Policiales | 03 Ene La Policía sanducera aclaró los seis homicidios que se registraron en el año que acaba de finalizar. En su mayoría, los casos fueron resueltos en menos de 72 horas, gracias al trabajo en equipo de varias reparticiones policiales. Por su parte, la Justicia pudo dictaminar sentencias en todos, enviando a siete hombres y una mujer a prisión; y ordenando la internación de tres menores en dependencias del INAU. Las víctimas fueron tres mujeres, dos hombres y un recién nacido.
10 DE FEBRERO
La mañana de ese día comenzaba con un nuevo fallecimiento por un hecho de violencia doméstica, cuando en las inmediaciones de Bulevar Artigas y República Argentina, un hombre de iniciales D.A.B., de 35 años, asestó varias puñaladas a su ex pareja, Luciana Cecilia González Scaboni, de 32.
Testigos del asesinato manifestaron a personal de la Seccional Tercera que González Scaboni conducía una moto y al llegar a una estación de servicio de la zona fue interceptada por un hombre que piloteaba otro birrodado, con el cual mantuvo una discusión. El sujeto se retiró del lugar, pero a los pocos metros volvió contra ella, oportunidad en que extrajo un cuchillo desde su matera y le dio dos puñaladas. La joven intentó huir pero fue alcanzada nuevamente por D.A.B., quien la arrojó al piso y volvió a apuñalarla.
Posteriormente, el agresor se entregó a la Policía y la Justicia resolvió su procesamiento con prisión por un delito de homicidio.
22 DE FEBRERO
El terrible suceso ocurrió cuando Ana Carolina Torrens Miranda, de 33 años, fue trasladada desde el frigorífico en que trabajaba al servicio de emergencias de Comepa presentando abundante sangrado. Ante el diagnóstico médico se constató que la mujer se había practicado un aborto, por lo cual se dio aviso a la Seccional Cuarta.
Investigado el hecho se inspeccionó una mochila que Torrens Miranda transportaba, hallándose el cuerpo sin vida de una recién nacida. Examinada por el forense, se constató que había nacido viva, producto de un embarazo a término y cuyo deceso se produjo por asfixia.
La Justicia dispuso el procesamiento con prisión de Ana Carolina Torrens Miranda por un delito de homicidio especialmente agravado. La mujer contaba con un antecedente de similares características de noviembre de 1999, oportunidad en la que se le imputó el mismo delito.
24 DE AGOSTO
La previa a la noche de la “nostalgia” se veía empapada con un trágico hecho, que tuvo como protagonista a una joven de 27 años. Un arrebato perpetrado por dos menores infractores, uno de ellos conocido por quebrantar las leyes, derivó en que un ómnibus de recorrido urbano arrollara a Romina Mónica Severo Pérez, ocasionándole la muerte.
El llamado a la Policía indicaba que se trataba de un accidente en avenida Soriano casi Guayabos. Al llegar los efectivos se halló el cadáver de una mujer, que fue identificada en el lugar por su esposo. De inmediato, el hombre indicó que a su esposa le faltaba la cartera, por lo cual los efectivos pudieron determinar que había sufrido un arrebato que derivó en el trágico fallecimiento, lo que fue corroborado por dos testigos.
A dos días del episodio y gracias a un trabajo de inteligencia llevado a cabo por efectivos policiales, se logró vincular con el hecho al menor infractor apodado “el Maikol” y a su compinche, también menor, contra quienes se dispuso la apertura de un proceso infraccional por homicidio a título de dolo eventual. Además, la Justicia dispuso el procesamiento de la madre de “el Maikol” por el delito de “omisión de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad”.
21 DE NOVIEMBRE
El hallazgo del cadáver de una mujer en Camino a la Autobalsa desconcertaba a la Policía, que presumía que se trataba de un homicidio pero no lograba identificar a la víctima. Con el paso de las horas, las pericias efectuadas permitieron saber que se trataba de Victoria Morales Cerfoglio, de 36 años, quien había sido ejecutada a quemarropa con un tiro en la sien.
Las investigaciones permitieron acusar a dos sujetos poseedores de antecedentes penales, así como conocer el móvil del horrendo crimen. La Justicia dispuso el procesamiento con prisión por un delito de homicidio especialmente agravado de Mauricio Ramón Núñez Ayala, de 36 --quien mantenía una relación extramarital con la víctima-- y de Bruno Sebastián Correa Suárez, de 23, que había sido “contratado” por el mayor para dar muerte a la joven.
8 DE DICIEMBRE
La mañana del 8 de diciembre comenzaba con un triste cuadro en la zona portuaria: el comerciante Franklin Danilo Salvatierra Aguilera, de 65 años, fue asesinado salvajemente en el almacén que tenía en su casa, junto a la parroquia San Ramón. La víctima presentaba varias puñaladas en su cuerpo, un impacto de arma de fuego y había sido degollado.
Cuatro días después del asesinato el trabajo de la Policía permitió enviar a la cárcel a Marcelo Javier Lacuesta Correa, de 37 años, señalado como autor del homicidio, pero el 23 de diciembre quedó cerrado el caso y se pudo conocer el móvil del crimen.
La investigación practicada por la Seccional Segunda facultó la detención de M.R.S.R., de 28 --carente de antecedentes penales-- y de Julio César Martínez Martínez, de 47, quien en su pasado había sido autor de un homicidio. Ante la Justicia, los matadores narraron que habían dado muerte a Salvatierra Aguilera por un problema que habían mantenido en el pasado. De esta manera, se dispuso el procesamiento con prisión de los tres implicados por un delito de homicidio especialmente agravado en modalidad de rapiña en reiteración real.
19 DE DICIEMBRE
En la noche del 19, un nuevo caso de violencia doméstica azotaba al departamento, siendo el primer y único crimen del año ocurrido fuera de la ciudad. Narciso Calero, de 62 años, era asesinado a machetazos por su hijo, de 22, en un barrio de la zona sur de Guichón.
En lo sucedido tomó intervención personal de la Seccional 12ª, ante la cual se entregó el homicida confeso y dio los motivos que lo habían llevado a tal accionar. El muchacho, de iniciales R.C.B., manifestó haberle dado muerte a su progenitor cuando éste intentó abusar de su hermana de 12, además de indicar que el occiso ingería alcohol y ejercía violencia contra su esposa y sus ocho hijos, seis de los cuales perciben pensión por discapacidad. R.C.B. fue procesado por un delito de homicidio especialmente agravado en grado de parentesco.