Opinion | 18 Dic Según fue anunciado en el marco de una sesión de la Comisión de Vivienda del Senado, en la que se evaluó el proyecto de ley de promoción de vivienda de interés social, el gobierno habrá de fiscalizar de cerca el desarrollo de viviendas sociales para que sus beneficiarios no hagan negocios con los bienes subsidiados o entregados sin costo por el Estado.
La idea que se maneja es crear un registro de las personas a las que se adjudicará una vivienda social para lo que se considera un uso no deseado de los bienes entregados, e incluso un legislador sugirió que un mecanismo posible es que aquellos que accedan a una vivienda de este tipo deban pagar un impuesto sobre la venta del inmueble.
Al dar cuenta de esta posibilidad, el senador colorado Pedro Bordaberry, según informa El Observador, indicó que “de esta forma quien se benefició con la vivienda de interés social con una exoneración tributaria, cuando la venda para obtener una ganancia y no para darle el fin de vivienda, le estará devolviendo a la sociedad el esfuerzo que hizo”.
El punto no es únicamente asimilable a la posterior enajenación de unidades habitacionales subsidiadas o directamente entregadas por el Estado sin costo, como se ha hecho en determinados planes, sino que tiene que ver con toda la filosofía de los planes de vivienda y el papel a cumplir por el Estado, que al fin de cuentas vuelca con este fin los recursos que proporciona toda la sociedad, incluyendo a sectores de escasos recursos que igualmente no tienen lugar para acceder a la vivienda propia por esta vía o deben eternizarse en la espera ante los menguados cupos existentes.
Hubo un tiempo en el que a través de políticas de asistencia equivocadas se entregaban viviendas a sectores postergados de la sociedad --a veces no tanto-- como regalo del Estado --de todos nosotros en realidad-- porque se consideraba que no había derecho a exigir alguna contrapartida de los beneficiarios por no estar en condiciones de hacerlo.
La realidad demostró que se estaba en un profundo error, porque quien obtenía una vivienda por nada, en muchos casos, no la cuidaba, la dejaba caer y hubo no pocas ocasiones en que se terminaba vendiendo sus ventanas, puertas y artefactos sanitarios, sus instalaciones eléctricas, porque simplemente lo que no cuesta no se valora y se sabía que de algún lado iba a aparecer la asistencia para compensar lo que se había vendido. La excusa para estos excesos es la de siempre: “primero hay que comer, después se verá la vivienda”.
La máxima de que las cosas solo se valoran en su real dimensión cuando se obtienen con sacrificio se aplica perfectamente para este tema, por lo que desde hace algunos años se han instrumentado planes en los que se exige a los beneficiarios una contrapartida en trabajo o en ahorro, como una forma de asegurar la preservación del bien.
Es que a la vez, cuando en los reclamos se hace hincapié en la solidaridad de la sociedad hacia los que menos tienen, debe tenerse presente que estamos ante un escenario que no se agota en quienes han tenido la posibilidad de solucionar su problema habitacional, sino que al mismo tiempo hay muchos más compatriotas que esperan tener la misma oportunidad y para lo cual necesitan recursos, parte de los cuales se obtienen a medida que se va realizando la amortización del préstamo que permitió solucionar el problema de otros.
Por lo tanto, la solidaridad que se reclama muchas veces airadamente no se aplica hacia los demás, cuando hay beneficiarios que generan consecuentes deudas por el no pago de las cuotas, pero al mismo tiempo adquiriendo bienes prescindibles. Son notorios los atrasos que se habían registrado en buena parte de familias del Mevir –que sin embargo es quizás el mejor programa de viviendas sociales que ha impulsado el país--, como también en el caso de beneficiarios de Fucvam --al punto que dejaron en su momento de pagar deudas con el Banco Hipotecario por rechazo a reajustes y colgamentos--, y en muchos planes del Estado de varias tipologías y programas, en los que tanto los beneficiarios como el propio Estado han estado remisos en que se cumpliera con los obligaciones, más allá de las situaciones puntuales de imposibilidad, que por lo general resultaron ser las menos.
La enajenación de vivienda a su valor real, luego que fueron obtenidas por generosos subsidios que paga toda la sociedad, se inscribe en este modo particular de ver las cosas en una sola dirección, y sobre todo de asumir que una vez solucionado el problema de uno, los demás deben arreglarse como puedan, aunque estén en la misma situación por la que antes se reclamaban soluciones de carácter social.
Correspondería por lo tanto regular en forma específica las condiciones y compromisos para el retorno de los subsidios a la sociedad, que no pueden ser un regalo sino un instrumento para un fin específico que debe cesar una vez logrado éste, y evitar así que se propicien negocios inmobiliarios o sigan creándose situaciones de hecho a las que luego se procura solucionar con medidas de emergencia.