Opinion | 18 Dic Lamentablemente, a fuerza de repetición de hechos y de eslóganes, los uruguayos nos hemos (mal) acostumbrado a que en nombre de una buena causa pueden también transgredirse leyes que forman parte del ordenamiento institucional y por ende son parte indisoluble como garantía del estado de Derecho.
Peor aún, también en nombre de la justicia, de la solidaridad y de las buenas causas se suelen adoptar medidas que avasallan los derechos de los demás, sin ninguna posibilidad cierta de reclamo y de obtener por ejemplo satisfacción por la vía judicial del daño que se causa, desde que las responsabilidades se diluyen cuando se actúa en forma corporativa, como si sumar muchas voluntades en lo mismo otorgara automáticamente la razón.
Uno de los atropellos flagrantes en que se incurre por una “buena causa” a criterio de los protagonistas como de quienes los apoyan, son las ocupaciones de lugares de trabajo, tanto públicos como privados, que no solo significan un atropello a la propiedad privada, sino también una coacción a la libertad de trabajo, porque así como hay quienes están en su derecho cuando adoptan medidas de paro –generalmente decidido por una ínfima minoría de los trabajadores--, también lo tienen quienes no comparten los objetivos y/o las medidas de lucha y pretenden ingresar a trabajar pero no se los deja por tener las instalaciones ocupadas.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, al referirse a las ocupaciones como medidas gremiales abonó estas reflexiones, al señalar que a su juicio no se trata de una extensión del derecho de huelga “ni en la actividad pública ni en la privada”, y en particular dijo que incluso desde antes del decreto gubernamental que lo prohíbe la ocupación de edificios públicos es ilegal.
A la vez se pronunció a favor de establecer por ley determinados tipos de servicios públicos que no pueden ser afectados por medidas gremiales, porque “uno cree que las reglas de juego todos las conocemos y todos las respetamos pero a veces no se cumplen y se juega fuera de la demarcación de la cancha”.
Este es precisamente el punto, el dejar las cosas claras, para que no haya más malabarismos en base a lo que puede no estar muy claro en las normas, aunque sí en su espíritu, y sobre todo, extender al sector privado la prohibición de ocupaciones, porque lo que no es válido contra el Estado, mucho menos debería serlo para la propiedad privada.