Opinion | 21 Dic Periódicamente los sanduceros asistimos a las marchas que protagonizan ciudadanos sensibilizados por la trágica e injusta muerte de la joven Romina Severo, ocurrida cuando un “inimputable” de larga trayectoria delictiva –perdón, de infracciones-- le arrebató la cartera cuando transitaba en moto y con total desprecio por la vida humana la hizo caer bajo las ruedas de un ómnibus.
El sujeto está internado en dependencias del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) en Montevideo, de acuerdo a la legislación vigente, la que a la vez determina que cuando cumpla 18 años serán borrados todos sus antecedentes y podrá “incursionar” en la sociedad como cualquier persona sin antecedentes y lo que es peor aún, el juez no podrá tomar en cuenta sus tropelías como menor a la hora de comparecer por algún delito.
La absurda legislación que sobreprotege al menor, en las antípodas de lo que generalmente rige en países desarrollados y donde las cosas funcionan bien, sin eufemismos, es parte fundamental para que se dé el estado de cosas en que nos encontramos, aunque no la única, por supuesto, porque al fin de cuentas hay aspectos de la normativa vigente que contemplan penar una serie de situaciones que sin embargo no se aplican en la práctica por carencias en infraestructura de organismos como el INAU, pero también porque hay falencias en el Poder Judicial y tampoco se ha contado con voluntad política para enmendarlo.
Es decir que la Policía se ve enfrentada en la mayoría de los casos a delincuentes desalmados pese a su corta edad, que han transitado y se han perfeccionado en la senda del delito amparados en la impunidad absoluta de que gozan en los hechos, mientras la resolución judicial de “internarlos” en un hogar del INAU es en realidad una auténtica burla hacia la comunidad y una medida pour la galerie, desde que como todos sabemos, los menores de alta peligrosidad se fugan a las pocas horas de ser internados y vuelven a las andadas, y muchas veces el INAU ni siquiera informa a la Policía de que se ha registrado la fuga, por lo que no es de extrañar que una y otra vez el mismo antisocial sea “internado” tras robar, agredir o rapiñar a desprevenidos vecinos.
El punto es que los “inimputables” se saben intocables y en base a esta inmunidad han adquirido un gran conocimiento de la legislación vigente que los involucra, a efectos de aprovechar sus resquicios para manejarla a su favor.
Es así que últimamente se ha conocido que los adolescentes más peligrosos tienen una técnica para disparar cuando se enfrentan a la Policía, que consiste en colocarse de espaldas al agente y tirarle con el arma por arriba del hombro o entre el tronco y el brazo, hacia atrás, de forma tal que si el uniformado les dispara la bala impactará en la espalda y ello seguramente incriminará al agente o sembrará la duda en el juez, en base al relato de las dos partes. El policía no podrá plantear que se trató de un acto de legítima defensa y podría ser procesado por tentativa de homicidio u homicidio si el rapiñero muere.
Debe tenerse presente que de acuerdo al Código Penal para que se configure la figura de legítima defensa una de las condiciones conlleva la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, y si el que se defiende le dispara por la espalda al agresor deja de ser legítima defensa y pasa a ser homicidio. Este ardid es apenas una alternativa en las artimañas que utilizan los infractores al convertirse en hábiles declarantes para pasar siempre a presentarse en papel de víctimas en lugar de victimarios, porque la propia legislación y las dificultades prácticas hacen que se mezclen los tantos y no se esté por lo tanto en condiciones de trabajar adecuadamente con los menores que sí son verdaderas víctimas en su escenario social, y que pueden ser rehabilitados.
Este es uno de los aspectos claves en que debe trabajarse para por lo menos comenzar a hincar el diente en esta problemática, luego que la Asamblea General Legislativa decidiera por unanimidad integrar una comisión especial que está analizando la legislación sobre la minoridad. Están sobre la mesas aspectos claves como mantener los antecedentes de los menores para los delitos más graves y en crear el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor, es decir sustrayéndolo de la competencia del INAU –de aprobada incapacidad para manejar el tema—para primero contener y luego tratar de rehabilitar a estos inimputables, así como penar la tentativa de hurto, cuando parece poco menos que una broma de mal gusto que en la actual legislación esta figura no esté incluida.
Lo menos que cabe esperar del sistema político es acordar sobre estos puntos clave --todavía hay reticencias manifiestas en el partido de gobierno— porque la población no puede esperar más chicanas de unos pocos que quieren dejar todo como está, con la expectativa delirante de que las políticas sociales en diez o veinte años van a dar resultados y se va a agotar por sí el problema de la minoridad infractora.