Opinion | 05 Ene Hace pocas horas la Cancillería argentina anunció que desactivará la Comisión Binacional del Puente Buenos Aires-Colonia (Cobaico), que funciona desde hace más de siete años sin control administrativo ni tareas redituables, cuando estamos ante un proyecto que Uruguay disolvió en 2005 por decisión del entonces presidente Tabaré Vázquez. La medida se efectivizará antes del 31 de enero, de acuerdo a lo manifestado por fuentes del ministerio que conduce Héctor Timerman.
Una decisión que en primera instancia puede ser intrascendente --porque en los hechos el proyecto se considera como “olvidado”-- es sin embargo todo un símbolo del grado de enajenación con que se lanzan iniciativas por intereses centralistas y de geopolítica ajenos a los respectivos intereses nacionales en ambas orillas, como hemos señalado a lo largo de los años en EL TELEGRAFO.
Para tener una idea de la magnitud del despilfarro de dinero que conlleva la puesta en marcha de las comisiones que apuntaban a hacer realidad el proyecto del puente binacional sobre el Río de la Plata, debemos mencionar que desde el Palacio San Martín pidieron el cierre de las oficinas donde funciona Cobaico, la finalización de todos los contratos laborales de los empleados que allí trabajan, el cierre de todas las cuentas bancarias relacionadas con la comisión y el traslado de bienes, equipamiento y archivo documental a la sede de la Cancillería.
Ocurre que la Cobaico era la encargada, desde hace 18 años, nada menos que de administrar y estudiar la viabilidad de la construcción del puente y como se trataba de un proyecto binacional se formaron comisiones en ambas orillas que realmente fueron un barril sin fondo al que se destinaron decenas de millones de dólares. Todo eso en el marco de una gran burocracia y con equipos técnicos que medraron en las cercanías de los gobiernos centrales de ambas orillas para tratar de acordar en torno a una idea “integracionista” que era sin embargo un golpe de gracia para el desarrollo integral de la región, al postergarse los intereses de las provincias argentinas y del interior de nuestro país --sobre todo el norte del río Negro-- en aras de acentuar la actividad económica y el centralismo de Buenos Aires y Montevideo. Además esta comisión se formó en 1985 durante el gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti e incluso nuestro país aprobó en el Parlamento un proyecto de ley de tratado binacional para permitir el funcionamiento del puente, el que ni siquiera fue considerado en la Argentina debido la a fuerte oposición parlamentaria, que contrariamente a lo ocurrido en Uruguay reflejó la postura de representantes provinciales que se opusieron tenazmente a lo que sería un golpe de gracia para su desarrollo socioeconómico, como iba a ocurrir también de este lado.
La idea del faraónico puente –nunca mejor empleada esta palabra que describe en sí sola la fantasía en que se estaba incurriendo— tomó impulso precisamente cuando ya desde hacía años funcionaban los tres puentes sobre el río Uruguay, es decir el de Fray Bentos-Puerto Unzué, el de Paysandú-Colón y el de la represa de Salto Grande, por lo que el argumento de la interconexión y la integración se caía por su propio peso, quedando al desnudo los intereses netamente centralistas.
El proyecto era tan desmedido que no se pudo siquiera considerar financiación a través de los estados de ambos países y tampoco se logró interesar a privados, y en el caso de nuestro país la comisión fue disuelta en 2005, y lo único inexplicable –bueno, no tanto— es que en Argentina haya seguido en pie hasta ahora, con un gran presupuesto de técnicos, administrativos y de funcionamiento para un proyecto fantasma.
El solo hecho de que se haya puesto sobre la mesa y creado comisiones para tratar de hacer realidad esta idea da la pauta de la enajenación de los gobiernos centrales y del séquito de grupos corporativos con intereses creados en la problemática, porque de alguna manera podría explicarse en países desarrollados que cuentan con grandes recursos económicos e infraestructura consolidada, pero no en una región en la que hay enormes carencias y se necesitan inversiones en logística de apoyo a sectores productivos que requieren de instrumentos para mejorar la producción, potenciarla y estar en condiciones de salir mejor perfilada a un mundo globalizado y altamente competitivo.
Así, debe valorarse como un aporte positivo en este caso puntual la decisión que adoptó en su momento el gobierno de Tabaré Vázquez de enterrar este delirante proyecto y en cambio dedicar tiempo y esfuerzo a promover acciones que sí van a servir para el desarrollo integral del país, como es el caso de las inversiones en infraestructura portuaria en el Litoral, los todavía infructuosos intentos de reactivar el ferrocarril y promover por el actual gobierno la inversión privada para construir un puerto de aguas profundas en Rocha, entre otras acciones que sí necesita el país para darse un futuro sustentable sobre bases sólidas.
Es que cuando de promover inversiones se trata, de incorporar instrumentos para el desarrollo, para la integración regional, para la complementación energética, productiva y de servicios, no valen los esquemas estereotipados de izquierda y de derecha, sino de tener el necesario pragmatismo y decisión para hacer lo que se debe hacer, sin dogmatismos ni esquemas ideologizantes que van a contramano del interés general cuando se llevan a ultranza.