Opinion | 07 Ene Hace pocas horas el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuestionó duramente las estadísticas divulgadas por “observatorios” de organizaciones no gubernamentales (ONG), que dan cuenta de datos sobre actos delictivos protagonizados por menores de edad y que a su juicio remiten a un escenario que está muy lejos de la realidad.
Para Bonomi, las cifras que se proporcionan, sobre todo en relación a la participación de menores en rapiñas, son apenas una mínima parte de lo que ocurre en realidad, porque se toman datos aislados de juzgados con extrapolaciones que no reflejan la real participación porcentual de infractores.
Ocurre que la problemática que rodea a la minoridad está desvirtuada por grupos interesados en minimizar el problema, como si ocultándolo pudiera engañarse a la ciudadanía que a diario es agredida por quienes son puestos en calidad de víctimas por motivos ideológicos o por posturas que se niegan a aceptar otra visión que no sea la propia.
Mientras tanto en Paysandú, en forma periódica, centenares de personas reclaman en marchas por el centro de la ciudad medidas que permitan combatir la delincuencia protagonizada por menores, ante una opinión pública sensibilizada por la horrible muerte de Romina Severo (víctima del ataque de infractores que son inimputables por no haber cumplido 18 años) y afectada recurrentemente por episodios de violencia protagonizados por menores de edad.
Obviamente ni el ciudadano más despistado ignora que la delincuencia no se reduce solo a la minoridad y que en las manifestaciones de violencia asociadas a robos y asaltos hay también una alta participación de mayores de edad, pero la gravedad de la situación responde inequívocamente a la sobreprotección e impunidad a ultranza que una legislación absurda ha instaurado, rompiendo el equilibrio en beneficio de quienes desde temprana edad incursionan en la senda del delito.
Todos sabemos que los “infractores” entran y salen como quieren de hogares del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), que está “pintado” en lo que refiere a la contención y rehabilitación de menores, y tampoco cumple cabalmente con el fin social de proteger a la minoridad desvalida.
Para que se dé esta situación no solo estamos ante un organismo absolutamente ineficiente y cerrado a una realidad harto evidente, que da prioridad a lo accesorio mientras en sus barbas se venden bebidas alcohólicas a menores, proliferan las drogas, los arrebatos, los hurtos y los menores en situación de calle, sin que intervenga o se dé por enterado. Además hay otras omisiones y responsabilidades flagrantes en dependencias y organismos del Estado, donde hay quienes actúan pour la galerie y no asumen las responsabilidades que les caben, limitándose a “patear la pelota para adelante” para ver qué pasa.
Es indudable que las leyes vigentes en materia de minoridad han quedado superadas y congeladas hace un siglo, cuando los niños y adolescentes crecían con otros valores familiares y de la sociedad, e incluso los más inadaptados tenían respeto por los mayores y la autoridad, y por lo tanto las posibles respuestas a sus problemas pasaban por parámetros muy diferentes a los actuales.
Y si bien a menudo los jueces fallan con demasiada condescendencia respecto a los delitos protagonizados por menores, no es menos cierto que no pueden hacer mucho con un marco legal que sobreprotege a feroces delincuentes que son entregados a sus padres o internados en hogares de los que se fugan al rato, por más que la población indignada cargue las tintas sobre los magistrados o se agolpe ante los juzgados.
De la misma forma debe tenerse presente que la Policía, también cuestionada por el ciudadano común por considerar que hace poco y nada contra el accionar delictivo de los menores, está atada de pies y manos por la legislación que los ha convertido en intocables. Además debe dedicar horas y días a atraparlos, para que luego sean entregados a sus padres o los suelten sin más, en tanto por esta legislación absurda se debe enfrentar a hábiles declarantes que manifiestan ante los jueces que han sido víctimas de apremios físicos.
Sin embargo, ante este escenario desalentador, nos encontramos con que en el ámbito político recién se ha quebrado con posturas de siempre en sectores del oficialismo que se cerraban “a cal y canto” contra toda innovación en la materia, y es así que hay acuerdo legislativo para crear un nuevo instituto de contención y rehabilitación del menor por fuera de la órbita del INAU, para que por lo menos la modalidad de internación a disposición de los jueces no sea una mera formalidad, pese a que hay todavía resistencia en el oficialismo a que se baje la edad de imputabilidad.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en tanto representante del Poder Ejecutivo, al desmentir las cifras que pretenden disfrazar la realidad, da la pauta de que existe saturación en el gobierno respecto a esta problemática, con visiones contrapuestas pero en las que por fuerza de los hechos están primando aquellas que indican que algo hay que hacer en defensa del ciudadano, lo que está muy bien. Pero en los hechos también confirma que se ha perdido un tiempo precioso para reconocerlo y actuar en consecuencia, que se perdieron además muchas vidas inocentes, se destruyeron bienes y se generaron situaciones traumáticas, simplemente por no dar el brazo a torcer pese al clamor ciudadano que ahora se trata de atender.