Opinion | 24 Dic La reciente visita a Paysandú de directores de Ancap incluyó, además de contactos con autoridades departamentales y operadores locales, reuniones con los funcionarios nucleados en el gremio del ente, que es muy numeroso en nuestro departamento, donde funciona la fábrica de cemento Portland y depósitos de combustible, además de la destilería de alcoholes con una fuerte inversión en proceso a efectos de volcarse a la producción de alcohol para su uso como combustible en la mezcla con naftas, así como biodiesel.
Y hemos resultado sorprendidos con la versión de los directores expuesta ante los funcionarios, en el sentido de que no existiría a esta altura un planteo de empresarios brasileños de promover una asociación público privada con el ente a efectos de instalar en Paysandú una planta para producir unas 600.000 toneladas de cemento que sería destinado íntegramente a la exportación hacia Brasil, donde hay un fuerte déficit de oferta de este material para su desarrollo, sobre todo ante la demanda agregada que sobrevendrá con motivo de las obras para los estadios e infraestructura del Mundial de Fútbol que en pocos años organizará el país vecino.
Esta apreciación de Jorge Gómez y Daniel Camy contrasta en buena medida con lo expresado en su momento por los representantes de los empresarios de San Pablo y autoridades municipales encabezadas por el intendente Bertil Bentos e incluso el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimermann, en el sentido de que los potenciales inversores consideran fundamental establecer una asociación que potencie la inversión, utilizando la tecnología ya desarrollada por el organismo y su experiencia, así como el uso de los depósitos de caliza de la zona para la elaboración del material.
El punto es que los directores de Ancap sufrieron la presión directa del sindicato de trabajadores del organismo, que desde siempre han sido fuertes opositores a cualquier posibilidad de asociación, y mucho menos privatización parcial o total de su empresa y por extensión de todas las que tiene el Estado. No puede perderse de vista que junto con otros sindicatos estatales y el Pit Cnt, así como la fuerza que hoy está en el gobierno, fue promotora del plebiscito de 1992 contra la Ley de Empresas Públicas, luego contra la propia Ley de Asociaciones de Ancap que había sido votada incluso por el sector del ex ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori y la aprobación de la norma constitucional por la que el agua y su explotación debe quedar invariablemente en manos del Estado.
Como todos sabemos, las corporaciones de funcionarios estatales se oponen visceralmente a todo lo que pueda ser una participación de privados en áreas de las empresas públicas, monopólicas o no, primero porque ello pone al desnudo –como en el caso del cemento—por la competencia comercial, la absoluta ineficiencia y fracaso del Estado metido a empresario, y segundo, porque de esa forma defienden su empleo contra cualquier posibilidad, por mínima que sea, de que puedan pasar a la actividad privada y perder inamovilidad, beneficios y elevados salarios; y por las dudas, que no se les exija la productividad y condiciones que sí se aplican en la actividad privada simplemente porque otra forma no se subsistiría en el mercado.
En realidad no es del caso cuestionar en sí esta postura, por cuanto a su modo las corporaciones de funcionarios públicos y sus sindicatos cumplen la función de actuar en defensa de sus intereses, y en este caso la prioridad es tratar de evitar por todos los medios a su alcance que una empresa privada pueda de alguna forma limitar la actividad de la estatal y eventualmente amenazar puestos dentro del Estado.
Pero una cosa es lo que a ellos les sirve y otra muy distinta lo que sirve el país y al departamento, que necesita inversión privada para promover mano de obra y desarrollo, y es en este aspecto donde debe ponerse el énfasis.
Y más allá de esta controversia, de aparentes cambios de postura o malentendidos entre los directores de Ancap y el propio ministro de Industria y las autoridades departamentales encabezadas por la Administración Bentos, del boicot de los sindicatos estatales, en este caso el de Ancap, de volteretas en discursos adecuados a cada auditorio, lo que sirve el país y le sirve a Paysandú son las inversiones y la infraestructura que traen aparejada, invariablemente. Si la relación no va a ser una asociación y sí una relación comercial, con la concesión de yacimientos de caliza, pues que así sea, porque la inversión se haría de todos modos y eso es lo que importa. Pero lo menos que corresponde reclamar es que se deje de inventar y agitar fantasmas como la presunta defensa de la soberanía para trabar la llegada de capitales de riesgo, cuando lo que está siempre detrás es el temor de los sindicatos del Estado por procesos que puedan afectar aún de la forma más rebuscada sus puestos de privilegio.