta a las soluciones de fondo a la problemática e invocando el interés general se barre para debajo de la alfombra, por lo que en gran medida, cuando de ejercer el gobierno se trata, nadie está en condiciones de arrojar la primera piedra.
Y cuando hablamos de temas como el que nos ocupa puntualmente, nos encontramos con que evidentemente si faltan anestesistas no es porque no haya interés de profesionales por formarse en esta área, sino porque la Facultad de Medicina, atendiendo presiones de los propios interesados, ha limitado los cupos para su formación, como ocurre asimismo en otras disciplinas, y es en este punto donde hay que poner el énfasis, aunque no es el único aspecto a corregir en la formación universitaria ni mucho menos.
La falta de transparencia, los corporativismos, la prescindencia e incluso el mantenimiento contra viento y marea de la vaca sagrada de la educación terciaria gratuita, aun para los estudiantes de familias pudientes que pueden costearse perfectamente, ha contribuido a generar distorsiones y contubernios cuyas manifestaciones solo se van remendando, y siempre se está reclamando más recursos pese a que el dinero se dilapida lastimosamente en formar profesionales que no se necesitan, y en cambio no se invierten en formarlos en las áreas en que realmente hay demanda, como debería ser en un país en serio.