Opinion | 31 Dic En reciente audición por una radio capitalina, el presidente José Mujica hizo hincapié en las deficiencias notorias de la educación pública en nuestro país y señaló que será un tema prioritario para el gobierno en el año que comienza, por lo que formará parte de la hoja de ruta de su administración en los próximos meses.
Debe tenerse presente que si bien estamos hablando de la misma persona, el presidente Mujica suele aludir en sus audiciones a lo que se debería hacer, con sentido filosófico, pero a la hora de bajar al piso lo que teoriza en sus audiciones radiales, se encuentra con una realidad que no puede materializarse por decreto, empezando porque como presidente es también el jefe de una fuerza política donde subsisten serias diferencias entre sectores pragmáticos y radicales, entre ellos muchos que por razones ideológicas se niegan a siquiera considerar los planteos que formula el mandatario. Peor aún, por momentos pareciera que todo lo que anuncia el presidente públicamente, automáticamente fracasa en su instrumentación por problemas burocráticos, políticos o de cualquier otra índole, lo que da para suponer que existe cierta intencionalidad en dejarlo en evidencia de que los compromisos que asuma ante la ciudadanía no prosperarán.
Seguramente el disparador para que Mujica volviera a ocuparse del tema –lo había hecho en forma reiterada durante la campaña electoral— fue en este último caso los pobres resultados obtenidos por Uruguay en las pruebas internacionales PISA, que evalúan la calidad educativa en 65 países, y nos encontramos con que integrantes del Poder Ejecutivo, incluyendo al propio ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, la subsecretaria María Simon y el consejero de Secundaria Daniel Guasco –quien hasta consideró que debería cambiarse por una pruba “a la uruguaya”— restaron relevancia al hecho de que nuestro país estuviera entre los peor calificados y siguen en sus trece en esta materia.
Paralelamente el ciudadano común, la sociedad en su conjunto, sabe muy bien que hay un creciente deterioro en la calidad educativa, que los problemas se han agravado con el paso de los años y que el sensible aumento de recursos presupuestales hacia el sector no ha cambiado un ápice esta realidad, pese a que se siguen reclamando más y más fondos.
También lo saben muchos integrantes del gobierno que seguramente prefieren procesar en silencio un tema que es vital para el presente y el futuro del país, aunque no todos lo dicen. La excepción la marcaron en los últimos días el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, quienes cuestionaron que aunque cada vez se vuelcan más recursos en la enseñanza pública, los resultados son cada vez peores. Lo que no resulta extraño puesto que llevado al plano económico, se trató de una pésima inversión, donde los cuantiosos recursos que se vertieron en mejorar la educación cayeron en un barril sin fondo.
En su audición el mandatario respaldó esta visión crítica y manifestó que “el gobierno tiene que aceptar sin vueltas que tenemos problemas en la enseñanza”, y que su solución debe ser la preocupación central en 2011, para acotar que “los datos sobran y no hay que repetirlos. Tampoco hay que andar eludiendo el bulto o la responsabilidad”.
Y por supuesto, en tren de responsabilidades son muchas las que corresponden no solo a las autoridades de la enseñanza, que en su defensa a ultranza de la autonomía han mostrado total parsimonia ante las necesidades urgentes de reforma del sistema educativo, sino también a la fuerza política que encabeza el presidente, que aprobó una Ley de Educación tras asambleas de consulta en todo el país donde se le presentó un “plato” que solo refiere a otorgar más poder a los gremios de la enseñanza, sin exigir “productividad” alguna, es decir, calidad y compromiso con la enseñanza.
Mujica consideró como una “especie de mandato imperativo del ahora que hay que hacerlo saber” el lograr “todas las formas posibles de docencia que hagan que nuestro capital de gente joven se califique profesionalmente”.
No puede extrañar que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) haya salido en defensa de Guasco, confirmando la actuación corporativa de los gremios para que nadie se atreva a cuestionar lo que (no) se hace en la enseñanza, y manifieste que las declaraciones de figuras políticas que se expresaron contra las afirmaciones de Guasco son “ataques improcedentes, falaces y antidemocráticos”, poniendo énfasis en que el docente y el sindicato tienen un “compromiso con una educación nacional, popular y democrática”.
Es decir, sin siquiera rozar el tema de fondo, que no es una cosa menor, porque no se está formando a los jóvenes para su inserción laboral, el nivel de conocimientos de los estudiantes sigue en descenso, no se capacita para contar con una fuerza laboral calificada y ello explica en buena medida el gran porcentaje de deserción de quienes por distintas causas buscan abrirse camino en la vida, con el sentimiento de frustración de que han desperdiciado valiosos años sin haber recibido formación valedera que les diera herramientas para poder ganarse su sustento decorosamente.