Opinion | 08 Ene Mientras llegaban a San José los primeros camiones cisterna del Ejército para el consumo de los productores de pequeños establecimientos cuyos pozos se secaron, y desde el Partido Nacional se solicitaba al gobierno que declare la emergencia agropecuaria para todo el país, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, confirmó que si en quince días no llueve, se analiza la posibilidad de extender el estado de emergencia agropecuaria a otras zonas del país, sobre todo al sur del río Negro.
Desde esa zona del país se indicó que hay escasez de raciones, no hay disponibilidad de afrechillo, sólo alguna cáscara de soja y otros suplementos a muy alto precio, por lo que los productores realmente se encuentran en situación de alarma y ha caído muy mal entre los productores la manifestación de los delegados del Sistema Nacional de Emergencias, quienes han dicho que no estamos viviendo una sequía sino un déficit hídrico, lo que es un tecnicismo discutible para denominar un mismo problema.
El gobierno acusó recibo del reclamo y en los últimos días el ministro interino de Ganadería, Daniel Garín, realizó una gira por el Interior, que incluyó a Paysandú y otros departamentos del norte del río Negro. Entre otras medidas, agremiaciones como la Asociación Rural de Artigas solicitaron al jerarca suspender los pagos al BPS y la Contribución Rural o al menos tener facilidades para realizar los aportes ante el complejo panorama que afecta a los productores, incluyendo exoneraciones tributarias.
Este escenario y los consecuentes reclamos, son una constante en un país que depende eminentemente de las producciones primarias del agro, y donde la tecnificación, que va de la mano con las posibilidades de efectivamente incorporar elementos de prevención para situaciones como las que nos ocupan, ha sido muy limitada, porque consume recursos económicos que en muchos casos fuera del alcance de los pequeños productores y porque además hay carencias de infraestructura en institutos técnicos, elementos de diagnóstico y líneas especiales de crédito para amortización en plazo que augure un retorno efectivo de la inversión.
Estos parámetros también van de la mano, sin dudas, con una falta de conciencia de muchos productores respecto a la importancia de generar una cultura del agua, de acumular reservas para la disponibilidad del vital elemento en situaciones críticas, que no implica solo acumular --lo que requiere obras que no son precisamente baratas-- sino de infraestructura para su posterior explotación, tal como se da en el arroz, un cultivo que es inviable sin riego en nuestra región, por que éste es a la vez incorporado como un factor ineludible en la ecuación económica costo-beneficio.
Es más difícil por lo tanto extender este criterio a la pecuaria y otras explotaciones agrícolas, por cuanto la irregularidad del clima hace que a una sequía, a los pocos años y a veces en forma inmediata, siga una inundación y viceversa.
Ello plantea por lo tanto dicotomías que no son fáciles de resolver para un empresario del agro que atraviesa en este momento --por lo general-- un período de bonanza, y que por lo tanto, en base a sentido común, debería adoptar en lo posible acciones para evitar situaciones traumáticas cuando el clima le juega una mala pasada.
Ocurre que el comportamiento del clima en nuestro país es imprevisible y errático, al punto que --por ejemplo-- pueden pasar cinco o diez años sin que se dé una gran sequía o un gran exceso hídrico --generalmente ocurren períodos de déficit, como es el problema hasta ahora, pero sin llegar a extremos--, lo que plantea dudas al productor respecto a si realmente es rentable desde el punto de vista económico la inversión para atacar situaciones puntuales. También debe tenerse presente que para muchos resulta más cómodo pedir apoyo al gobierno de turno cuando el clima plantea adversidades de gran envergadura.
Ello reafirma la necesidad de acordar acciones coincidentes entre los actores, es decir productores, gobierno e institutos de apoyo, para realmente evaluar en todos sus alcances los elementos en juego, y sobre todo formular propuestas que apunten a atacar la problemática en sus manifestaciones y sus consecuencias, o sea mediante incorporación de infraestructura para el riego y el abastecimiento de agua, así como fondos para atender contingencias de los afectados a través de aportes de los propios interesados.
El desafío por lo tanto conlleva adoptar una estrategia integral de gestión de riesgos, previa identificación de oportunidades y vulnerabilidades; reducir incertidumbres, identificar tecnologías que reduzcan el riesgo y políticas que ayuden a diferir y/o mitigar el efecto de eventos desfavorables, solo para empezar a hacer algo serio al respecto.