Opinion | 27 Dic La puja de los gremios --sobre todo de los que integran el sector de funcionarios del Estado-- por obtener mayores salarios y beneficios enmarcados en el Presupuesto Quinquenal, ha sido uno de los factores del empuje de la conflictividad en este primer año de gobierno, pero que tiene sus raíces evidentemente en la gradual transferencia de poder que les otorgara el gobierno de Tabaré Vázquez mediante concesiones y normativas que siempre privilegiaron a los sindicatos por sobre el resto.
Lo que han hecho los sindicatos por lo tanto es interpretar cabalmente este mensaje y tirar siempre más de la piola, lo que se manifestó también en el ámbito privado en cierto momento pero que ha tenido una explosión en el ámbito estatal en este año, y que lejos de desinflarse con el paso de las semanas y los meses, se ha propagado como un incendio en la hojarasca de verano, porque en mayor o menor medida siempre se les ha concedido lo que pretendían.
Por supuesto, quienes más tironean son los sindicatos con mayor poder de presión o chantaje, como ha sido el caso de los bancarios estatales y Adeom en Montevideo, pero en los últimos tiempos hubo un cambio sustancial respecto al período anterior que se manifestó en su máxima expresión con el decreto de esencialidad para los servicios clave del Estado aplicados en esta oportunidad por José Mujica, una medida similar a la aplicada en la época de Jorge Pacheco Areco. La razón es la misma de hace cuarenta años: contener los desbordes sindicales que en mayor o menor medida amenazan con desestabilizar al gobierno o por lo menos dejarlo en evidencia ante el ciudadano común.La diferencia en escenarios entre los grupos de funcionarios del Estado y los privados queda plenamente de manifiesto a la hora de la expresión de “solidaridades”, desde que es evidente que los gremios estatales llevan las de ganar en cuanto a sus movilizaciones, porque tienen inamovilidad, la mayoría de las veces no se les descuenta por los paros y a la vez tienen verdadero poder de chantaje en la prestación de servicios, dejando mal parado al gobierno de turno y en este caso a la coalición de izquierdas, sus aliados de todos los tiempos. Pero sobre todo, una cosa es un trabajador que en el ámbito privado es copartícipe en gran medida en los emprendimientos de riesgo, tanto de carácter productivo como de servicios, y otro es desempeñarse en el ámbito del servicio público, donde la empresa no corre riesgo de quebrar o de perder mercado, porque aún quedando en rojo tiene al Estado detrás, que siempre encontrará la forma para exprimir un poco más al ciudadano común y así sostener el funcionamiento de la administración central. Un claro ejemplo de esta dicotomía, por si hiciera falta, lo tenemos actualmente los sanduceros con la situación que enfrenta la empresa Paylana, cuyos empleados han cobrado con atraso sus haberes quinquenales y a la vez no han podido recibir el medio aguinaldo dentro de los plazos establecidos porque la empresa está desfinanciada en esta coyuntura y solo podrá hacer frente a esta obligación, según ha trascendido, de recibir asistencia financiera del Banco de la República hasta recomponer el esquema de negocios con el exterior y eventualmente ser partícipe de una asociación comercial con inversores.
Y uno de los aspectos que debe cuidarse, para poder hacerlo con éxito, es la productividad, factor clave para competir en mercados internacionales donde participan grandes productores como China, que tienen costos muy inferiores por su escala de producción, subsidios y mano de obra barata, lo que hace que deba trabajarse en forma particular en la ecuación calidad-precio y vinculaciones comerciales para poder acceder a los mercados.
Pero este elemento clave en el esquema es una mala palabra entre los gremios del Estado, que lo consideran una manifestación de explotación, cuando en todo el mundo este parámetro es sinónimo de palanca de desarrollo y la llave para poner bienes y servicios más cerca del poder adquisitivo de la gente y consecuentemente de mejora de calidad de vida.
Por ende, un aspecto revitalizador en las empresas que son grandes fuentes de empleo en el país debería alcanzarse mediante un “paquete” removedor que incluya innovaciones tecnológicas de la mano de la inversión, acompañado por una educación formativa que capacite mano de obra especializada, con énfasis en condicionar los aumentos reales de salarios a la productividad, lo que también es válido –sobre todo— para los funcionarios estatales, a efectos de una mayor eficiencia, abaratamiento de bienes y servicios y mejora en la competitividad internacional.
Mientras no lleguemos a estas condiciones para el despegue, seguiremos como perro viejo, royendo el mismo hueso ya sin dientes y, en definitiva, con el Estado sacándole cada vez más dinero a los uruguayos para financiar su funcionamiento su propia burocracia. Es decir debatiéndonos en la mediocridad, emparejando hacia abajo y lo que es mucho peor, atándonos de pies y manos a la hora de asomarnos en condiciones de competir con bienes con valor agregado y no solo en base a commodities como materia prima, como hasta ahora.