Opinion | 29 Dic El reciente conflicto de los anestesistas, que dejó al desnudo un gran desfasaje entre oferta y demanda en esta profesión y por tanto amerita que se manifieste en una cotización salarial tan elevada que el Ministerio de Salud Pública se encontró en un determinado momento con que no había interés de profesionales de esta área para trabajar en sus dependencias, reafirma que existen grandes distorsiones tanto en el área de la formación en Medicina como en toda la salud.
Debe considerarse que existe un cupo de formación de nuevos anestesistas en la Facultad de Medicina, lo que explica que surjan no más de treinta por año, incluso teniendo en cuenta que hace pocos años se aumentó esta cifra. La explicación se centra en la oposición de los profesionales que actúan en esta área a que se capaciten más egresados en esta disciplina, de forma de mantener su alta cotización por las leyes del mercado.
Y si bien es válida esta defensa de intereses particulares --por supuesto a contramano del interés general, como es norma-- debe tenerse presente que el gran omiso en la materia es el Estado, ya que la enseñanza universitaria estatal y gratuita la pagamos todos los uruguayos, compulsivamente, y se da la paradoja de que mientras insólitamente la Universidad sigue reclamando año a año más recursos, al mismo tiempo mantiene abierta e ilimitada la matrícula, aprovechada en su enorme mayoría por los montevideanos, una gran parte de los cuales prácticamente se jubila concurriendo a las aulas universitarias, abandonan y retoman reiteradamente sus estudios y --si quieren-- se reciben o no a costillas de los ciudadanos de todo el país.
Todo cambia cuando priman determinados intereses, como en las especializaciones, y se dan casos como el de los anestesistas, a lo que se agrega el enorme desfasaje entre el número de médicos que ejercen sus actividades en Montevideo y los que lo hacen en el Interior, situación que se acentúa en áreas rurales.
La puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), con sus luces y sombras, tuvo igualmente la particularidad de igualar hacia abajo y, pese a que se han volcado a este objetivo cuantiosos recursos, las autoridades de la salud siguen demandando más dinero y ello explica que se pongan los ojos en los fondos de las cajas de auxilio, que permitirían ayudar a financiar el sistema pero a la vez con la pérdida de calidad de los servicios a los sectores beneficiarios.
Pero lo que es peor aún, en este esquema el gran olvidado es el Interior profundo, donde se pueden contar con los dedos de la mano los médicos residentes y existe un notorio déficit en materia de la atención primaria de salud, no ya en los actos médicos de mayor complejidad.
En oportunidad de oficializar en noviembre el lanzamiento del Programa Nacional de Salud Rural, en Guichón, el presidente José Mujica trató de dar un sentido simbólico a una iniciativa que ya había anunciado en la campaña electoral. Apoyado en su ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, el mandatario dijo que el proyecto se enmarca en el enunciado de “un medio rural habitable para un país de primera”, lo que por supuesto conlleva una problemática mucho más amplia que los servicios de salud, pese a la gran importancia que reviste esta área.
En el caso concreto de la salud, es notorio que el Interior todo, y fundamentalmente los pobladores de áreas rurales, se encuentran discriminados históricamente respecto a Montevideo y a las concentraciones urbanas en las que se agrupan los servicios, debido a la lejanía y a la centralización, que no solo refiere a las prestaciones de tecnología avanzada, sino también en cuanto a la cobertura de atención primaria, de cuya eficacia depende precisamente el trabajar con acierto en la tarea preventiva y detección precoz en grupos de la población con difícil acceso a las dependencias del Ministerio de Salud Pública y de la salud privada.
Para empezar a cambiar esta situación, una de las primeras medidas a adoptar, en coordinación con las autoridades universitarias --que se niegan a aplicar el cobro de matrícula a los estudiantes de familias pudientes, y en cambio cargan este costo sobre toda la población-- es la de disponer por lo menos que como forma de devolver a la sociedad lo que ésta les regala generosamente para que se formen como profesionales, éstos deban radicarse uno o dos años en zonas rurales, como puntapié inicial a su carrera en la medicina.
El gobierno no puede seguir haciéndose el distraído en esta problemática --también lo hicieron los anteriores, es cierto-- para realmente promover una acción revulsiva a favor de la salud de los ciudadanos olvidados del Interior profundo, porque ello debería formar parte no solo del Plan Nacional de Salud Rural, sino también de uno de los capítulos de la reforma integral del Estado.
Si bien esta realidad no puede cambiarse de “golpe y porrazo” con un programa, por más buenas intenciones y recursos que se vuelquen --si partimos por ejemplo de la base de que de cada cuatro médicos que hay en el Uruguay, tres residen y trabajan en Montevideo, que todos los institutos de medicina altamente especializada (IMAE) están instalados en Montevideo, y que hay una infraestructura creada que establece que los atractivos para la formación profesional, capacitación e ingresos consecuentes para el personal de la salud esté disponible solo en el anillo metropolitano-- es hora de empezar a hacer algo efectivo para cambiar este estado de cosas y no solo mencionar una y otra vez, con palabras que suenan lindas al oído, lo que se debería hacer…algún día.