Opinion | 28 Dic Una serie de conceptos desmenuzados durante la reciente visita a nuestra ciudad del ministro del Interior Eduardo Bonomi, del defensor público penal y de menores doctor Julio Guastavino y del presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) Javier Salsamendi, dan la pauta de que en algunos de nuestros gobernantes sigue primando la mentalidad de trasladar responsabilidades propias a los demás y sobre todo restarle entidad a problemas que rompen los ojos.
En esta rueda de opiniones, que resultó muy interesante para conocer de primera mano como se evalúa un escenario que es muy preocupante para la población, se analizaron políticas de Estado y sociales tendientes a disminuir la inseguridad, que por lo menos ya se ha dejado de mencionar en el gobierno como simplemente una “sensación térmica” para reconocer, tras mucho tiempo y a regañadientes, que la problemática existe, aunque responsabilizando a los medios de comunicación por un tratamiento de la información policial que a su juicio sobredimensiona los hechos y resulta perjudicial para la sociedad al potenciar la sensación de miedo e inseguridad.
Para Salsamendi, en buena medida todos los medios de comunicación son responsables de promover estas sensaciones en la comunidad a través de un tratamiento inadecuado de la información. En medio de la charla Salsamendi, a su pregunta sobre si “los medios ayudan a prevenir o a amplificar el problema de seguridad”, respondió que “no tengo ninguna duda que ayudan a amplificarlo porque son parte de ese problema, porque claramente el miedo vende”. Agregó que “en muchísimos casos se trata más de vender que de informar objetivamente” y cuando eso se vuelve habitual genera “una sensación absoluta de desprotección total y en quien se va a arriesgar a cometer un delito una sensación de absoluta impunidad y esto no ayuda a resolver el problema”. Por su lado Guastavino también consideró que “muchas veces los medios inflan esa sensación térmica y no ayudan, no colaboran. Hemos escuchado y hemos controlado algunos programas de televisión capitalinos donde por más de 45 minutos están pasando noticias de determinados delitos que por supuesto nos preocupa, pero también es cierto que la mayor cantidad de muertes en Uruguay suceden por accidentes de tránsito y por enfermedades cardiovasculares o por cáncer”.
Coincidimos con los expositores que algunas veces se hace un show con delitos que para los problemas que enfrenta el ministerio del Interior pueden ser menores, aunque para quien sufre un simple robo, su propiedad ha sido violada, su automóvil destrozado por un menor infractor o le robaron la cartera en la vía pública estos asuntos son muy serios, y son los verdaderos generadores de la “sensación de inseguridad”. Que un informativo tenga material suficiente para producir 45 minutos de información interesante para los televidentes sobre temas policiales todos los días, significa que pasan demasiadas cosas, o en su defecto es un invento del medio periodístico, cosa que no está en tela de juicio. Por supuesto que para el gobierno sería mucho mejor que nada de esto trascendiese, de forma de dar la mejor imagen ante la ciudadanía, pero a nuestro parecer lo más conveniente es que las autoridades tomen conciencia del daño que sufren miles de uruguayos cada día por la acción de los malvivientes y hagan algo efectivo para revertir esta situación, y así seguramente no habrá por qué ocupar tanto tiempo de pantalla para la delincuencia.
Pero el gran problema está en la posición ideológica dentro del mismo gobierno, que sobreprotege a los delincuentes y justifica sus actos. No hace mucho la propia ex ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, junto con el senador comunista Eduardo Lorier, se hicieron presentes en una asonada de “infractores” en un hogar correccional del INAU e intentaron evitar la actuación policial contra “mis chicos”, al decir de la ministra, refiriéndose a los menores internados por rapiñas, violaciones, robos y homicidios, y que a la vez secuestraron al propio legislador que se había ofrecido como chofer para “protegerlos” de la Policía.
Salsamendi también evaluó en su charla que en su institución “hay que mejorar notoriamente la gestión” y aseguró estar trabajando para eso, en cuyo marco “esperamos poder llegar a marzo con cien plazas nuevas en el sistema de privación de libertad para adolescentes” lo que permitirá mejorar condiciones de seguridad, el trabajo socioeducativo y los niveles de habitabilidad descongestionando los centros.
Sin dudas esta es una muy buena noticia para la ciudadanía, que desde hace años reclama medidas en este sentido. El INAU ha probado ser completamente ineficaz en la rehabilitación de los infractores, no cuenta con los medios necesarios y se ha convertido en una universidad de la delincuencia. Nos afiliamos con énfasis a la idea de que el INAU debe quedar circunscrito al cuidado y recuperación de menores con serios problemas de inserción social o desvalidos, y que como ha sido motivo de acuerdo por unanimidad de todos los partidos, debe crearse otro instituto que se encargue del tratamiento de los infractores, con infraestructura, recursos humanos y materiales adecuados para esta tarea. Pero también en conjunción con la Justicia se debería actuar en los casos de abandono por sus padres o tutores, o cuando son incitados –por acción u omisión— a delinquir.