Según el director de INAU

Locales | 27 Dic Durante la vista en nuestra ciudad del Ministro del Interior Eduardo Bonomi, del defensor público penal y de menores doctor Julio Guastavino y del presidente del INAU doctor Javier Salsamendi, se abordaron políticas de Estado y sociales tendientes a disminuir la inseguridad. Asimismo durante la charla debate surgió una dura crítica a los medios de comunicación que, según su percepción, hacen un tratamiento de la información policial que resulta perjudicial para la sociedad incitando a la radicación del miedo y a la sobredimensión de la sensación de inseguridad.
¿Habrá que censurar información?
El director del INAU no evitó incluir a todos los medios de comunicación como responsables de promover el miedo en la comunidad y aumentar la sensación de inseguridad a través de un mal tratamiento de la información. En medio de la charla Salsamendi se preguntó: “¿los medios ayudan a prevenir o a amplificar el problema de seguridad?”, a lo que respondió: “no tengo ninguna duda que ayudan a amplificarlo porque son parte de ese problema, porque claramente el miedo vende”. Agregó que “en muchísimos casos se trata más de vender que de informar objetivamente” y cuando eso se vuelve habitual genera “una sensación absoluta de desprotección total y en quien se va a arriesgar a cometer un delito, una sensación de absoluta impunidad y esto no ayuda a resolver el problema”. Continuó afirmando que los medios y los periodistas si bien no son el problema “con esta política no ayudan a prevenir ni a resolver el problema”.
Guastavino compartió la idea asegurando que “muchas veces los medios inflan esa sensación térmica y no ayudan, no colaboran. Hemos escuchado y hemos controlado algunos programas de televisión capitalinos donde por más de 45 minutos están pasando noticias de determinados delitos que por supuesto nos preocupa, pero también es cierto que la mayor cantidad de muertes en Uruguay suceden por accidentes de tránsito y por enfermedades cardiovasculares o por cáncer”.
Por otra parte Salsamendi resaltó la importancia de evitar la estratificación de la sociedad: “hay que evitar que haya zonas que se conviertan en zonas liberadas como ocurre en otros países” porque aunque “la exclusión no es el único elemento que incide en los aspectos del delito, porque no todos los pobres delinquen, es un problema sustantivo en parte de este tipo de problemas”, e insistió en que “las sociedades más seguras son las sociedades más integradas”. Dijo que si bien “la pobreza no genera delincuencia, la absoluta mayoría de los que cometen delitos y son atrapados y juzgados son pobres. Por ende ahí hay una variable sobre la que necesariamente hay que continuar trabajando”.
Autocrítica y trabajo
Respecto de la institución que dirige confesó que “hay que mejorar notoriamente la gestión” y aseguró estar trabajando para eso. “Esperamos poder llegar a marzo con cien plazas nuevas en el sistema de privación de libertad para adolescentes” lo que permitirá mejorar condiciones de seguridad, el trabajo socioeducativo y los niveles de habitabilidad descongestionando los centros. Además se está capacitando, dijo, a los funcionarios, sobre todo a quienes trabajan en “infracciones y en privación de libertad. Este es un trabajo de ordenamiento que necesariamente hay que hacer en todo ese sistema. No es sencillo y no es rápido”. Señaló que INAU tiene un proyecto dotado de “una comisión delegada con amplios poderes integrada por tres miembros que representen la totalidad del sistema político uruguayo, una gerencia y cinco programas que se van a desarrollar en esto; invitamos a salud pública y a ASSE para que trabajen en las adicciones y problemas psiquiátricos”. El instituto trabaja además en la elaboración de un proyecto de “egreso y reinserción” del que participarán además los Ministerios de Educación y Cultura y del Interior. Entretanto se estudia la construcción de nuevos inmuebles que proporcionen mayor seguridad y eviten las fugas, que “si las hemos bajado dramáticamente, todavía no es aceptable”, aseguró Salsamendi. Lo fundamental es “lograr que las medidas que dispone la justicia se cumplan y esa es nuestra obligación”, concluyó Salsamendi.
seguridad:
Trabajo de todos
El doctor Guastavino ahondó en el concepto de participación ciudadana asegurando que el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente aconseja permanentemente a los Estados asumir la más fuerte técnica legislativa en que la gente pueda participar. A su entender las Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana constituyen una herramienta que “ha sido muy útil incluso en países con una fuerte violencia y criminalidad como Guatemala, Honduras, El Salvador”. La inseguridad, dijo, no es un tema exclusivo del Ministerio del Interior, “la criminalidad no se puede terminar poniendo un policía en cada casa, en cada moto, en cada víctima” sino que la comunidad debe tomar una postura activa a través de las referidas mesas. “El Ministerio del Interior y sus técnicos son una pata central de esta comisión barrial pero también lo son las autoridades municipales y fundamentalmente los vecinos”. Al respecto Bonomi señaló que el desarrollo de la policía comunitaria junto con las Mesas Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el acercamiento de la policía al ciudadano constituyen la gran apuesta del Ministerio del Interior con la comisaría como base de la Policía.
Prestigiar la
carrera del delito
El ministro dijo que hay dos temas que no se han podido resolver; el incremento de las rapiñas y de la participación de menores en diferentes delitos. Bonomi explicó que “las rapiñas no sólo aumentaron sino que sustituyeron a los hurtos y a los arrebatos por la jerarquización del victimario”. Indicó que cuantos más delitos haya cometido una persona y a mayor violencia utiliza, mayor prestigio adquiere el delincuente.
De las 51 rapiñas que hubo este año en Paysandú, 36 fueron aclaradas y de éstas el 50% fueron cometidas por menores. “Si no identificamos el problema lo resolvemos mal. Yo estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad, pero no por eso voy a disimular la participación de menores, estoy a favor de tener en cuenta los antecedentes”. Precisó que la pena no es la cantidad de años que deba estar privado de libertad sino “el tratamiento que tiene que recibir”.
cambio de fondo
Respecto de los tratamientos que debe recibir un menor infractor, el ministro señaló que no pasa por “el tiempo que tiene que estar privado de la libertad sino por la aislación del sistema o el medio que lo llevó a la delincuencia”. En este sentido dijo que “si el menor es devuelto a sus padres que lo mandaban robar, lo mandan a robar de nuevo, lo ayudan a robar, si uno quiere ayudar al menor hay que aislarlo de ese medio que lo lleva al delito”. En este sentido aseguró que un alto porcentaje de mujeres y hombres que delinquen fueron víctimas tempranas de la violencia para luego reproducir en otros lo que sufrieron.
Es fundamental brindarles un tratamiento que tenga conexión con la víctima, no con el victimario, tratamiento que sea capaz de hacerle entender el dolor que puede sentir la persona a quien dañó, “que sienta la necesidad del trabajo o del estudio”.
Finalizó precisando que el paso inmediato a evitar la fuga de la persona privada de libertad es que “el tratamiento que reciba no sea el que está recibiendo hoy, ni en cárceles de mayores ni en privación de libertad de menores. Necesitamos modificar ese sistema y esa es la gran apuesta que estamos haciendo”.